Columna/De victimarios a víctimas

Fecha

Bogotá, 3 de septiembre de 2017

Autor

Por: Thania Vega de Plazas

Por: 

Thania Vega de Plazas

Senadora

 

Desde hace varios años en Colombia, los grupos terroristas han emprendido una guerra jurídica ante la imposibilidad de derrotar militarmente a nuestras Fuerzas Armadas, que finalmente son objeto de juicios amañados, falsos testigos y condenas por su defensa a la patria.

 

La guerra jurídica que es una estrategia del terrorismo para acabar con la moral de nuestros Militares y Policías, que destruye la vida de cientos de miles de héroes que caen víctimas de la infamia de procesos judiciales amañados con la participación de abogados, fiscales y jueces que trabajan  en nombre de la justicia con oscuros intereses.

 

La verdad histórica en Colombia, la están escribiendo con sangre los terroristas de las FARC, el ELN, EPL, M19 y demás actores que por años emprendieron una guerra en los estrados judiciales para en una vendetta sellar las cuentas.

 

Haremos en éste artículo una modesta relación de los casos emblemáticos judiciales en los que la guerra jurídica fue el arma más eficaz de los violentos para pasar de ser victimarios a víctimas.   

 

Uno de esos engaños al sistema jurídico colombiano e internacional, fue el propiciado por colectivos que representaron a las "víctimas" de la denominada masacre de Mapiripán, que lograron fraudulentamente ese reconocimiento para obtener del Estado colombiano multimillonarias sumas de dinero “por su gestión”.

 

Falsas víctimas y colectivos de abogados que no fueron objeto de responsabilidad penal, pese a la evidencia del ilícito cometido.

 

Que decir, de la responsabilidad que le cabe al Sistema Interamericano en su integridad por proferir una decisión que declaró una realidad absolutamente distinta a la ocurrida, castigando gravemente el erario público nacional y desdibujando la memoria histórica de los acontecimientos.

 

En una operación idéntica, tenemos que registrar lo que ocurrió en el caso del Palacio de Justicia; donde imperó una versión artificiosa de la realidad. Por obra y gracia de nefastas decisiones judiciales, se instaló en el imaginario público la responsabilidad del Estado y de los héroes que expusieron sus vidas para impedir el derrumbamiento de la institucionalidad.

 

Hoy luego de más de ocho años privado de la libertad y libre luego de haber demostrado su inocencia en el caso de los presuntos “desaparecidos” del Palacio de Justicia, mi esposo, el Coronel Alfonso Plazas Vega, logra la razón que siempre le asistió y argumentó en su defensa; “No hay tales desaparecidos”, solo se trató de un monumental montaje contra el Ejército, representado por el Coronel Plazas Vega y el General Jesús Armando Arias Cabrales.

 

Prueba de esto que digo, es la más reciente noticia sobre la aparición de otro de los “desaparecidos” del Palacio de Justicia, me refiero al señor Bernardo Beltrán, cuyos restos aparecieron en la tumba de uno de los magistrados auxiliares asesinados por el M19, ese fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985.

 

En medio de ese proceso amañado, quiero resaltar que ya se ha logrado identificar los restos de seis presuntos desaparecidos, que fueron localizados en tumbas equivocadas.

 

Pero una vez más en éste como en otros casos donde injustamente se responsabiliza a las Fuerzas Armadas de Colombia, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que movida por intereses de colectivos de abogados que arreglan la verdad a su conveniencia, ordena al Estado pedir perdón por hechos que no se corresponden con la realidad ocurrida.   

 

Otro caso para la vergüenza del sistema judicial, es la infamia cometida contra los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana que atendieron el ataque de las FARC en Santo Domingo – Arauca en 1998, donde la narcoguerrilla hizo un montaje para presentar a estos oficiales ante la justicia como victimarios.

 

En el caso Santo Domingo nuevamente está presente el negocio de los colectivos que por demandar al Estado con falsos testigos, pruebas y víctimas, logran cuantiosas sumas de dinero del erario público, pues la responsabilidad según procesos judiciales recae sobre los terroristas del frente décimo de las FARC al mando de alias Grannobles, como lo determinó el juez Único Penal del Circuito Especializado de Arauca en sentencia del 31 de enero de 2011, en la que condenó al guerrillero a 53 años y 17 meses por los delitos de rebelión, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y terrorismo.

 

Pruebas técnicas balísticas, demostraron que los orificios a un camión sobre la principal vía del caserío araucano, fueron causadas por un explosivo artesanal instalado en el vehículo y no por causa de la acción de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana.    

 

Nuevamente como en el caso de Mapiripán o el de Palacio de Justicia, una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional (Sentencia T-564/2016), ordena al Estado colombiano reconocer una responsabilidad, que solo es atribuible a los terroristas de las FARC.

 

El terrorismo arrodilló al Estado, no reparó a las víctimas y encarceló a los héroes de la patria; para poder hacer política y tomarse el poder con el auspicio de la justicia amañada y seguramente pagada; como quedó demostrado pasa en la Corte Suprema de Justicia.     

 

A la fecha existen 13 condenas proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano y ningún proceso favorable; lo que nos permite decir con alto grado de certeza que esto se convirtió en un fabuloso negocio para colectivos de abogados que encontraron en los Derechos Humanos de falsas víctimas una verdadera empresa criminal para defraudar al Estado.

 

(fin)