Manifiesto del 2 de octubre de 2017 - A un año de la Victoria del NO y del robo de Plebiscito

Fecha

Bogotá, 2 de octubre de 2017

Autor

Prensa Centro Democrático

Manifiesto del 2 de octubre de 2017

A un año de la Victoria del NO y del robo de Plebiscito

 

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

 

¡Estamos aquí para que nunca más nos vuelvan a robar!

 

¡Nunca más deberá repetirse el robo al voto ciudadano!

 

¡Nunca más un gobierno y un grupo criminal someterá la Constitución y se burlarán de la voluntad popular!

 

Hace un año las Farc y el Gobierno Santos pretendieron usar a los ciudadanos para legitimar un golpe a la Constitución, convocando un plebiscito.

 

¡Los colombianos, mayoritariamente, le dijeron NO en las urnas y NO es NO!

 

Sin embargo, perpetraron un golpe de Estado imponiendo un Acuerdo que había sido rechazado por el pueblo.

 

Jamás había sucedido eso en Colombia, una democracia respetada y apreciada en el concierto de las naciones.

 

Rompieron las instituciones en nombre de la paz; corrompieron la justicia en nombre de la paz; utilizaron a las víctimas y el anhelo de convivencia de los ciudadanos para imponer un pacto de élites, la élite criminal de las Farc y la élite que representa Juan Manuel Santos.

 

Hoy, 2 de octubre de 2017 nos reunimos, en varias ciudades del país, para recordar que la Coalición del No, integrada por ciudadanos y varias fuerzas políticas, religiosas y sociales, vencimos a pesar de todas las adversidades.

 

¡Enfrentamos todas las desventajas en la campaña del plebiscito!

 

El Gobierno violó todas las restricciones que el ordenamiento jurídico le imponía y las Farc hizo proselitismo con armas, intimidando, amenazando y coaccionando a los colombianos. ¡Hasta el Presidente de la República amenazó con terrorismo en las ciudades!

 

¡Hicieron todas las trampas!

 

Redujeron mañosamente el umbral del 50% de participación que establecía la ley, a un 13%; la campaña del Sí se financió con dinero público, el mismo que se le negó a la del No.

 

Adicionalmente, ¡Santos no reparó en corrupción!

 

¡El Gobierno condicionó el presupuesto a alcaldes y gobernadores! ¡Chantajeó a las regiones con promesas de inversiones!

 

Los ciudadanos que mayoritariamente concurrimos a votar NO para defender la democracia, las víctimas y la justicia, fuimos estigmatizados, perseguidos, presionados. Se le dio mejor trato a los asesinos, a los secuestradores, a los responsables de miles de crímenes atroces que a los que tenemos como único recurso la palabra, las ideas y el voto.

 

El mismo día de la victoria del NO, convocamos al Gobierno a un “Gran Acuerdo Nacional” para acatar la voluntad ciudadana y ajustar y corregir los apartes del acuerdo, que eran nocivos para el país.

 

Mientras actuamos de buena fe y con responsabilidad patriótica, el Gobierno y las Farc preparaban el robo a los colombianos. ¡Maquillaron la infamia y la impusieron!

 

Propugnamos siempre por un pacto para la paz con el Gobierno, pero el Gobierno prefirió un pacto con las Farc para traicionar a Colombia.

 

Lo que siguió el país lo conoce. La triste complicidad de la Corte Constitucional, el sometimiento por la corrupción del Congreso. El robo lo consumaron. ¡Nunca más nos van robar!

  

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

 

¡Los millones de colombianos que le dijimos NO a las Farc y al terrorismo de las Farc teníamos razón! ¡Los hechos gritan la verdad!

 

1.     Advertimos que los criminales no pagarían cárcel y que, en cambio, se les daría el derecho a gobernar a Colombia. El Acto Legislativo 01 de 2017 así lo consagra. ¡Mintió el Gobierno!

 

2.     Advertimos que la Justicia Especial para la Paz sería una justicia hecha a la medida de las Farc, que igualaría a terroristas y miembros de la Fuerza Pública y que perseguiría a civiles, empresarios, trabajadores, ganaderos, periodistas y agricultores.

 

Su conformación con magistrados políticos, ideologizados, sectarios y militantes de partidos de izquierda deja claro que la JEP es un instrumento de persecución contra la oposición y los críticos de la impunidad.

 

¡La justicia es imparcial o no es justicia!

 

3.     Advertimos que el Acuerdo sería incorporado a la Constitución. El Acto Legislativo 02 de 2017 le dio ese efecto por 12 años. Esa norma somete a todas las instituciones al Acuerdo Santos - Timochenko. Pretenden poner el Acuerdo por encima de la Constitución. ¡Golpe de Estado!

 

4. Advertimos que a las Farc les garantizarían curules en el Congreso y que tendrían un partido político con mayor financiación que los demás.

 

Según el Acto Legislativo 03 de 2017, las Farc tendrá 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara de 2018 a 2022, sin tener que sacar un solo voto.

 

Los responsables de bárbaras masacres serán congresistas sin haber cumplido pena, sin haber pasado por un juicio, sin reparar a las víctimas, sin haber dicho la verdad.

 

Además, se crearon 16 circunscripciones especiales en las zonas de influencia de este grupo terrorista, en las cuales los partidos políticos no podrán participar, pero sí los aparatos de las Farc.

 

¡Les dieron el derecho a gobernar a Colombia en contra de las mismas sentencias de la Corte Constitucional y con una financiación mayor, proveniente de los impuestos de los colombianos!

 

5.  Advertimos que a los miembros de las Farc les pagarían $1.800.000 mensuales y que harían parte de organismos que prestan seguridad. Hoy 1.200 guerrilleros se rearman por parte del Estado y se les asigna un pago de $1.825.453 mensuales.

 

¡Le mintieron al país!

 

6.     Advertimos que para hacer política las Farc utilizarían la riqueza acumulada por el delito.

 

Según el Decreto 903 de 2017, los bienes que las Farc reporten serán entregados a una fiducia y, a través de la Comisión de Seguimiento a la Implementación, seguirán teniendo injerencia en su administración.

 

La lista de bienes, con traperos y escobas, entregada para reparar a las víctimas, consuma la burla.

 

¡Guardan millones de dólares de narcotráfico para tomarse el poder e imponer el socialismo, mientras revictimizan a quienes padecieron su violencia!

 

7.     Advertimos que el acuerdo incentivaba la siembra de cultivos ilícitos. ¡El país ya no nada en coca, naufraga en coca! ¡188.000 hectáreas a diciembre de 2016 lo comprueban!

 

¡Desmontaron la lucha contra la coca para favorecer narcotraficantes!

 

Advertimos que las Farc no entregarían las rutas ni información sobre narcotráfico. No solo no han cumplido sino que, con impunidad, colaron en sus listas a 25 capos de la mafia.

 

¡Convirtieron el proceso de paz en una gigantesca operación de lavado de activos!

 

8.     Advertimos que las Farc no entregarían la totalidad de los miles de niños reclutados que, según la Fiscalía, llegaron a ser 11.700. Solo entregaron 122 niños.

 

¡Otra burla a Colombia!

 

9.     Advertimos que el Gobierno subiría los impuestos para buscar recursos e invertirlos en el llamado postconflicto.

 

En 2016 aprobaron la reforma tributaria que aumentó el IVA del 16% al 19%.

 

El Gobierno mete la mano en nuestros bolsillos para cumplirle a las Farc.

 

10. Advertimos el riesgo sobre la propiedad de la tierra. 

 

Al igual que en Venezuela, la revolución bolivariana creó el Instituto Nacional de Tierras para perseguir tierras que el chavismo considera como incultas o infrautilizadas. En Colombia se creó una Agencia Nacional para perseguir tierras con la extinción del dominio. 

 

Se persigue a los propietarios y se les pone en desventaja para defender su patrimonio legalmente obtenido.

 

¡Los hechos gritan la verdad!

 

¡Colombianos! ¿Qué tenemos un año después?

 

¡Estamos peor que hace un año, sufriendo las consecuencias de un Estado entregado al terrorismo!

 

La economía gravemente afectada; reducción de la inversión; aumento del endeudamiento público; cultivos ilícitos disparados; disidencias de las Farc empoderadas y en aumento; colados de la mafia en los listados de miembros de la organización criminal; lavado de activos con bienes provenientes del delito.

 

¡No hay desarme total!

 

El propio Presidente de la República anunció un inventario de 14.000 armas que Farc entregarían a la ONU. Al final, entregaron menos de 9.000. ¿Dónde están las 5000 armas restantes? ¿Asesinando policías, masacrando militares, extorsionando, aterrorizando ciudadanos? ¿Las guardan para seguir delinquiendo?

 

¡No hay desmovilización absoluta!

 

¿Dónde están los milicianos? Nunca desmovilizaron todas las estructuras de milicias, conforme al conteo que de esos aparatos hace el Ministerio de Defensa.

 

Pero el Gobierno no tiene voluntad de enmendar el camino que amenaza con llevarnos a ser la Venezuela de Chávez y Maduro.

 

Siempre hemos querido la paz, pero defendemos la democracia y la libertad como el presupuesto para poder disfrutarla.

 

Seguimos defendiendo las ideas que promovimos en la campaña del plebiscito y buscamos modificar el acuerdo, ajustarlo, corregirlo.   

 

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

 

El jueves inscribimos el comité promotor del referendo para derogar los actos legislativos que incorporan el acuerdo a la Constitución, crean la Jurisdicción para la paz y permiten la participación en política de los responsables de crímenes atroces.

 

Entre todos defendimos nuestra democracia y vencimos a la maquinaria y la corrupción en el plebiscito del 2 de octubre, y ahora, entre todos, recogeremos firmas para mantenernos vigoroso en este propósito.

 

¡Nunca más nos robaran el derecho a decidir!

 

Que esta sea una ocasión para elevar las oraciones y ratificar el compromiso con las víctimas de la criminalidad y con nuestros héroes, los soldados, policías y agentes de seguridad que sacrificaron su vida e integridad para darnos a todos una posibilidad de vivir en paz en Colombia.

 

Con las mayorías de Colombia, por la defensa de la libertad, por justicia, digamos todos: ¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

 

(FIN)

 

Documento Completo

 

Manifiesto del 2 de octubre de 2017

A un año de la Victoria del NO y del robo de Plebiscito

 

Hace un año se sometió a refrendación de los colombianos el acuerdo firmado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista Farc. El resultado fue la victoria del NO: el pueblo colombiano rechazó en las urnas el acuerdo.

 

Hoy, 2 de octubre de 2017 nos reunimos, en varias ciudades del país, para recordar que la Coalición del No, integrada por ciudadanos y varias fuerzas políticas, religiosas y sociales, vencimos a pesar de todas las adversidades. Nuestra campaña tuvo todas las desventajas frente a la campaña que adelantó el Gobierno por el Sí: se redujo el umbral del 50% de participación que establecía la ley a un 13%; la campaña del Sí se financió con dinero público que se le negó a la del No. Adicionalmente, Santos condicionó las inversiones en las regiones a cambio del apoyo al acuerdo y generó un clima de polarización, en donde quienes liderábamos la campaña del No fuimos tildados de ‘enemigos de la paz' y amenazó con que si ganaba el No, vendrían impuestos y una inmediata guerra urbana.

 

El día que el No se impuso en el plebiscito, la coalición del No convocó al Gobierno a un “Gran Acuerdo Nacional” a nombre de todos los colombianos, para corregir los apartes del acuerdo que eran nocivos para el país. Pero no ocurrió, Santos y las Farc se burlaron una vez más de los colombianos.

 

Hoy, un año después, podemos constatar que ese mandato popular fue desconocido por el Gobierno, que sin haber hecho ninguna modificación de fondo y con la complicidad de la Corte Constitucional y de los congresistas que fueron derrotados en el plebiscito, refrendaron lo que llamaron un “nuevo acuerdo”, que desconoció lo expresado por el pueblo en las urnas.

 

Aunque ganamos, el Gobierno quiso deslegitimar nuestra victoria diciendo que habíamos mentido. Veamos algunas afirmaciones de campaña, y comparémoslas con lo que está sucediendo en la implementación del acuerdo, para ver quién mintió.

 

1.Hace un año advertimos que los cabecillas de las Farc no pagarían cárcel y tendrían elegibilidad política. Hoy, un año después, se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea la Justicia Especial para la Paz y cursa el proyecto de ley que la desarrolla. En ambos se establece que los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes atroces no irán a la cárcel o prisión, ni les serán dictadas medidas de aseguramiento equivalentes y que la imposición de cualquier sanción del sistema “no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

 

2. Advertimos que Justicia Especial para la Paz sería una justicia hecha a la medida de las Farc, que igualaría a terroristas y miembros de la Fuerza Pública y que perseguiría a civiles, empresarios, trabajadores, ganaderos y agricultores. Ya se se revelaron los nombres de los magistrados que integrarán la JEP, la gran mayoría con un claro sesgo ideológico de izquierda en contra de los militares y de la institucionalidad que combatió el terrorismo, sesgo que se confirma en múltiples pronunciamientos públicos de dichos magistrados.

 

3. Advertimos que el Acuerdo sería incorporado a la Constitución. El artículo primero del Acto Legislativo 02 de 2017, por medio del cual se agrega un artículo transitorio a la Constitución dice: “las instituciones y autoridades del Estado deben cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final” y en consecuencia, los desarrollos normativos “deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado” durante los próximos 12 años.

 

4.  Advertimos que las Farc tendrían curules en el Congreso y tendrían partido político con mayor financiación que los demás. Según los artículos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 03 de 2017, las Farc tendrán: 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes para el periodo 2018- 2022, sin tener que sacar un solo voto. Ya han anunciado que cabecillas responsables de crímenes atroces como Iván Márquez y Carlos Antonio Lozada serán candidatos al Congreso. Adicionalmente, se crearon 16 circunscripciones especiales en las zonas de influencia de este grupo terrorista, en las cuales los partidos políticos no podrán participar. En el Acto legislativo 03 del 2017, se establece que el Partido político mantendrá su personería jurídica sin presentarse a elecciones y recibirán para gastos de funcionamiento el promedio de recursos que reciben los demás partidos, pero adicionalmente sólo su partido recibirá el 7 por ciento del Fondo de Partidos para su centro de formación política.

 

5. Advertimos que desmovilizados de Farc ganarían Un millón 800 mil pesos y que harían parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El Decreto 302 de 2017 creó dentro de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección el cargo de Agente Escolta, con 1.200 plazas, para incorporar a la entidad a los guerrilleros desmovilizados que custodiarán a los jefes guerrilleros. El sueldo para estos 1.200 desmovilizados será de $1.825.453. La situación es mucho más grave si te tiene en cuenta que los desmovilizados portarán las armas de la República. ¿Dónde queda la seguridad de los colombianos?

 

6. Advertimos que las Farc utilizarían su fortuna ilícita para hacer política. Según el Decreto 903 de 2017, los bienes que las Farc reporten serán entregados a una fiducia, que ellos, a través de la Comisión de Seguimiento a la Implementación, seguirán teniendo injerencia en su administración. Como si fuera poco, el artículo 4 del Decreto, que remite al punto 3.2.2 del acuerdo, les permite usar dichos recursos para proyectos de reincorporación de terroristas administrados por su organización social y para fondear su Centro de Pensamiento y Formación Política. Hoy todo indica que la fortuna de las Farc no será para reparar a las víctimas, pero además se burlaron del país con el supuesto listado de bienes que presentaron y que ha sido cuestionado por el propio Fiscal General de la Nación.

 

7. Advertimos que el acuerdo incentivaba la siembra de cultivos ilícitos. ¿Acaso es mentira que el país nada hoy en coca? Todas las mediciones, sean de la Casa Blanca, que habla de 188 mil hectáreas, o Naciones Unidas que habla 96 mil hectáreas nos muestran que el país tiene más hectáreas ilícitas sembradas que las que había en 2001 antes del Plan Colombia.

 

8. Advertimos que las Farc no entregarían las rutas ni toda la información sobre narcotráfico. Hoy, un año después, las Farc no solo no han cumplido con los compromisos en el acuerdo sobre el tema de drogas ilícitas, como lo acaba de confirmar el Gobierno de los Estados Unidos, sino que colaron en sus listas a 25 capos del narcotráfico.

 

9. Hace un año advertimos que las Farc no entregarían la totalidad de los 11.700 niños reclutados. Hoy, un año después, han entregado solo 122 niños. Lo que constituye, nuevamente, una burla a las víctimas.

 

10.Advertimos el Gobierno subiría los impuestos para buscar recursos e invertirlos en el llamado postconflicto. Así lo hizo, en diciembre de 2016 aprobaron la reforma tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19 por ciento. Con nuestros impuestos le darán todos los beneficios a las Farc.

 

11.Advertimos el riesgo sobre la propiedad de la tierra. Al igual que en Venezuela, donde el Instituto Nacional de Tierras tiene la misión de recuperar las tierras incultas o infrautilizadas, el Decreto 902 de 2017 le da la facultad a la Agencia Nacional de Tierras de Colombia de recuperar este tipo de tierras, empleando la extinción del dominio. Según el Decreto, lo hará el juez, previa demanda de la Agencia, a la cual se debe adjuntar el Informe Técnico Jurídico realizado por la Agencia y que, según el artículo 80 del decreto, se presume “veraz y suficiente para resolver por parte del fallador mediante sentencia.  

 

Entonces, ¿Quién mintió?: El Gobierno.

 

Colombianos, ¿Qué tenemos hoy un año después de que nos robaron el No en el plebiscito y que nos prometieron que en Colombia se acabaría la guerra y que vendrían nuevas oportunidades de inversión para nuestro país? 

 

La situación es peor que hace un año, estamos sufriendo las consecuencias de un Estado entregado al terrorismo: Una economía afectada, reducción de la inversión, aumento del endeudamiento público, cultivos ilícitos disparados, disidencias de las Farc empoderadas y en aumento, colados de la mafia en los listados de miembros de la organización criminal, no hay desarme total, pero lo más preocupante es que el Gobierno no tiene voluntad de enmendar el camino que nos está llevando a ser una Venezuela.

 

Siempre hemos querido la paz, pero defendemos la democracia y la libertad como el presupuesto para poder disfrutarla. Como nuestra buena voluntad por corregir el acuerdo y lograr un Gran Acuerdo Nacional fue burlada por el Gobierno y aprovechada para conceder todo a las Farc, seguimos defendiendo las ideas que promovimos en la campaña del plebiscito y buscamos modificar el acuerdo, aún en contra de la voluntad del Gobierno.   

 

El jueves inscribimos el comité promotor del referendo para derogar los actos legislativos que incorporan el acuerdo a la Constitución, crean la Jurisdicción para la paz y permiten la participación en política de los responsables de crímenes atroces. Entre todos defendimos nuestra democracia y vencimos a la maquinaria y la corrupción en el plebiscito del 2 de octubre, y ahora, entre todos, recogeremos firmas para mantenernos vigoroso en este propósito.

 

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!

 

 

(FIN)