La Constituyente como camino hacia la paz: Óscar Iván Zuluaga en su discurso de instalación

Bogotá 17 de diciembre de 2015

 1. Como se construyó la verdadera paz en el Gobierno Uribe

Somos amigos de la paz basada en la justicia. Siempre lo hemos sido y los hechos así lo demuestran. Los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe son el testimonio más claro de que sí es posible avanzar en la búsqueda de una paz verdadera. Gracias a la política de seguridad democrática se logró debilitar y desarticular a los grupos al margen de la ley como nunca antes en la historia del país, bajo lo premisa orientadora de que su propósito era llevarlos a una mesa de negociación en condiciones dignas para la sociedad. La política así planteada en ningún momento se basó en el aniquilamiento de los actores terroristas. Es importante recordar este hecho porque quienes justifican la forma como el gobierno actual decidió adelantar los diálogos con las FARC parten del supuesto errado de que la política de seguridad democrática en ocho años no pudo aniquilar la organización narco terrorista, lo que confirma el desconocimiento elemental de los alcances de la política trazada. Nunca se trató de aniquilar; siempre fue cuestión de garantizar la seguridad y asegurar condiciones dignas y aceptables para una eventual negociación.

 

Los colombianos en el gobierno de la seguridad democrática vivieron y sintieron la paz porque encontraron la unión de la institucionalidad y los principios democráticos, aplicados sin la necesidad de acomodar la Constitución para satisfacer los requerimientos de los actores al margen de la ley. Como nunca antes, nuestro ejército tuvo el respaldo político de su Comandante en Jefe para estar a la ofensiva sin dilaciones, lo que se tradujo en altos niveles de confianza ciudadana. Gracias a esa renovada confianza se hizo posible la denuncia como principal fuente de información contra la criminalidad. La respuesta de nuestras Fuerzas Militares siempre estuvo sometida al mandato constitucional de la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

 

Pero la paz no solo se sintió por la respuesta de nuestro ejército. De la mano de la seguridad democrática no solo se redujeron sin excepción todos los indicadores de violencia, sino que vino el auge de la inversión fruto de la confianza en la economía. Nuestro país recuperó altas tasas de crecimiento económico, lo que significó una reducción de la pobreza sin antecedentes tanto en las áreas urbanas como rurales. Colombia se transformó en un país seguro para vivir y para invertir, aspectos esenciales para alcanzar una paz estable y duradera.

 

Los diferentes esfuerzos de negociación con los grupos al margen de la ley siempre estuvieron condicionados al cumplimiento de los más elementales requisitos de justicia. Una prueba irrefutable fue la Ley de Justicia y Paz, que logró el sometimiento de paramilitares y guerrilleros a la justicia ordinaria con incentivos de reducción de penas, pero pagando cárcel, sin elegibilidad política y sin renunciar a la extradición. Las víctimas y la población desplazada tuvieron pleno reconocimiento y se diseñaron políticas públicas para su atención social y económica para así garantizar el goce efectivo de sus derechos. El programa de desmovilización y reinserción garantizó la resocialización exitosa de cerca del 70% de sus participantes.

Estos precedentes trazaron un camino de cómo debe ser abordada la búsqueda de la paz con procesos de negociación que no debiliten la democracia y sus instituciones.

 

2. La negociación actual con las FARC.

El actual gobierno trazó una ruta llena de riesgos e incertidumbres que inició con el reconocimiento de un supuesto conflicto interno armado (distinto de la realizada de una amenaza terrorista), que ha llevado a que las FARC a lo largo de todo el proceso de negociación tengan un tratamiento de iguales al Estado y sea la única ganadora con lo negociado hasta la fecha. Veamos lo que han ganado las FARC:

  • No se les exigió el cese unilateral y siguieron delinquiendo y negociando por vía del narcotráfico y la extorsión;
  • Lograron el aval de cerca de 30 países en la comunidad internacional ;
  • Tienen a los generales activos negociando en La Habana, lo que no había ocurrido ni en
  • épocas de El Caguán;
  • Lograron que el Congreso aprobara el Marco Jurídico para la Paz, a pesar de que hoy
  • desechan su aplicación;
  • Lograron un trato igualitario a los militares, e incluso superior. El Presidente Santos ha
  • dicho que a los militares en problemas judiciales les va a dar por lo menos el mismo
  • tratamiento que a las FARC;
  • Se les diseñó un Sistema Judicial Especial a su medida, por encima de la justicia ordinaria
  • del Estado colombiano;
  • Se les aceptó el narcotráfico como conexo con el delito político y la garantía de no
  • extradición;
  • No van a pagar un solo día de cárcel;
  • Los cabecillas gozarán de elegibilidad plena, aunque hayan cometidos crímenes atroces;
  • No hubo exigencia alguna de entrega del dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas;
  • Lograron pasa de victimarios a víctimas al colocar a las FARC en igualdad de condiciones a los agentes del estado y la sociedad civil.

Y como si esto fuera poco, el gobierno violenta las instituciones y le hace conejo a los ciudadanos como si fueran unos convidados de piedra en la construcción de su propia paz. Se recurre a la convocatoria de un plebiscito como mecanismo de refrendación, que en el fondo disfraza un referendo semejante al de 1957 y somete a un simple sí o no los acuerdos de la Habana, que en el solo tema de justicia transicional tiene 75 puntos. Se reduce el umbral con el argumento de que es muy alto el original, lo que evidencia el temor y desprecio por la democracia para el tema más importante de los colombianos: la paz. Se sustituye el Congreso por un congresito para aprobar de manera rápida actos legislativos y leyes estatutarias y se introducen facultades extraordinarias para el Presidente para expedir decretos con fuerza de ley que aseguren la implementación de los acuerdos negociados.

 

Es decir: se modifica toda la arquitectura institucional y constitucional para garantizarle a las FARC el cumplimiento de los acuerdos. La justificación que dan el gobierno y sus negociadores es que la Constitución tiene que estar al servicio de la paz; doctrina que crea un precedente funesto para futuros gobiernos y la preservación de las normas constitucionales, y por ende para el estado de derecho

 

3. De la paz del gobierno a la paz popular

 

Desde que se inició el proceso de negociación en La Habana nuestro partido ha mantenido una posición crítica, constructiva y coherente. En la pasada campaña presidencial, a pesar de haber sido señalado como el candidato de la guerra, obtuvimos el 46% de respaldo ciudadano. Nuestra bancada de congresistas con el liderazgo del Presidente Uribe desde el 20 de Julio de 2014, le ha venido revelando al país de manera juiciosa y sustentada la inconveniencia de las iniciativas en materia legislativa para la refrendación y la puesta en marcha de los eventuales acuerdos de La Habana. A pesar de la solidez de los debates de nuestros senadores y representantes, nuestra voz no ha sido considerada por el gobierno nacional y se ha aplicado la aplanadora de los partidos de la Unidad Nacional para imponer la visión de la paz del gobierno, en detrimento del propios proceso de negociación, que tanto podría beneficiarse de nuestros planteamientos.

 

En las últimas cuatro semanas el Presidente Uribe ha hecho magistrales debates y le ha propuesto al país tres hechos que quisiera retomar: el primero es la necesidad de construir un gran acuerdo nacional; el segundo, una constituyente como mecanismo de refrendación; y un tercero que es preferible que el Presidente firme el acuerdo de La Habana asumiendo el costo político y no someter al país al plebiscito aprobado por el Congreso.

 

Por eso quiero proponer hoy que avancemos en esa dirección. La única vía para construir una paz estable y duradera que interprete a todos los colombianos y una el sentimiento de todos los sectores sociales y productivos, es la de un espacio de participación real en la discusión de la refrendación y puesta en marcha de los acuerdos. Y esto se logra únicamente con una constituyente de origen popular en los términos que consagra nuestra Constitución y la ley 134 de 1994.

 

Una Constituyente convocada en los términos de la ley 134 permite acotar el riesgo de desbordamiento de quienes se oponen a este mecanismo. Si hay un acuerdo nacional entre los partidos se puede tramitar una ley ordinaria la cual definiría la consulta ciudadana que convocaría la constituyente. Dicha ley va a control de constitucionalidad sobre aspectos de forma.

 

La ley define el alcance de la constituyente, los temas, composición, sistema de elección de los miembros y duración. Aprobada la ley, se somete a consulta ciudadana la convocatoria de la constituyente con los detalles expuestos en la ley, lo cual delimita lo que ésta puede hacer. La consulta, fruto de un gran acuerdo con la participación de todos los sectores políticos, obtendría el umbral requerido cercano a los diez millones de votos, lo que sí constituye un genuino mandato ciudadano para garantizar una paz estable y duradera. Una constituyente permite que la ciudadanía de apropie de la paz; un plebiscito amañado es, por el contrario, un endeble vehículo de supuesta refrendación sin verdadera deliberación ni apoyo popular espontáneo y mayoritario.

 

Una vez aprobada la convocatoria vendría la posterior elección de los miembros de la Constituyente para adelantar la tarea de refrendar e implementar los acuerdos, con la pausada deliberación necesaria para los asuntos de hondo calado constitucional y ciudadano. Aquí hay tanto en juego que no podeos reducir el proceso de refrendación a aun “sí” o un “no”, sin más.

 

Esta propuesta reemplazaría el plebiscito, el acto legislativo para el congresito y las facultades extraordinarias. Una constituyente limitada pero de auténtico origen popular haría posible que las negociaciones del gobierno con las FARC avancen sin interferencia alguna y no modifica el horizonte de tiempo que hoy se le ha presentado al país para la implementación de los acuerdos. Pero la gran diferencia es que el proceso tendría en ese escenario la legitimidad que de un verdadero acuerdo nacional, muy superior a las actuales vulneraciones de la constitución y a la espuria convocatoria electoral de un plebiscito amañado.

 

Sólo por vía de una constituyente podríamos transitar de una paz del gobierno a una paz popular, una paz de y para todos los colombianos.