Constancia/ Cero justicia. A este nivel se ha llegado: Senador Carlos Felipe Mejía

Bogotá, 18 de marzo de 2015 (CD). La siguiente es la constancia radicada por el Senador Carlos Felipe Mejía, sobre la situación que vive en la actualidad la justicia en Colombia y la oportunidad que tiene el Congreso de la República para transformar esta situación.

Cero justicia. A este nivel se ha llegado, como lo confirman los últimos acontecimientos en este sector, los cuales son las últimas consecuencias de un sistema en crisis recurrente y ante lo cual el establecimiento en Colombia no ha tenido la voluntad política de enfrentarlo de raíz con una reforma de fondo.

El reciente escándalo en la Corte Constitucional refleja lo que hace buen tiempo ocurre en las otras cortes, se ha evidenciado como el ejercicio de juez se mezcla con reuniones y homenajes recíprocos en clubes y en sus propias casas y ha mostrado como en los despachos se atienden a los abogados interesados en fallos de trascendencia, rompiendo con cualquier sentido de la ética en el ejercicio de la magistratura.

Y más grave todavía, es la muestra palpable de la desnaturalización de la tutela como mecanismo excepcional para hacer efectivos los derechos fundamentales. Algunos nos sorprendimos como se parte de la insistencia para escoger revisión de sentencias de tutelas que tienen que ver directamente con intereses económicos en litigios de empresas o personajes con poder, que para nada tienen que ver con el derecho a la vida, la salud o la pensión de un desprotegido colombiano, demostrando la inseguridad jurídica total al no existir un claro mecanismo de cierre de tutelas.

Se corrobora además la impunidad de los aforados en la inoficiosa Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la cual acuden presurosos, los investigados, los abogados y los denunciantes para aparentar el sometimiento a la justicia siendo conocedores que esta no aflorará en tan desprestigiado e inútil tribunal.

Se suma este caso a la política judicializada y la justicia politizada, los falsos testigos y los ofrecimientos por colaboración, que vulneran los debidos procesos investigativos y de valoración de pruebas que terminan en el llamado show judicial tipo justicia mediática de la Fiscalía, en un engramado en el que la verdad es la gran ausente.

En la reforma de equilibrio de poderes en trámite en el Congreso, no hay cambio de fondo en materia de justicia, se mantiene el inocuo procedimiento de la comisión de acusaciones con otro nombre y apenas se hace una modificación administrativa en el papel del Consejo Superior de la Judicatura. En el Plan de Desarrollo propuesto tampoco aparecen recursos que permitan la descongestión judicial, ni la solución de los problemas que generan los paros o el hacinamiento en las cárceles.

La justicia ordinaria ya demostró su inoperancia para juzgar a los postulados de justicia y paz, así como en materia de extinción de dominio y restitución de tierras son mínimos los resultados a pesar de las atribuciones conferidas en la ley.

En La Habana las Farc pregonan permanentemente la impunidad, los negociadores buscan algo de justicia transicional, mientras la justicia en las Cortes se derrumba como un cartel de la contratación, denunciándose unos a otros. No se logra en definitiva un fuero militar acorde con la realidad nacional y no existe una adecuada defensa técnica integral de los miembros de la fuerza pública. La academia está en mora de hacer una reflexión sobre el profesional en derecho que se está graduando en las universidades, ya que parte de ellos son presa fácil de la politización o la clientelización.

Es evidente que nos es posible una transformación de la justicia con futuro en las actuales Cortes, cuyos miembros no tiene interés alguno en reformarse y preocupa el desinterés político en el Congreso para abordar una reforma que los pueda enfrentar con sectores de la justicia.

Los medios de comunicación han insinuado que tras del escándalo está la elección del Registrador y del gerente administrador de los recursos del CSJ como una anécdota más de la noticia, sin profundizar en la gravedad para el país que esto sea cierto. Estarían en juego la imparcialidad de las elecciones y el debido manejo de los insuficientes recursos para administrar justicia cuando existen intereses particulares y políticos en las elecciones de quienes participan en la designación de candidatos a los cargos citados.

Si este Congreso no aprovecha que en la reforma llamada de equilibrio de poderes se puede avanzar en transformaciones profundas en la justicia que produzcan un remezón en las hoy desprestigiadas cortes, el país se verá en la obligación de reclamar los cambios en una constituyente que a esta altura no sabríamos en qué pueda terminar.

(FIN)