“Hacinamiento carcelario: posible reflejo de impunidad”, denuncia senador Jaime Amín

Bogotá, 9 de junio de 2015 (CD). El senador Jaime Amín presentó una constancia este martes ante la sesión plenaria, en la que hace una radiografía de la grave situación de hacinamiento que se vive en el país:

“Es preocupante saber que el hacinamiento del Sistema Penitenciario de Colombia, supera en la actualidad el 50% de su capacidad, lo cual se traduce en que la capacidad carcelaria es aproximadamente de 76 mil cupos, pero en las cárceles hoy en día se encuentran recluidos alrededor de 115 mil presos; por otra parte la misma Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) advierte que lamentablemente el 88% de la infraestructura penitenciaria resulta ineficiente de acuerdo a los estándares requeridos especialmente por ‘vetustez’.

Entre 2004 y 2010, se llevó a cabo el Plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria, plasmado en los documentos Conpes 3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2010 que tuvo un costo aproximado de $1.5 billones a precios constantes de 2010 y creó 22.703 nuevos cupos carcelarios, bajo las directrices de un ‘Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura’ que, a partir del diseño de estándares de operación por tipo de establecimiento, fije una política de largo plazo orientada a reducir el número de establecimientos para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos de funcionamiento y de personal del Sistema Penitenciario y Carcelario.

Sin embargo, y pese a la inversión realizada, el problema de hacinamiento continúa y tampoco se ha adecuado la infraestructura carcelaria a las necesidades del Sistema Penitenciario de Colombia.

Para los períodos comprendidos entre 2011 – 2014 las cifras aumentaron dramáticamente, es preocupante ver los resultados de la gestión en los últimos años que a pesar del gasto realizado en el sector durante el pasado cuatrienio, entre septiembre de 2010 y marzo de 2015 no se construyó ningún recinto carcelario nuevo. Se entiende que con 1,4 billones entre 2004 y 2010 se abrieron más de 22 mil nuevos cupos, mientras entre 2011 y 2014 con 457 mil millones se han abierto unos 1.500 cupos la mayoría reacondicionados.

De hecho la ejecución de la inversión en el sistema penitenciario y carcelario, medida en obligaciones, fue en 2012 de 15,9% y en 2013 de 52,9%. Adicionalmente, entre 2012 y 2014 los recursos de inversión que no se ejecutaron llegaron a más de $105 mil millones (pesos de 2014), recursos que hubieran permitido construir cerca de 1.400 cupos nuevos.

El reciente Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, plantea la necesidad de incrementar la capacidad carcelaria en Colombia, lo cual significaría pasar de 76.066 cupos en 2013 a 93.610 en 2018, lo cual impactaría en la generación de 17.544 cupos nuevos. Lamentablemente, el PND de reciente presentación, no menciona ninguna acción concreta para mejorar la infraestructura carcelaria existente. Incluso, no se menciona el Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura, contemplado en el anterior PND, aunque sostiene que los nuevos cupos deben propender por la efectiva resocialización de las personas privadas de la libertad, y que además consagre la posibilidad de hacer esquemas Alternativos de desarrollo de la infraestructura, que vinculen la capacidad innovadora del sector privado; el propósito, es reducir el hacinamiento al 45.8% en el 2018.

La reducción al 45.8% para el año 2018, es una cifra poco factible y precipitada, pues es necesario tener en cuenta factores externos como el comportamiento del crecimiento poblacional carcelario, lo que corresponde a una realidad respecto del proceso de paz que se está llevando a cabo con el grupo terrorista de las FARC, y que si bien es cierto que ese grupo se acogerá a un sistema de justicia transicional, la población carcelaria aumentaría, haciendo de la situación actual una peor, y que el gobierno Colombiano no está listo para asumir la carga administrativa, pues como se advirtió previamente en el período comprendido entre 2010 y 2015 no se ha construido un solo centro de reclusión en el territorio nacional.

Lamentablemente lo anterior nos permite pensar que no se concibe a la alternatividad penal como una importante herramienta, sino como la única disposición en materia de política criminal para solucionar los problemas del Sistema Penitenciario y Carcelario, lo cual aumentaría considerablemente los índices de impunidad, enviando de esta forma un mensaje errado a la sociedad, y arrojando un resultado nefasto en términos de administración de justicia”.

(Fin)