Constancia/ No se deben rebajar penas para violadores de niños y niñas: María Regina Zuluaga

Bogotá, 27 de mayo de 2015 (CD). La siguiente es la constancia radicada por la Representante María Regina Zuluaga durante la sesión plenaria, mediante la cual expresa su preocupación por que se registre una reducción de penas a los violadores de menores de edad.

"En mi calidad de Congresista por el departamento de Antioquia y en representación del Partido Centro Democrático, expreso en este recinto congresional mis preocupaciones por las  INCONGRUENCIAS DE LA POLITICA CRIMINAL EN COLOMBIA “Proyecto de ley que ofrecería rebaja de penas a personas acusadas de abusar sexualmente de menores de edad si colaboran con la justicia”.

Al observar la política criminal concebida por el actual Gobierno, concluimos que no existe cumplimiento al mandato Constitucional de 1991, en su artículo 113 “…Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Nótese entonces como se desarticula en nuestro Estado la Fiscalía General de la Nación, al presentar un proyecto de ley de rebaja de penas a personas acusadas de abusar sexualmente de menores de edad si colaboran con la justicia con lo que se beneficiaría ostensiblemente los procesados por delitos contra los niños y niñas, lo que denota la no aplicación del artículo enunciado anteriormente, donde se debe analizar con las diferentes ramas del poder público las consecuencias de la posible aprobación de un proyecto de ley en tal sentido; teniendo de presente como nuestra niñez se está viendo utilizada de manera fragrante en el conflicto interno Colombiano,  al ser reclutados por las BACRIN y las demás organizaciones al margen de la ley, en los que son utilizados para la comisión de conductas punibles de diversos tipos y ser abusados por parte de los mayores de edad pertenecientes a todas estas estructuras criminales.

En este sentido,  se requiere la armonía entre las ramas del poder público para trabajar en conjunto y diseñar una verdadero política criminal,  que no busque la excarcelación de los delincuentes mediante rebaja de penas como una posible salida a la realidad Colombiana; sino como evitar que sean utilizados por estos grupos delincuenciales, para lograr sus fines delictivos y así lograr la consolidación de la seguridad y convivencia ciudadana.

Cuando el maestro LUIGI FERRAJOLI en sus obras de Derecho Penal nos habla de que la pena no debe ser en exceso, sino que lo que busca es la resocialización del infractor penal, lo enfoca en un estado donde la Política Criminal priorice fundamentalmente la resocialización del infractor, para poder integrarlo nuevamente en la vida en sociedad.

Cómo pensar en nuestro Estado donde ya hemos debatido a más no poder, los verdaderos fines de la pena, de conformidad con el Código Penal Colombiano, que concibe: “De las normas rectoras Art. 4. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado”

La pregunta que se formularía un estudiante de derecho o un abogado (dado el tecnicismo jurídico de este artículo que requiere un conocimiento básico del derecho penal), es sí en realidad se cumple con los fines enunciados anteriormente, en especial la reinserción social; lo que si cumple la pena es neutralizar al infractor para que no continúe  en su actividad delictiva.

Es por lo anterior,  que nos permite pensar a futuro que las personas privadas de la libertad en centros de reclusión de nuestro país por delitos contra nuestros niños y niñas,  se resocialicen y no vuelvan a atentar contra el futuro de nuestro país.

Ejemplos de esta cruenta realidad social son muchos los que podríamos documentar, como las organizaciones criminales especializadas en producción de asesinos o grupos sicaríales, dada la descomposición en la que se encuentran (casos como el asesino de los andes, Garavito, el padre que en el mes de marzo asesina a su hija menor de edad y a su suegra en el municipio de Caldas Antioquia, quien se encontraba privado de la libertad para la fecha de los hechos y se fuga para la comisión de este hecho punible, ya estando condenado por otro homicidio) y abusadores de menores en los que podemos enunciar los citados por varios colegas de estas corporaciones.

Debe ser preocupación de esta célula legislativa contribuir de manera responsable con la vigilancia de estas políticas públicas de la criminalidad y su prevención, y la de aportar a través de normas claras, precisas y drásticas, para que los delincuentes sepan de una vez a qué atenerse, en caso del desconocimiento del ordenamiento legal, y para estos casos en particular, de la violación de la integridad y honra y de los derechos de los niños y niñas del país".