Justicia transicional, una amenaza latente para el país

Fecha

Bogotá, 17 de diciembre de 2015

Autor

Prensa Centro Democrático

 

Bogotá, 17 de diciembre de 2015 (CD). Como un riesgo judicial para el país y un cúmulo de falencias calificaron analistas el acuerdo de Justicia Transicional que el Gobierno y las Farc revelaron el martes anterior y del cual manifestaron que tiene muchos vacíos que se deben analizar.

Durante el Foro Ideológico: ‘Reflexiones para una paz estable y duradera’ que realiza el Centro Democrático en Bogotá, los expertos expusieron los puntos de vista sobre este acuerdo que se muestra como el marco legal de juzgamiento en el posconflicto.

En una primera instancia, el excandidato a la vicepresidencia del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo aclaró que la figura de la justicia transicional no es reconocida universalmente.

“La justicia transicional no existe, la justicia transicional no es un tipo especial de justicia, no hay un concepto universalmente aceptado de justicia transicional, no hay un tratado que la defina, no hay convención internacional que precisen sus marcos”, aseguró Holmes Trujillo.

Explicó que esta justicia “son mecanismos que, poco a poco, se han ido aceptando en la jurisprudencia internacional para atender situaciones de transición en naciones que padecen dictaduras y avanzan hacia una democracia o una situación de guerra y buscan la paz. Será en este punto señalar que ninguna de esas situaciones tiene que ver con la naturaleza de lo que hemos padecido en Colombia”.

El exembajador reconoció que este acuerdo tiene algunos elementos buenos, pero también se refirió a los inconvenientes que tiene y una de ellas tiene que ver con que el acuerdo termina por reformar la estructura del poder judicial, lo que calificó como “un desbordamiento que debe prender alarmas”.

Así mismo, enumeró que “modifica el régimen sancionatorio que existe para quienes cometen delios a personas y bienes protegidos normatividad internacional; desconoce el principio del juez natural e imparcial; cárcel en condiciones especiales es una forma de impunidad; abre la puerta a la posibilidad narcotráfico sea conexo delito político”, entre otros puntos.

Comentó además que este acuerdo “siembra la semilla de una serie de conflictos de competencia entre esa jurisdicción especial y la ordinaria y se va a convertir en una fuente de inestabilidad judicial y convertir en destinatarios de la nueva jurisdicción a todos los colombianos”, la cual podría “ser utilizada como venganza política e injustos señalamientos”.

Finalizó que la Jurisdicción Especial para la Paz “tal como ha sido presentada, es un camino hacia la impunidad de los victimarios y un camino hacia la judicialización de la sociedad que legítimamente ha combatido el terrorismo”.

Ni en Santos ni en las Farc

De otro lado, el exsenador Juan Lozano fue enfático en su intervención: “Yo no le creo ni a Santos ni a las Farc, entonces de entrada uno tiene la duda esencial sobre la sinceridad que hay en esos compromisos y la voluntad que traduzcan en un camino eficaz para alcanzar la paz en Colombia”.

Con base en lo anterior, aseguró que “lo que hemos encontrado es una sucesión de contradicciones, una sucesión-rosario de inexactitudes frente a las promesas iniciales del proceso y a una negación al espíritu del proceso que se ha ido reflejando en sus distintas etapas”.

En su intervención, Lozano se refirió al plebiscito del Gobierno, del cual dijo que “creo que hay un imperativo en evitar que un instrumento abusivo, tramposo e inconstitucional, que es el plebiscito, finalmente pueda llegar a realizarse, la cereza de ese lado fue la eliminación de infame de las garantías de oposición perdiendo la financiación del 'no”.

Añadió que “lo que tenemos es un aparato multimillonario del Gobierno a través de los medios de comunicación y una disposición para hacer una llamada pedagogía que, entre comillas, que en la práctica anulan, sofocan, hacen inexistente la voz del no marcada adicionalmente por una satanización que ha resultado eficaz”.

Según Lozano “es imperativo trabajar para que la corte constitucional disponga de todos los elementos que conduzcan a que este proceso no culmine con una farsa refrendatoria”.

Sobre el tema de las garantías de no repetición, Lozano se mostró escéptico, ya que se cuestionó: “¿Se podrá garantizar la no repetición de las infamias que han afectado al pueblo colombiano si les dejan intacto el negocio del narcotráfico? ¿Cuál ha sido el combustible de todo esto?: narcotráfico” y continuó: “Bastaría con hacer una pregunta de manera ilustrativa cuál ha sido el compromiso del Gobierno del presidente Santos para prevenir las Farcrim, que es el reflujo de miembros delas Farc al puro narcotráfico”.

Finalmente, habló de la reparación y salió al paso de lo que pretende el Gobierno que sea el pueblo el que pague y no la guerrilla.

“Reparación de las víctimas hecha solamente con recursos de los colombianos a través de los presupuestos públicos. A los colombianos nos resulta inaceptable que nos digan que toda la reparación tiene que ser el producto de un ejercicio del presupuesto nacional, tenemos que ser los colombianos, los que no hemos matado a nadie, que no hemos secuestrado a nadie, que no hemos extorsionado a nadie, que nos hemos roto la espalda la vida entera para sacar adelante a nuestras familias que de nuestros impuestos, de nuestros sacrificios plata para reparar a las víctimas del terrorismo, claro que no”.

Entre tanto, el exministro Jorge Humberto Botero, luego de hacer un recorrido histórico del conflicto en Colombia, anotó que “el narcotráfico fue lo más significativo en Colombia para que las guerrillas se mantuvieran luego de la caída del muro de Berlín”.

Explicó que la guerrilla tuvo una transformación de ser un movimiento campesino a una del lucro del narcotráfico y “Colombia se demoró en reconocer esa realidad”.

Al hacer referencia al proceso de paz, Botero indicó que lo que quedó en la óptica mundial es que Colombia es un país en guerra de más de medio siglo y eso redunda directamente en que se hable de “un estado ilegítimo o por lo menos la tienen que compartir con quienes originaron la guerra”.

Esta es una caricatura de un acuerdo de justicia

 

A partir de una visión académica el abogado penalista e internacionalista, Juan Daniel Jaramillo aseguró que este acuerdo entre Gobierno y Farc deja bastantes preocupaciones.

 

“El Abecé de jurisdicción especial para la paz es para mí un documento enigmático que me deja inmensas cantidad y dudas e inmensa cantidad de preocupaciones”, aseguró.

 

Jaramillo añadió que todas esas inconsistencias no deberían contemplarse en un documento de tal importancia.

 

“A mí me asombra que un texto jurídico se esté señalando como delitos de lesa humanidad un concepto que tiene vacío, es decir, no sé de qué delitos están hablando. Provoca reír, porque no tiene ningún asidero en un documento de tanta seriedad”, aseguró.

 

Añadió que este acuerdo de justicia es una “falsificación muy clara” con apartes de muchos acuerdos logrados en otras partes del mundo.

 

“Este acuerdo como está visto no es ni siquiera un acuerdo de justicia simbólica, para mí esto es una caricatura de lo que debe ser un acuerdo de justicia y lo digo con inmenso dolor”, aseguró el abogado.

 

Ir al combate es un riesgo

 

El general (r) Jaime Ruíz expresó su preocupación por el riesgo que representa para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía cumplir su labor constitucional.

 

“A nosotros nos han querido señalar, malintencionadamente, como enemigos de la paz; para nada, queremos la paz, nosotros los militares y policías no  tenemos seguridad jurídica, no tenemos un fuero penal militar, ir al combate es un gran riesgo para cualquier comandante, porque si hay resultados no son resultados de combate,  son homicidios”, aseguró.

 

“Luego de eso viene la investigación penal, viene el calvario, viene la contratación de abogados, y utilizar los pocos recursos para la defensa. Esa es la realidad”, expresó Ruíz.

 

El exalto oficial aseguró que como representantes de miembros en retiro de la fuerza pública, le recomendaron al Gobierno Nacional adelantar este proceso bajo unos parámetros en donde no tuvieran ese riesgo los miembros de la fuerza pública.

 

“Directa o indirectamente las Farc nos van a juzgar, ellos son los enemigos, vamos a ser juzgados por el enemigo, eso no es negociación, es una especie de capitulación”, advirtió.

 

Expresó que “enfrentar una guerra en estas condiciones es muy difícil Una guerra así no se puede pelear, pero han sido profesionales los miembros de la fuerza pública”, dijo.

 

Víctimas sin interlocución

 

La directora de la Fundación Víctimas Visibles Diana Sofía Giraldo deploró que las víctimas no sean visibilizadas en el proceso de La Habana.

 

“A las víctimas no se les consulto nada, no es cierto que las victimas estén en el centro de esta negociación porque se les mimetizo, se les disimuló, no se les dio interlocución”, aseguró.

 

Explicó que se han contemplado las víctimas de otras fuerzas ilegales como los paramilitares, pero no los ciudadanos afectados por la guerrilla de las Farc.

 

La representante de la Fundación Víctimas Visibles rechazó que en el silencio en que han quedado las víctimas también han participado los medios de comunicación con la unanimidad general en torno al proceso.

 

Advirtió que no se trata de calificar a ningún sector como enemigo de la paz, sino de buscar el respeto por el derecho a la vida.

 

“La paz en un bien supremo, bienvenida la paz, la reconciliación pero ‘¿quién dijo que la paz está por encima del derecho a la vida?”, cuestionó.

 

(FIN)