Columna/¿Dónde está el dinero del mar de coca?

Fecha

Bogotá, 4 de octubre de 2017

Autor

Por: María del Rosario Guerra

Por: 

María del Rosario Guerra 

Senadora y Precandidata Presidencial

 @charoguerra


 

Bogotá, 4 de octubre de 2017

 

El país aún no logra salir de su asombro por las cifras de cultivos ilícitos que confirman lo que temíamos: estamos nadando en coca. No es para menos, según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Colombia cerró el 2016 con 188.000 hectáreas sembradas con arbusto de coca; no tan alejado, el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que reporta 146.000 hectáreas. Las dos cifras han prendido las alarmas de las autoridades en los Estados Unidos, pues estiman que ese incremento representa unas 710 toneladas métricas de cocaína, y no en vano el presidente Trump ha amenazado con descertificar a nuestro país, situación que no se presentaba desde 1998 bajo el gobierno Samper. 

 

Ese incremento de cultivos ilícitos no es otra cosa que el resultado de la permisividad del Gobierno de Juan Manuel Santos, quien por satisfacer a las Farc en la mesa de negociación de La Habana no dudó un segundo en detener la erradicación aérea y manual. 

 

Pero el problema va más allá. No se trata simplemente de una cifra histórica de cultivos ilícitos; por ejemplo, hay que analizar ¿en dónde están quedando los dineros del narcotráfico? Para responder a esta pregunta, hace pocos días pregunté a la Superintendencia Financiera ¿cuál ha sido el comportamiento de los Certificados de Depósito a Término fijo, en los últimos cinco años, en los departamentos del Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Caquetá?, hoy los mayores productores de coca. 

 

¡Sorpresa! Para citar solo dos ejemplos. Las captaciones en el departamento del Cauca pasaron de $229 mil millones en el primer semestre de 2012 a $1.2 billones en el mismo período de 2017, lo que significa que aumentaron 6 veces en solo 5 años; mientras que en Nariño, los CDT aumentaron el 45% desde el primer trimestre de 2012 al mismo periodo de 2017, pasando de $357 mil millones a $795 mil millones.

 

Ahí es donde surge otra pregunta: ¿qué negocio o qué empresa lícita es tan rentable para generar esos flujos de dinero en una región tan afectada por la violencia y la ilegalidad? No nos engañemos, el narcotráfico es el único capaz de mover esas cantidades de dinero y de poner en riesgo a nuestro país al crear una economía ficticia, y deteriorar la base productiva legal en zonas rurales.

 

Ante ese grave riesgo, que se suma a que Colombia ya no es solo un país productor sino que ahora tiene un 1,5 millones de consumidores de drogas adictivas (cifra DNP), la única salida que nos queda es la autoridad, volver a la erradicación manual y aérea obligatoria, hasta acabar con los cultivos ilícitos; al tiempo se deben implementar alternativas para que los campesinos puedan tener trabajo digno y bien remunerado. Mientras el campo no sea rentable y la agricultura no sea productiva, ningún gobierno podrá acabar con el narcotráfico.

 

Es necesario promover la asociatividad y las alianzas productivas empresariales de largo plazo, alrededor de actividades agropecuarias que generen ingreso en el corto plazo. La palma, el cacao, la acuicultura y el turismo son buenas oportunidades. Las Familias Guardabosques tienen que reactivarse para llegar a 100.000 y aplicar subsidios monetarios con duración limitada en el tiempo y condicionados por hectáreas de coca erradicada, con vigilancia satelital.

 

En las zonas de sustitución de cultivos ilícitos se debe dar prioridad a la construcción, mantenimiento y reparación de vías terciarias, y la población de estas zonas debe recibir capacitación técnica con el SENA; se debe reforzar la presencia de la institucionalidad del Estado, con jueces, notarías, casas de justicia, y asegurar una estrategia de comercialización a través de cadenas productivas.

 

Solo así, atacando con determinación todos los eslabones de la cadena del narcotráfico será posible combatirlo y evitar esos grandes riesgos que hoy representa para nuestros jóvenes, nuestra economía y la democracia.

 

Nota. Hay que penalizar la dosis mínima. El jíbaro debe ir a la cárcel y al adicto el Estado le debe garantizar atención en salud, por eso es importante la creación de centros de desintoxicación.

(Fin)