Constancia/ El mal ejemplo de Juan Manuel Santos: Representante Álvaro Hernán Prada

Bogotá, 8 de abril de 2015 (CD). Texto de la constancia radicada por el Representante Álvaro Hernán Prada durante la sesión plenaria de Cámara.

"El derecho de petición tal como se encuentra contemplado en la Constitución Política de Colombia, es un derecho fundamental en el que toda persona puede presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Cabe mencionar que por regla general las autoridades tienen como plazo máximo, quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, diez (10) días para contestar peticiones de información y treinta (30) días para contestar consultas. Dentro de las obligaciones de quien contesta está brindar una respuesta adecuada a la solicitud planteada y es necesario que sea efectiva para la definición del caso concreto y dentro de los términos que la ley dispone para su contestación.

La respuesta tardía o la conducta de abstenerse a responder la petición, es motivo de sanción disciplinaria, debido a que es considerada causal de mala conducta a los servidores públicos que sin razones válidas incumplen los términos para resolverlas o contestarlas.

El Procurador General de la Nación cumpliendo su función como jefe del Ministerio Público y en pro de la búsqueda de un mejoramiento y enriquecimiento del proceso de paz que se celebra en La Habana (Cuba), ha emitido desde el 13 de marzo del presente año un cuestionario de 45 preguntas al Presidente de la República en tres contextos 1. Frente a los derechos de las víctimas, 2. Frente al estado de derecho y las obligaciones internacionales del estado y 3. Frente a aspectos Institucionales. En vista del silencio y ataques por parte de Juan Manuel Santos al Procurador General, que se basan en afirmar que son críticas con intereses políticos y ataques mentirosos al proceso de paz, el doctor Alejandro Ordoñez sacó a la luz pública dicho documento.

No entiendo por qué el Presidente de la República ha incumplido con los términos en los que se debe responder el derecho de petición, y aparte ve con malos ojos los valiosos aportes, críticas constructivas e interrogantes que surgen alrededor de la negociación, ya que él mismo ha hecho un llamado a que todos los sectores para que se involucren al proceso de paz y así fortalecer esta negociación.

Dentro de las funciones propias del Procurador General de la Nación como jefe del Ministerio Público, está velar por la protección del interés público, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 118 y posteriormente en el artículo 277 delega entre otras funciones al Procurador General de la Nación para defender los intereses de la sociedad e intervenir ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico.

Las preguntas formuladas por el señor Procurador son muy importantes y objetivas, debido a que hacen referencia a los siguientes puntos:

I. Derechos de las víctimas

1. ¿Se compromete el Gobierno Nacional a que las FARC esclarezcan la suerte de los al menos 2.760 desparecidos, presuntamente de su responsabilidad, como requisito para acceder a las penas y sanciones alternativas propias de la justicia transicional?

2. ¿Exigirá el Gobierno Nacional a las FARC para la firma del Acuerdo que reconozcan su calidad de organización victimaria?

3. ¿Se compromete el Gobierno Nacional a que en el Acuerdo con las FARC ese grupo se obligue a entregar toda la riqueza ilícita acumulada por décadas para reparar a las víctimas, incluidos los fondos e inversiones en el extranjero?

4. ¿Garantizará el Gobierno Nacional que en el Acuerdo las FARC se obligarán a entregar las miles de hectáreas que han acumulado? La Superintendencia de Notariado y Registro encontró que un solo predio de las FARC tiene 290.000 hectáreas. ¿Cómo se asegurará que la distribución de esas tierras no se haga a los miembros de las FARC ¿O admite el Gobierno que tales tierras se entregarían a desmovilizados y a sus familias?

5. ¿Cómo asegurará el Gobierno Nacional que las comisiones que se vienen creando en la mesa de conversaciones sean imparciales, equilibradas y sin sesgos ideológicos? ¿Se compromete el Gobierno a que las próximas comisiones, si se crean, como el caso de la llamada Comisión de Esclarecimiento solicitada por las FARC, tendrá una composición genuinamente plural para que sus aportes sean legítimos?

6. ¿Acepta el Gobierno Nacional la conclusión de las FARC de que la responsabilidad del conflicto es del Estado, conforme a los informes de los “expertos” de la Comisión Histórica del Conflicto y de sus Víctimas?

7. ¿Para el Gobierno Nacional el informe de la Comisión de Histórica del Conflicto y sus Víctimas debe servir para ilustrar o determinar el trabajo que en el futuro haga la Comisión de la Verdad, que se establezca a través de una ley estatutaria?

8. ¿Se compromete el Gobierno Nacional a que con el fin de firmar un Acuerdo con las FARC no se negocie un “relato” compartido que defina la “naturaleza del conflicto”, las causas y responsabilidades en el mismo, con pretensiones de verdad, en detrimento de la verdad real, la judicial y la de las víctimas? ¿Está de acuerdo el Gobierno con la narrativa que apunta a que en el país todos somos culpables de la violencia y las atrocidades perpetradas en el marco del conflicto armado?

9. Frente a las garantías de no repetición. ¿Para el Gobierno Nacional “dejación de armas” significa “desarme total” o qué contenido le da a esa expresión? ¿Qué significado le da a la expresión “silenciar los fusiles” que han utilizado simultáneamente voceros gubernamentales y miembros de las FARC en La Habana?

10. ¿Admitirá el Gobierno Nacional que el desarme sea un “proceso” largo o considera que debe ser inmediato a la firma del Acuerdo con las FARC y previo a la refrendación del mismo?

11. Respecto a la desmovilización de las FARC. ¿El Gobierno Nacional incluye las estructuras de milicias o las llamadas redes de apoyo al terrorismo, los integrantes del PC3, los miembros del movimiento bolivariano por una nueva Colombia, las estructuras de trabajo de masas y el entramado construido por la organización en el marco de la combinación de todas las formas de lucha? ¿O sólo los encuadrillados en guerrillas?

12. ¿El Gobierno admitirá que la desmovilización sea un “proceso” largo o considera que debe ser inmediata a la firma del Acuerdo con las FARC y previa a la refrendación del mismo?

13. ¿Para el Gobierno Nacional “desmovilizar” y “dejación de armas” es desarticulación de las FARC como aparato armado y violento? ¿O, como lo señaló Jesús Santrich, se avalará que después de la firma de un Acuerdo las FARC mantengan la “cohesión en el ámbito territorial y social”, esto es, que no se desarticulen?

14. ¿Cómo hará el gobierno para evitar que la suspensión de los bombardeos contra las FARC termine por beneficiar al ELN y a las Bacrim. En ciertas zonas del territorio nacional tales grupos actúan coordinadamente y en algunos casos desarrollan actividades criminales concretas de forma conjunta.

15. ¿Cuándo las FARC se muevan con miembros del ELN o de Bacrim estos últimos tendrán blindaje ante los bombardeos y se beneficiarán con la orden dada por el presidente? ¿O en esos casos la Fuerza Pública podrá bombardearlos?

16. ¿Por qué el Gobierno Nacional exige en rueda de prensa únicamente al ELN y las Bacrim que no sigan instalando minas, pero no hace lo mismo con las FARC? El Acuerdo sobre desminado suscrito con ese grupo no lo compromete a que de forma absoluta, en todo el territorio nacional, no siga instalando minas antipersonales, ni empleando artefactos explosivos improvisados.

17. ¿Por qué en el reciente Acuerdo no se compromete a que miembros de las FARC sean quienes directamente hagan el desminado, bajo el monitoreo de las Fuerzas Militares? ¿Por qué se prefirió exponer a los soldados en esa tarea?

II. Frente al Estado de Derecho y las obligaciones internacionales del Estado

18. El Gobierno Nacional ha señalado que el proceso de paz se adelanta en el marco del ordenamiento jurídico. ¿Va a acatar el gobierno las sentencias de la Corte Constitucional que fijan límites al marco jurídico para la paz o cree que éstos se deben o pueden negociar con las FARC?

19. En particular, ¿respetará el Gobierno Nacional el límite impuesto por la Corte Constitucional al prohibir que se suspenda totalmente la ejecución de la pena respecto a máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio?

20. ¿Respetará el Gobierno Nacional los límites fijados por la Corte Constitucional frente a la conexidad con el delito político? ¿Cree el Gobierno que los delitos atroces, las graves violaciones a los derechos humanos, el secuestro, la desaparición y los crímenes de guerra son conexos con la rebelión? ¿O la propuesta del Gobierno de “rediscutir” las sentencias busca remover esos límites?

21. ¿Considera el Gobierno Nacional que las conductas vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos pueden ser delitos conexos con el delito político?

22. ¿ Está de acuerdo el Gobierno Nacional en que al calificar las conductas relacionadas con el narcotráfico, cuando sean realizadas por las FARC, como delitos conexos con la rebelión se aplicaría la prohibición de extradición por delitos políticos, consagrada en el artículo 35 de la Constitución?

23. ¿Respeta el Gobierno Nacional los criterios expresados por la fiscal ante la Corte Penal Internacional frente a la necesidad de que exista proporcionalidad entre la gravedad del crimen cometido y la pena a cumplir?

24. Específicamente, ¿se compromete el Gobierno a que existan penas de cárcel efectivas para los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos? ¿O considera el Gobierno que los responsables de esos crímenes atroces pueden ser sancionados solo con trabajo social y pedidas de excusas públicas?

25. ¿Habrá pena de cárcel efectiva para alias ‘El Paisa’ por el atentado terrorista contra el Club El Nogal? ¿Habrá pena de cárcel efectiva para alias Pablo Catatumbo por la masacre de los 11 diputados del Valle del Cauca? ¿Habrá pena de cárcel efectiva para los integrantes del Secretariado de las FARC por el asesinato de 119 personas en Bojayá, para no hablar de los al menos 2.760 desaparecidos por ese grupo, el reclutamiento de miles de niños y la práctica de aborto forzado en sus filas?

26. ¿Finalmente, acogerá el Gobierno Nacional la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de que las leyes estatutarias que desarrollen el Marco Jurídico para la Paz se adecuen a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, entre ellas a que se investiguen y sancionen efectivamente las graves violaciones a los Derechos Humanos, independiente de que estas tengan la connotación de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio?

27. ¿Exigirá el Gobierno Nacional para firmar un Acuerdo que las FARC entreguen rutas e información sobre sus socios, dentro y fuera del país, en el negocio ilícito de tráfico de cocaína?

28. ¿Está dispuesto el Gobierno Nacional a acordar con las FARC mecanismos que pretendan blindarlos ante las solicitudes de extradición a los Estados Unidos que están vigentes y las solicitudes futuras? ¿Cuáles son esos mecanismos, en concepto del Gobierno?

III. Frente a aspectos institucionales

29. ¿Cómo desmontará el Gobierno los mecanismos de control social y territorial que mantienen las FARC en algunas regiones, distintos a la presencia armada?

30. ¿Cómo se asegurará de que, en virtud del principio de “participación ciudadana”, que aparece en los Acuerdos, las organizaciones comunitarias creadas por las FARC como mecanismos de control social, político y territorial no se conviertan en los aparatos que ejecuten los programas gubernamentales en esas zonas, entre ellos los relacionados con la tierra? ¿O el Gobierno está de acuerdo en que así suceda?

31. ¿Cómo se va a garantizar el derecho de los ciudadanos que viven en territorios que coincidan con las circunscripciones transitorias de paz a escoger libremente partidos políticos o a ser candidatos en esas circunscripciones? ¿Cómo se evitará que los aparatos creados por las FARC en esos territorios se apropien de esas circunscripciones?

32. ¿El modelo de seguridad o los acuerdos en materia de seguridad que se adopten con las FARC incluyen legalizar “Guardias Campesinas” como la de El Catatumbo, bajo la figura de “policía rural” o cualquier otra figura jurídica?

33. ¿Cuál es la posición del Gobierno Nacional con relación a que miembros desmovilizados de las FARC hagan parte de organismos responsables de la seguridad en los territorios más afectados por el conflicto armado y donde precisamente ese grupo ha tenido presencia?

34. En concepto del Gobierno Nacional, ¿una vez firmado el Acuerdo con las FARC el Ejército Nacional se dedicará exclusivamente al cuidado de las fronteras?

35. ¿Considera el Gobierno Nacional que el trato diferenciado que conforme al Marco Jurídico para la Paz se dará a los miembros de la fuerza pública debe ser más, igual o menos severo en materia de penas que el que se aplique a los integrantes de las FARC? ¿Cuándo los homicidios en persona protegida fueron ejecutados por miembros de las FARC estarían comprendidos en el ámbito de la justicia transicional que se les aplicará?

36. ¿Qué garantías considera el Gobierno Nacional se deben otorgar a los miembros de la fuerza pública injustamente procesados penalmente por delitos que no han cometido y que no cabrían en el marco de justicia transicional, que exige aceptar la comisión precisamente de esos delitos? ¿Se les aplicaría el Código Penal ordinario mientras a quienes sí han perpetrado crímenes atroces se les otorgarían penas alternativas?

37. ¿El Gobierno Nacional considera que los homicidios en persona protegida, conocidos periodísticamente como “falsos positivos” perpetrados por integrantes de la fuerza pública deben hacer parte de la justicia transicional?

38. Las FARC condicionaron lo que denominan cese unilateral de hostilidades a no ser atacados por la fuerza pública. El Gobierno Nacional ha dicho que las FARC están cumpliendo ese cese. ¿Se mantienen al mismo ritmo las operaciones militares y los operativos de policía en contra de estructuras de las FARC o disminuyó su intensidad?

39. ¿Sostendrá el Gobierno Nacional su decisión inicial de acceder a un cese bilateral únicamente como consecuencia de la firma de un Acuerdo de Terminación del Conflicto? ¿O considera que antes se podría hacer un cese bilateral? En ese caso, ¿qué garantías considera el Gobierno deben existir para evitar que se trata de una maniobra de las FARC en procura de su fortalecimiento militar?

40. Sobre refrendación. ¿El Gobierno Nacional está comprometido con que sean los ciudadanos, mediante voto directo, quienes participen en el mecanismo de refrendación de los Acuerdos con las FARC o considera que no es necesario?

41. ¿Para aplicar el mecanismo de refrendación el Gobierno Nacional exigirá la previa desmovilización total y el desarme absoluto o considera que se puede llevar a cabo con las FARC armadas y sin desmovilizarse?

42. ¿Respetará el Gobierno la sentencia de la Corte Constitucional que ordena que el referendo sólo podrá ser aplicado en caso de que haya dejación de armas y desmovilización, en las condiciones señaladas en el Marco Jurídico para la Paz?

43. ¿Mantendrá el Gobierno Nacional la decisión de adelantar conversaciones indefinidas con las FARC para firmar un Acuerdo? ¿O considera que debe haber una fecha límite?

44. ¿Qué garantías exigirá el Gobierno Nacional para impedir el proselitismo armado de las FARC para las elecciones de octubre de 2015?

45. ¿Por qué el Gobierno Nacional insiste en dividir artificialmente a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz?”.

Resulta extraña la molestia del señor Presidente Juan Manuel Santos, cuando el Procurador Alejandro Ordóñez expresa su preocupación frente al proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, toda vez que el jefe del Ministerio Público está cumpliendo una de sus obligaciones constitucionales al custodiar la protección y guarda del interés público, señalando en repetidas ocasiones los riesgos y consecuencias que pueden surgir de este proceso, lo cual no lo hace un enemigo de la paz, sino un guardián del interés público. Además durante el discurso de posesión del Procurador General de la Nación que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, se dirigió al Presidente de la República manifestando su fiel compromiso de hacer seguimiento al proceso de paz en La Habana, en los siguientes términos: “Presidente, estaré muy vigilante de los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Como todos los colombianos anhelamos la paz, tenemos esperanzas en este proceso, pero a esta no se puede llegar a cualquier precio. Ni las víctimas, ni nuestra institucionalidad podrán sacrificarse so pretexto de ella, no sería una paz duradera, ni sostenible”[1] .

Es aún más preocupante el mal ejemplo del Presidente de la República en el caso de Timochenko, quien ha viajado a La Habana en varias ocasiones teniendo en su contra una circular roja de la Interpol. En su momento el procurador Alejandro Ordóñez dijo que “si el gobierno nacional sabe de la presencia de Timochenko en Cuba, debe pedir su extradición pues tiene condenas y procesos en Colombia”[2], a lo que el Presidente Santos no hizo nada.

El Gobierno ha incurrido en una falta al omitir las obligaciones adquiridas con la comisión de seguimiento y aplicación de la Ley 418 de 1996, donde establece en su artículo 7 inciso segundo, presentar informes donde se muestre articuladamente mediante indicadores, el cumplimiento de los propósitos generales y específicos contenidos en dicha ley, dentro de los primeros diez (10) días de cada período legislativo. A pesar de haber sido solicitados por el Procurador al Presidente de la República mediante un oficio en Octubre de 2014, el Gobierno aún no ha hecho llegar los informes a la Procuraduría, ni a las Comisiones.

Hago un llamado al Señor Presidente para que cumpla su obligación de responder a los cuestionarios realizados por el Procurador General y no continúe incurriendo en causal de mala conducta al abstenerse de responder en forma adecuada a la solicitud realizada y dentro de los términos que establece la Ley. Los funcionarios públicos debemos cumplir con las obligaciones adquiridas, y el modelo de conducta que está dando de cara a sus electores y a la opinión pública, deja entrever su mal ejemplo, al no responder efectiva y oportunamente a los interrogantes realizados por la Procuraduría General de la Nación.

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[1] Discurso procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. 15 de enero de 2013, Casa de Nariño, 12: 30pm

[2] http://www.semana.com/nacion/articulo/la-sombra-de-timochenko-en-la-habana/405715-3

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