Intervención del procurador Alejandro Ordoñez durante el Foro ‘sobre las reflexiones para una paz duradera’, organizado por el Centro Democrático. 17 de diciembre de 2015.

Fecha

Bogotá, 17 de diciembre de 2015

Autor

Prensa Centro Democrático

 
“A la Procuraduría, por mandato constitucional, le corresponde la defensa del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales. Le corresponde ser garante de las garantías constitucionales. Vale la pena advertir que en el ordenamiento jurídico sobresalen unos aspectos esenciales, uno es la división de poderes. Es indudable que como bien lo recuerdan los diseñadores de la concepción liberal del Estado, una sociedad donde no se garanticen los derechos y donde no exista división de poderes, es una sociedad que no tiene constitución.
 
 
 
Y ahí permítanme detenerme unos minutos y reflexionar en torno al plebiscito y en torno al acto legislativo diseñado para la comisión especial, porque son dos elementos sustanciales para entender la agenda que se está desarrollando en el país.
 
 
 
El primero de ellos: el plebiscito.
 
 
 
La Procuraduría defiende el derecho a decidir de los colombianos, los ciudadanos tienen el derecho a decidir si están de acuerdo con lo acordado entre el presidente Santos y Timochenko en La Habana, la voz de los ciudadanos debe ser escuchada, debe ser atendida, y eso fue lo que desde el inicio de este proceso se reiteró de una manera, si se quiere ‘machacona’, para tratar de tranquilizar a la sociedad y a la opinión pública.
 
 
 
Recuerden ustedes, hagan composición de lugar hace apenas un año y medio, dos años, apenas cuando se iniciaba el proceso: ‘no se preocupen, no hay motivo de preocupación, la última palabra la tendrá el pueblo porque éste será consultado’.
 
 
 
Dije, la voz de los ciudadanos deben ser escuchada; por ejemplo, los ciudadanos deben decidir sobre las sanciones y penas a los máximos responsables de las Farc, los que dirigieron esa empresa de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por ejemplo, los colombianos tienen el derecho de manifestar si están de acuerdo en que los responsables de las mayores atrocidades no cumplan penas de reclusión de manera efectiva, independientemente de que reconozcan sus crímenes.
 
 
 
Por ejemplo, los colombianos tienen el derecho a decidir si el enfermero de las Farc qué practicó decenas de abortos debe tener el derecho a participar en política, esto es a gobernar a Colombia.
 
 
 
Por ejemplo, los colombianos tenemos el derecho a decidir si están de acuerdo con que el aborto masivo, en cantidades industriales del referido enfermero se pueda considerar conexo al delito político.
 
 
 
Por ejemplo, los ciudadanos tenemos el derecho de decidir si están de acuerdo con que las Farc no reparen a las miles de víctimas con la inmensa riqueza que acumularon derivada del narcotráfico, la extorsión, el despojo y el robo.
 
 
 
Los colombianos tenemos derecho a decidir, a opinar si estamos de acuerdo con la más grande operación de lavado de activos que se ha pactado en La Habana.
 
 
 
Los ciudadanos debemos decidir si es aceptable que las Farc no entregan los bienes, tierras, inversiones y riquezas, si están de acuerdo con que los jefes de ese grupo se quedan con millones de dólares.
 
 
 
Por ejemplo, los ciudadanos tienen el derecho de decidir si están de acuerdo con que las Farc participen en la designación de quienes van a juzgar a sus criminales.
 
 
 
Los colombianos tienen el derecho de decidir, y la Procuraduría los defiende y la Procuraduría como representante de la sociedad defiende ese derecho de los colombianos a decidir, a pronunciarse, pero para que ese derecho exista realmente se requiere de un mecanismo transparente y libre, no de una trampa destinada a utilizar al pueblo para legitimar lo que decida la élite que representan el presidente Juan Manuel Santos y la élite criminal de las Farc.
 
 
 
Desde este punto de vista, permítame manifestar 10 cuestiones problemáticas del plebiscito.
 
 
 
Primera, el plebiscito no otorga seguridad jurídica, seguridad jurídica que requieren los acuerdos, es necesario, la Procuraduría ha venido repitiendo varios meses, años, y lo ha convertido en una especie de ‘chascarrillo’: lo que se firme en La Habana debe cumplirse, pero para poder cumplirse debe quedar bien hecha.
 
 
 
Entonces, la primera cuestión programática, el plebiscito no otorga la seguridad jurídica que requieren los acuerdos, porque la vocación de un plebiscito no es reformar la Constitución ni la de aprobar leyes, sino la de pronunciarse sobre decisiones políticas, no jurídicas. Y en la crítica y en esta primera crítica, tal vez es en lo único que he estado de acuerdo con el señor Iván Márquez, cuando manifestó que el plebiscito era lo más parecido a qué se parece una encuesta. Esto es grave porque el mecanismo de refrendación debe garantizar lo que se firme con las Farc, que se cumpla íntegramente y se pueda cumplir.
 
 
 
¿Para qué una refrendación que no asegura nada y que no da certeza a quienes se desmovilizan que el Estado va a cumplir?
 
 
 
Segundo problema del plebiscito. El plebiscito está diseñado para que los colombianos voten pero no decidan. Repito, el plebiscito está diseñado para que los colombianos lo voten pero no decidan. Sí, para que voten sí o no a una pregunta pero no pueden decidir, los que deciden, los que habrán decidido, aun antes del plebiscito, son el presidente Santos y Timochenko. A los ciudadanos les dejan la libertad, no de decidir sino de adherir, bajo las condiciones por ellos impuestas.
 
 
 
Por eso no se quiere preguntar sobre todas y cada uno de los aspectos contenidos en la 124 páginas de los acuerdos parciales relativos a cuatro puntos, por eso cambian en el umbral de participación del 50 por ciento del plebiscito por un lánguido umbral de trece por ciento de votos de participación, quieren que los colombianos aprobemos un mamotreto respondiendo solamente un sí.
 
 
 
Es evidente que diseñaron el plebiscito para aparentar una representación democrática, no para que los ciudadanos decidan.
 
 
 
Tercer problema: con la misma manzanilla jurídica hicieron todo lo posible para que el plebiscito fuera, como se dice popularmente, una pelea de tigre con burro amarrado.
 
 
 
El Gobierno utilizará sus recursos, con sabor a mermelada, presiones sobre los gobiernos locales, clientelismo y la millonaria pauta publicitaria para presionar la aprobación del plebiscito. Los críticos, en cambio, no tendrán financiación estatal para su campaña ¿Quién, quién en el sector privado, en un ambiente de estigmatización y persecución creado por el Gobierno, financiará a quienes se abstengan? ¿Quién en las regiones, con presencia militar de las Farc van a apoyar la campaña por el no o a financiar sabiendo que la guerrilla está ahí, armada, en su zona?
 
 
 
Cuarto: el plebiscito eliminó la abstención como expresión del derecho fundamental a la participación política con la reducción del umbral y cómo ha sido reconocido por la Corte ¿Por qué anular ese derecho que es protegido por la Constitución?  ¿Para qué cambiar las reglas de juego si no es para favorecer a toda costa la aprobación del acuerdo Santos-Timochenko?
 
 
 
Quinta critica o quinto problema: Es un plebiscito escuálido, se pretende que sólo el 13 por ciento de los colombianos que hacen parte del censo electoral sean suficientes para imponer el acuerdo entre Santos y Timochenko, un escuálido 13 por ciento con el que pretende otorgar a Santos y Timochenko poderes propios de una dictadura a través de un acto legislativo para la paz.
 
 
 
Sexto problema: es ese plebiscito un mecanismo pensado para dividir profundamente al país con la mentira de siempre: ‘amigos y enemigos de la paz’ en vez de avanzar en el consenso, el plebiscito radicaliza, polariza, enfrenta, divide, ahonda las heridas, eso a la larga afectará la sostenibilidad política de los acuerdos. A veces parece, ya no a veces parece, hay certezas, pero digamos que a veces parece, que lo que más se desea es que los sectores que han sido críticos con el proceso no se acerquen, no se asomen, eso les resulta inexequible.
 
 
 
 
 
Siete: tal y cómo se diseñó el plebiscito es un chantaje a los colombianos. O votan sí o las Farc los seguirán matando, esa será la publicidad, un chantaje criminal avalado por el Gobierno. Si hay plebiscito.
 
 
 
Ocho: al eliminar el umbral del 50 por ciento de participación y establecer uno del 13 por ciento del censo electoral que voten afirmativamente, se elimina la salvaguarda que existía para evitar la dictadura plebiscitaria, por eso, el umbral era el 50 por ciento del censo electoral, no era un porcentaje caprichoso, tenía un propósito, una finalidad, un sentido de evitar precisamente las dictaduras plebiscitarias.
 
 
 
Noveno: el Gobierno Nacional debería ser neutral, en unas democracias auténticas frente a un plebiscito tendría que ser neutral el Gobierno.
 
 
 
Como autoridad que le compete garantizar los derechos de los colombianos a decidir libremente, no puede, no debe, no es constitucional que emplee todos los recursos para presionar a los ciudadanos a votar en uno o en otro sentido.
 
 
 
Y décimo: nada más peligroso que los plebiscitos, en el más conocido de la historia se condenó a muerte a Cristo y se absolvió a Barrabás.
 
 
 
En resumen, el plebiscitico aprobado no es un mecanismo de democracia participativa, sino un instrumento de dictadura plebiscitaria, no es un mecanismo que sirva a los acuerdos, no les proporciona seguridad jurídica y en cambio sí profundiza la polarización política. El plebiscito no es, ni puede ser, un camino de refrendación.
 
 
 
Es indispensable que la Corte Constitucional declare inexequible el decreto de ley de plebiscito para la refrendación.
 
 
 
El plebiscito no otorga ninguna garantía de igualdad para quienes pueden ser partidarios del no y anula el derecho a la abstención.
 
 
 
El otro elemento que dije, que el plebiscito y el acto legislativo conforman una unidad indisoluble, por eso haré unos comentarios del contenido del acto legislativo para la paz.
 
 
 
Para el Ministerio Público no ha existido en la historia de la República un intento de demoler la Constitución ni de pulverizar la división de poderes como el que se debate en la hora presente. Son, si se quiere, dos bombas de relojería contra nuestro ordenamiento constitucional.
 
 
 
El acto legislativo para la paz es una verdadera joya antijurídica, la joya de la corona, contraria a todo derecho es el triunfo de quiénes se han propuesto derrotar la Constitución, acabar con el Estado de derecho y avasallar nuestro sistema democrático.
 
 
 
Miré, a la Procuraduría le corresponde decir las cosas tal y como son, no como lo quieran escuchar los sujetos del control; a la Procuraduría le corresponde decir lo que le corresponde decir y cumplir sus deberes constitucionales.
 
 
 
Pero examinemos el acto legislativo rápidamente. El propósito es asegurar, implementar y ofrecer garantías de cumplimiento, es claro. El acto legislativo busca asegurar que lo que se firme en el acuerdo se cumplirá, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Para eso, previo plebiscito, se busca construir un entramado normativo que obligue a la sociedad y al conjunto de instituciones del Estado, a las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder público, a los organismos de control y a las entidades territoriales someterse sin reserva alguna a lo que se pacte en La Habana. Repito: sea lo que se acuerde, el proyecto entonces es una garantía de cumplimiento a través de imponer al Estado la obligación de hacer lo que convengan el Gobierno y las Farc en la mesa de negociaciones.
 
 
 
¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles son? Primera, se rompe por completo el principio de separación y equilibro de poderes que es uno de los pilares de la Constitución.
 
 
 
Segundo, la sabiduría popular suele decir que cuando camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, pues es un pato, pero ese test del pato tiene excepciones, por ejemplo, el acto legislativo que estamos analizando.
 
 
 
Se dice que el Congreso de la República es el que reformará la Constitución y que se trata es de agilizar los procedimientos, un asunto secundario de mecánica parlamentaria, se insiste además que el Congreso expedirá las leyes que se requieren para implementar los acuerdos de paz con las Farc, se insiste y se afirma que la prueba es que la comisión legislativa para la paz está compuesta por senadores y representantes, se replica que la prueba también es que las plenarias del Senado y Cámara deberán votar las normas, que además se aplicará el reglamento del Congreso, pero aunque camina como pato, nada como pato, grazna como pato, no es un pato en este caso, es un auténtico embuchado.
 
 
 
Aquí no es el Congreso de la República el que actuará, muy hábilmente para reemplazarlo creará un órgano y un procedimiento debidamente vestido de las ropas del Congreso, pero no es el Congreso, es un órgano extraño a la rama legislativa del poder público ¿Por qué? Porque el Congreso tiene unos elementos que son de su esencia, que si se desconocen desaparecen como tal y se convierte en otra cosa. Por ejemplo, el procedimiento legislativo especial tiene las siguientes características que chocan con los elementos esenciales del Congreso, se despoja absolutamente a los congresistas, a las bancadas y a los partidos políticos de la posibilidad de presentar proyectos de ley o de acto legislativo, eunuquizan al órgano legislativo, sólo puede presentar tales iniciativas el Gobierno, entiéndase, como se trata de implementar el acuerdo final, así lo nieguen ahora, ya estamos acostumbrados a que lo nieguen, es obvio, que los proyectos de ley de acto legislativo terminarán siendo hechos a dos manos: la del presidente Santos y la de Timochenko.
 
 
 
Las Farc legisladoras: la reforma pretende que el Congreso se limite a  aprobar o a improbar, modificar la Constitución para acabar con el carácter deliberatorio del Congreso y reducirlo a aprobar o a improbar con mayorías constadas previamente por el Gobierno, repugna las bases democráticas del Estado colombiano.  
 
 
 
Limitar al Congreso de poder hacer autónomamente modificaciones a los actos legislativos y a las leyes, convierten al Congreso en un convidado de piedra; las únicas modificaciones posibles serán aquellas que cumplan dos condiciones: que tengan el aval previo del Gobierno y por supuesto de las Farc. Eso significa que además de hacer proyectos de ley y de actos legislativos es el Gobierno quién autoriza si el Congreso puede cambiar un punto, una coma, un inciso o un parágrafo; en otras palabras, el Gobierno es el que reforma la Constitución.
 
 
 
El Gobierno entonces, con independencia del Congreso es el que hace las leyes y modifica directamente la Constitución, función que le corresponde al Congreso de la República.
 
 
 
La segunda condición que se necesita para modificar los proyectos tiene una consecuencia aún más grave: eleva al mismo nivel de la Constitución los acuerdos de La Habana, entran por la puerta de atrás, pero le dan la condición, la naturaleza, la jerarquía de Constitución ¿Por qué? las modificaciones a los proyectos que presenta el Gobierno, el Gobierno presenta el proyecto a la comisión y la comisión debe ajustar al contenido al acuerdo final. Parece lógico y hasta inocente, pero tiene consecuencias que la Procuraduría tiene el deber de denunciar. Los actos legislativos y los proyectos de ley se someten, según sea el caso, a control por parte de la Corte Constitucional, para cumplir con su función los honorables magistrados de esa Corte tendrán que tener procedimiento legislativo especial señalado en la Constitución y el texto del acuerdo final. Eso es, ni más ni menos, que elevar al acuerdo final con las Farc al mismo nivel de la Constitución.
 
 
 
Sexto: se supone que el texto del acuerdo, por el solo hecho de haber sido firmado por el Gobierno Nacional y sometido a un plebiscito que no tiene alcance de reformar la Constitución, implica la obligación del Congreso de tramitar todas y cada una de las leyes constitucionales que de este se deriven.
 
 
 
De dicho acuerdo surgirá la obligación de legislar en un sentido u otro aún en contra de la voluntad de los congresistas y de su libertad, un Congreso ‘títere’, sería una norma pétrea, una norma que según la Corte es extraña a la carta política, pero aquí por gracia de esta maniobra pretenden convertir en una realidad que limita, ata y restringe tanto a las cortes como al parlamento y a los futuros gobiernos.
 
 
 
Es tanto por sus efectos como revestir de poder constituyente a la mesa de La Habana; tanto como aceptar que la mesa de La Habana entre Gobierno y las Farc es soberana o que el acuerdo con las Farc tiene consecuencias similares a los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
 
 
 
Elevar al nivel de la Constitución el acuerdo con las Farc con esta maniobra subrepticia, es un golpe disfrazado a la Constitución, otro ¿Por qué el Gobierno no le ha dicho esto con transparencia al país? ¿Por qué se limitan a decir que se trata de facilitar y acelerar la expedición de normas necesarias para implementar el acuerdo con las Farc? Es poner a la sociedad a firmar un cheque en blanco con los ojos vendados, es utilizar la mayoría del Congreso para imponer un acuerdo por la parte de atrás con la excusa de un plebiscito espurio.
 
 
 
Séptimo: se pretende que la Corte no puede aplicar el juicio de sustitución, para dejar completamente abierto el campo para realizar cualquier modificación constitucional en los términos que se definan en el acuerdo final, es decir, que a través del procedimiento especial legislativo se aprobarían todo tipo de reformas, aún aquellas que sustituyan los pilares esenciales de la Constitución.
 
 
 
Respecto a las facultades presidenciales de paz sucede exactamente lo mismo, al Gobierno no le basta con apropiarse y monopolizar indebidamente la iniciativa de leyes y actos legislativos, sino que además pretende que por Constitución se le dé la facultad de dictar todas las normas ordinarias que considere de la mano con las Farc que necesita para implementar los acuerdos; afirma que son facultades precisas, eso no es cierto, las facultades extraordinarias que se otorgan el Presidente serían tan amplias como lo exija la multitud de temas que se deriven del acuerdo final, con excepción, en principio, de las que requieren leyes estatutarias, org´panicas o fijen impuestos.
 
 
 
Los acuerdos de paz revelados comprenden prácticamente todos los temas, todos son todos: del empleo hasta la salud; desde las tierras hasta la infraestructura; desde la infraestructura hasta la vivienda; desde la vivienda hasta los servicios públicos; desde los servicios públicos hasta la seguridad; desde la seguridad hasta la participación política; desde la participación política hasta el narcotráfico; desde el narcotráfico hasta la economía campesina ¿Queda algún tema por fuera? casi todo cabe en el desarrollo de los acuerdos ¿Cuáles facultades precisas? ¿Por qué engañan de esa manera el país? ¿Por qué reformar la Constitución para darle poderes de emperador al Presidente de la República y a las Farc? Porque todas las facultades no las podrá ejercer sino de acuerdo con lo que se decida en La Habana.
 
 
 
¿O acaso puede existir alguien que crea que a las Farc le bastará con el documento del acuerdo? ¿Se puede pensar que las Farc no exigirán  que los marcos normativos, esto es, las layes y reformas constitucionales para la implementación del acuerdo no van a tener su aprobación? Aún más ¿se puede creer que las Farc no van a exigir participar en su redacción? No vengamos con ingenuidades.
 
 
 
¿Luego no han dicho, repetido, señalado y vuelto a repetir que las Farc no están dispuestas en absolutamente nada que no hayan negociado ni pactado? Con el plebiscito y el acto legislativo desplazan el control de la Corte Constitucional, con el plebiscito y el acto legislativo desplazan al Congreso de la República, desplazan a la Corte Suprema de Justicia, desplazan al Consejo de Estado, desplazan a la Procuraduría, desplazan a la Fiscalía con un tribunal para la paz, desplazan al pueblo con un plebiscito que pretenden democrático pero qué más se parece a los procedimientos de las dictaduras para utilizar como excusa el voto popular ¿Eso no rompe el principio de tridivisión de poderes y el equilibrio que debe primar entre las ramas del poder público? ¿No es un exceso absurdo de concentración de poder en cabeza del Presidente?
 
 
 
Ni desarme ni desmovilización, décimo: ni la refrendación, cualquiera que sea el mecanismo, ni las facultades al Presidente de la República, ni la creación de la Comisión especial legislativa está sometida en la reforma constitucional al desarme absoluto y a la desmovilización total de las Farc, las Farc estarán armadas y se mantendrán como organización violenta mientras los colombianos van a un plebiscito y se expiden las leyes y reformas constitucionales a través del procedimiento especial normativo y las facultades presidenciales, se quiere llevar a los colombianos un plebiscito bajo la amenaza de las armas, o los ciudadanos votamos sí a lo que sea, cueste lo que cueste, o vuelven a disparar, o vuelven a masacrar, o vuelven a secuestrar, o vuelven a desaparecer, o vuelven a reclutar o vuelven a tapizar los caminos y los patios de las escuelas con minas antipersonales.
 
 
 
 
 
Aquí lo que se requiere es un pacto para la paz que se ha venido planteando de los más disímiles sectores sociales, políticos e institucionales;  la Procuraduría hace, no sé, hace año y medio, lo propuso, ustedes lo han propuesto y en los días anteriores lo han reiterado, todos los sectores sociales insisten, esto no puede ser simplemente un acuerdo entre una élite y otra élite sino que debe comprometer la totalidad del pueblo colombiano, un pacto en el cual estén incluidos los críticos del proceso, que en últimas serían los únicos que pueden darle una verdadera legitimidad a lo que se acuerde en La Habana, porque lo que se acuerde en La Habana debe tener un blindaje político y un blindaje jurídico para darle sostenibilidad, y la gran, la grave vulnerabilidad de estos acuerdos y de este proceso es que no han querido el acuerdo el blindaje político y tampoco han logrado el blindaje jurídico, así le den las adulporadas presentaciones a la impunidad.
 
 
 
Un pacto que concite a los partidarios del proceso, como a los críticos, a todos los partidos políticos y a los gremios, las organizaciones de ciudadanos, los movimientos sociales, a todo el país, un pacto que a la manera de los pactos de la Moncloa, en España, se conviertan en garantía de cumplimiento, garantía para la sociedad de que las Farc desaparecerán como aparato criminal, que se desarmarán, que no volverán a la violencia y se someterán a la regla de juego democráticas, y garantía para las Farc que lo acordado se cumplirá en el marco de la Constitución.
 
 
 
Un pacto esa naturaleza es la verdadera garantía de sostenibilidad de los acuerdos y la base del candado jurídico-político que se necesita.
 
 
 
Un acuerdo dejando al lado a la mitad del país es un acuerdo que no tendrá sostenibilidad posible, y lo que se pretende no es que se firme sino que se cumpla. Lo más fácil es firmarlo, lo más difícil es cumplirlo.
 
 
 
Y que vincule, y que vincule hacia el futuro a la sociedad y a la institucionalidad, pero un acuerdo como el que conocimos ayer en materia de justicia no responde a los estándares internacionales y no le da seguridad ni a las Farc ni a los militares, no nos digamos mentiras, preséntese como se quiera presentar.
 
 
 
Retomando las palabras de la fiscal Fatou Bensouda, en carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional cuando se iba a definir la exequibilidad del marco jurídico para la paz: ‘penas groseras no garantizan seguridad jurídica’ ¿Son penas los trabajos comunitarios como se anunciaron el día de ayer para los delitos atroces? Son penas simbólicas, así los denominan y los bautizan las normas internacionales.
 
 
 
Como Procurador quiero insistir en la necesidad de ese pacto, un pacto referido específicamente a los mecanismos de refrendación, implementación de los acuerdos, si bien es cierto que los críticos podemos no estar de acuerdo en muchos aspectos a los cuales se han llegado en La Habana, a muchos, pero el Gobierno ha debido hacer un esfuerzo en estos momentos para acordar con los críticos la forma de refrendación. Era una, fue, o ha sido una oportunidad fallida y tal vez es la última oportunidad que queda dentro de este proceso.
 
 
 
Hay que ser propositivos frente a la posibilidad de alcanzar la paz, una paz si impunidad que garantice los derechos de las víctimas, una paz que no permita que se utilicen a las víctimas para legitimar a los victimarios, una paz basada en el reconocimiento de los crímenes perpetrados, en el arrepentimiento público y la verdad, una paz justa, en eso debemos trabajar.
 
 
 
Los críticos y ustedes encarnan con creces esa condición, pueden ser la más, y la contribución de ustedes puede ser la más importante para garantizar la paz y que lo que se acuerde se cumpla.
 
 
 
La paz se hace con los contradictores y nadie más severo con las guerrillas que quienes lideraron la política de seguridad democrática.
 
 
 
Yo pensaría que las Farc estarían en capacidad entenderlo.
 
 
 
Muchas gracias.
 
 
 
(FIN)