¡Quienes abusan de nuestros niños no merecen ningún beneficio del Estado!

Bogotá, 27 de mayo de 2015 (CD). Constancia de la senadora Nohora Tovar Rey en la sesión plenaria de este miércoles:

“Según cifras presentadas por el ICBF, en el primer trimestre del año 2015, se abrieron 1.392 procesos de restablecimiento de derechos a menores víctimas por maltrato infantil. El 39, 8% de las víctimas son niños de menos de 6 años de edad, el 30,2% tienen entre 6 y 12 años, el 28,7 % tienen entre 12 y 18 años, y en la mitad de los hechos que se registran predominan el maltrato infantil, la violencia sexual, y el abandono.

Solo por mencionar un ejemplo, en el departamento del Meta, al 8 de mayo del presente año se habían registrado 26 casos de abuso y acceso sexual a menores de edad, en este caso con edades entre los 2 y los 17 años.

Hubo un caso en particular y me duele tener que manifestarlo, pero lamentablemente es la cruda realidad de nuestro país, donde un padrasto le ofrecía entre 200 y 500 pesos a una menor de edad con el fin de accederla sexualmente y que la niña de tan solo 10 años de edad no dijera nada a sus familiares sobre lo ocurrido, esto sucedió en repetidas ocasiones.

Por casos como estos, es que rechazo enfáticamente la inexplicable y descabellada intención de la Fiscalía General de la Nación, de buscar beneficios jurídicos de rebaja de penas a los responsables, óigase bien, ¡Rebajar las penas a los responsables de delitos sexuales contra menores de edad en Colombia!

La Fiscalía General de la Nación nos llama a este Congreso populistas, punitivos o como quiera, pero pensamos que, ninguna medida es extrema a la hora de defender la integridad física y psicológica de nuestros niños en Colombia. No existe una razón válida para que al organismo que la Constitución diseño para acusar, ahora se encargue de exculpar delincuentes, en este caso, a los que absurdamente deciden de forma consiente y voluntaria acceder y abusar sexualmente a un menor de edad y así cambiar su vida para siempre, éste tipo de delincuentes no merecen obtener ningún beneficio por parte del Estado y la sociedad Colombiana”.

(Fin)