Constancia/ Discrepancias en Riosucio son una problemática social de insospechadas repercusiones: Carlos Felipe Mejía

Bogotá, 2 de junio de 2015 (CD). El siguiente es el texto de la constancia radicada por el Senador Carlos Felipe Mejía durante la sesión plenaria, en donde reitera el llamado al Gobierno para que atienda con urgencia las discrepancias sociales que se registran en el municipio de Riosucio, Caldas.

Introducción

“Anunciarle al país que mañana tendremos el debate sobre la problemática de la caficultura colombiana y también sobre el informe de la Misión Cafetera; allí tendremos citados al Ministro de Agricultura, al jefe de la Misión Cafetera, al gerente encargado de la Federación Nacional de Cafeteros, a miembros de la Federación Nacional de Cafeteros y de dignidades cafeteras, para que empecemos a darle discusión a esta gravísima problemática que enfrentan los cafeteros del país.

Ha pasado el café de 80 mil pesos la arroba en enero a 60 mil hoy y no reacciona el Gobierno Nacional con reactivar el precio de sustentación y hacer uso de esos 800 mil millones de pesos que sobraron el año pasado del PIC cafetero (Programa de Ingreso Cafetero).

Además revisar todas las dificultades de la caficultura colombiana, que es la obligación de este Congreso de la República.

Esta curul le pertenece a un millón de caldenses y desde aquí le seguiremos reclamando al Gobierno de Juan Manuel Santos que les cumpla a los caldenses con el proyecto del Aeropuerto del Café, promesa de su campaña reeleccionista, hoy ni siquiera aparece en el Plan de Desarrollo, aparece un proyecto visionario de un aeropuerto estratégico para el Eje Cafetero.

Señor presidente, volví este fin de semana al municipio de Riosucio y al occidente de mi departamento, es por ello que quiero dejar constancia, porque este tema estas dificultades de Riosucio y el enfrentamiento que se puede dar entre la comunidad, de no reaccionar el Gobierno prontamente como lo dijimos hace unos meses, pues como no se ha dado solución quiero dejar constancia nuevamente sobre esa problemática.

Riosucio, Caldas:

La Sentencia T-601 de 2.011, producto de una tutela para dirimir un conflicto de competencias entre las Juntas de Acción Comunal y los cabildos indígenas de Riosucio Caldas y otros municipios circunvecinos, reiteró que constitucionalmente es un deber estatal el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, correspondiéndole garantizar la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país.

Estableció esta Sentencia que en relación con las Juntas de Acción Comunal en el contexto de los territorios indígenas procede su conformación siempre y cuando sea garantizado el proceso de consulta previa. Exige además que en el proceso de consulta previa y búsqueda del consentimiento, el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, así como la participación de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, prevista en el decreto 1397 de 1996 y también el apoyo de organismos internacionales.

Anteriormente hice un llamado de atención al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, para que lo más pronto posible se asuma esta responsabilidad, para lo cual el ejecutivo no debe dilatar más la consulta previa, ya que con el tiempo serán cada vez mayores las discrepancias sociales que como en el caso del municipio de Riosucio en el departamento de Caldas, se está tornando en una problemática de carácter social de insospechadas repercusiones por la magnitud de las diferencias en todo terreno, que hoy tienen enfrentados a amplios y representativos sectores de la población de este importante municipio caldense.

Se han adelantado diálogos a instancias del Ministerio del Interior, gracias a la insistencia de los pobladores y las juntas de acción comunal, pero ha sido hasta ahora imposible que se concrete la Mesa de Concertación que defina los mecanismos para la consulta previa, que permita a la población mestiza y a los mismos indígenas pertenecientes a estas Juntas, tener el derecho a existir, a la libre asociación y a sentirse representados.

La comunidad de Riosucio clama por ser escuchada en todas las instancias nacionales gubernamentales, con el fin de poder sustentar argumentos sobre el tema de territorio, los cuales se fundamentan en la historia, la geografía, los censos oficiales, la cultura y el desarrollo económico de los pobladores de todas las razas en las diversas actividades productivas y artesanales a lo largo de la existencia de este municipio.

He solicitado a la Procuraduría General de la Nación en forma personal y mediante derecho de petición, que lidere junto con la Defensoría del Pueblo, concretar con todas las instancias nacionales y regionales de una vez por todas, que se realice la Mesa de Concertación y la correspondiente consulta previa, para que más tarde no tengamos que lamentar las impredecibles consecuencias de un conflicto social, el cual puede evitarse dando cumplimiento integral a la Sentencia T-601 de la Corte Constitucional.

(FIN)