Constancia/ Cuestionamientos sobre las conductas indecorosas del Fiscal: Senador Carlos Felipe Mejía

Bogotá, 22 de septiembre de 2015 (CD). La siguiente es la constancia radicada por el Senador Carlos Felipe Mejía durante la sesión plenaria.

“La controversia de los últimos días ha girado en torno al conocimiento que van teniendo poco a poco los colombianos de las actuaciones indecorosas por decir lo menos, del Fiscal General de la Nación, pero más es la indignación por la desfachatez, el cinismo y el descaro en su respuestas y en la negativa a comparecer ante este Congreso para dar las explicaciones que en buena hora pide mi colega y copartidario Senador Ernesto Macías, en el ejercicio legítimo de hacer control político a un funcionario público.

Solo me asaltan algunas preguntas las cuales quiero dejar aquí en una constancia, como para ver en qué escenario el país puede ver absueltas estas inquietudes, ya que al parecer el Congreso perdió competencia ante este funcionario hoy intocable:

¿Cuándo el país permitió y hasta ahora muchos nos estamos dando cuenta, que se fuera creando un poder omnímodo, sin control, con reserva para toda actuación e inimputable, y que quien lo ejerce pueda ser lo más parecido a un emperador?

¿Debemos entender que se convirtió en norma, que la mejor forma de defender una gestión pública es atacar a sus antecesores? Pregunta el exfiscal Gómez Méndez, ¿busca el enemigo afuera cuando se le incendia la casa?

¿Por cuánto tiempo puede un Fiscal guardar en su escritorio un proceso como el de Saludcoop, ante una solicitud del señor Palacino para aplazar una audiencia?

¿En la justicia colombiana condenan a Ministros por supuestamente ofrecer unos cargos públicos, pero puede el Fiscal contratar a los magistrados que votaron por su permanencia en el cargo?

¿En los acuerdos con los delincuentes de la contratación, cuántos recursos se han recuperado? Por los montos que se movían en estas contrataciones ¿esos recursos alcanzarían para doblar esa nómina paralela o en bien del erario público al menos sustituirla?

Los 40.000 millones de pesos en nómina paralela mediante contratación a dedo, para mejorar la calidad de los abogados de la Fiscalía, me pregunto, han servido para:

¿Evitar que se caigan los procesos que adelanta la Fiscalía con los falsos testigos?

¿Qué a la fiscalía le tumben la apresurada y muy mal sustentada acusación a los autores de los recientes atentados en Bogotá?

¿Qué el sistema acusatorio se haya convertido en aplazatorio, como ocurre con la gran mayoría de los casos que lleva esa entidad?

¿Qué los tribunales y las cortes obliguen a los fiscales a no abusar de la justicia mediática, acusando ante los medios para luego rectificar a medias?

¿Qué tengan que retractarse permanentemente de supuestos errores o malas intenciones, como en el caso de la pretendida a acusación por aborto a una reconocida actriz colombiana?

Aunque la contratación pública no es una operación de mercado, existen reglas para que se garantice un pago justo y el menor posible mientras se cumpla con el objetivo de los contratos.

Me pregunto si la onerosa contratación del Fiscal fija unos recursos para toda la administración pública. Si el Fiscal contrata a determinados precios y él los justifica, ¿pueden de ahora en adelante autoridades territoriales, entidades descentralizadas y el mismo Gobierno Nacional contratar a precios similares a los que contrata el ente que investiga la corrupción en la contratación estatal?

Son solo algunas preguntas de muchas que nos hacemos los colombianos, y hoy también vemos como se está tramitando un proyecto de ley que reforma el código penal, según el cual las pruebas y la valoración de estas no tiene importancia, solo sería válido el contexto. Es decir ¿la interpretación del Fiscal? ¿Para qué sistema de justicia sin debido proceso? ¿Para dónde vamos con este todopoderoso Fiscal Eduardo Montealegre? Dios nos proteja.

(FIN)