Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
¿Debe el Gobierno limitarse a construir viviendas nuevas o también ha de enfocar sus esfuerzos en mejorar las condiciones de las actuales?
Esta pregunta, más allá del debate frente a las problemáticas en que se encuentra inmersa buena parte de la población, plantea un cuestionamiento de fondo respecto del énfasis de política social que el Gobierno debe adelantar en el sector de la vivienda.
Como tal, para nadie es un secreto que el país ha logrado disminuir del 12.6 % en el 2005 al 5.2 % en el 2017 el número de personas que no tienen casa, lo cual se denomina déficit cuantitativo de vivienda.
Sin embargo, las cifras del déficit cualitativo, que mide el número de personas que viven en casas con malas condiciones, siguen siendo muy altas: 9.2% lo que significa que cerca de 4 millones de habitantes en todo el país, que en la mayoría de los casos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, necesitan un mejoramiento de vivienda urgente.
Para solucionar esta problemática el Gobierno Nacional, cumpliendo un compromiso de campaña del Presidente Duque, lanzó el año pasado el programa Casa Digna Vida Digna, el cual busca mejorar 600 mil viviendas en estos cuatro años y cuya inversión asciende a los 3 billones de pesos.
Para lograrlo se desarrollan tres ejes: el apoyo a la titulación, la intervención física y el mejoramiento del entorno. Además, se realiza un trabajo articulado entre el Ministerio de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura, los cuales se encargarán de actuar frente a 225.000, 320.000 y 50.000 viviendas respectivamente.
Sin lugar a dudas, los resultados de este programa ya se están empezando a ver. De la meta total a corte de 30 de septiembre de este año ya se han mejorado 111.756 viviendas, esto es casi el 20 % del total, lo cual hemos visto en las regiones cuando, por ejemplo, en junio de este año el Ministerio de Vivienda anunció que 400 familias de Rionegro se beneficiarán de la iniciativa.
Teniendo en cuenta este panorama, es fundamental que los mandatarios territoriales que lleguen al poder el próximo 1 de enero garanticen en sus planes de gobierno el desarrollo de los proyectos de mejoramiento de vivienda en coordinación con el Gobierno Nacional, para aprovechar la oportunidad de transformar las condiciones de vida de los compatriotas más vulnerables.
De esta manera, se logra dar un nuevo enfoque a la política de vivienda en el país, donde la calidad de la infraestructura se entiende como un elemento crucial para dignificar el devenir de las familias colombianas.