La libertad e igualdad promulgadas por el Libertador Simón Bolívar están en peligro: María del Rosario Guerra

Bogotá, 15 de septiembre de 2015 (CD).Constancia radicada por la Senadora María del Rosario Guerra durante la sesión plenaria.

La situación que se vive hoy con Venezuela es totalmente adversa a la “Gran política internacional” a la que tanto bombo le ha hecho el presidente Juan Manuel Santos. La violación a los Derechos Humanos de nuestros connacionales por la dictadura venezolana es rechazable y condenable.

Esta violación no ha sido sólo con los colombianos, sino también con nuestros hermanos venezolanos; y uno de los casos más emblemáticos es el de Leopoldo López -condenado por la dictadura a 13 años de cárcel por ejercer su derecho a opinar e invitar a una protesta pacífica en contra del dictador-. Es tal el miedo que el gobierno Maduro le tiene a la oposición que no le queda más solución que encarcelar o torturar a sus representantes para evitar que ganen las elecciones de diciembre próximo.

La persecución a Leopoldo López no dista mucho de la obstinada persecución judicial a muchos uribistas en nuestro país, también por el temor de que salgamos triunfantes en los procesos electorales.

Reitero mi preocupación por los más de 15 mil expulsados y afectados con el cierre de la frontera Colombo-venezolana, y por la violación del espacio aéreo colombiano por parte de Venezuela el pasado fin de semana. Colombia debería replantear su política internacional, con prudencia, pero con firmeza.

Simón Bolívar decía “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”, pero con la justicia politizada en Venezuela y en nuestro país, la libertad e igualdad promulgadas por nuestro libertador están en peligro. De ahí la importancia de acudir a los organismos internacionales competentes para defender los principios institucionales y democráticos.

Qué bueno que el gobierno Santos -con vehemencia y sin temor- defienda las libertades y que la justicia no se corrompa; y sea prenda de garantía de los derechos.

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