Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
¿Qué va a pasar tras la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la Ley de Financiamiento? ¿Se va a ver afectada la inversión? ¿Puede el Congreso aprobar el mismo texto promulgado el año pasado? ¿Por qué la Corte difirió la inconstitucionalidad de la Ley hasta el 31 de diciembre de este año?
Todas estas preguntas surgieron a raíz del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la Ley de Financiamiento, hecho que ha alarmado a los inversionistas que vieron en nuestro país un lugar propicio para hacer empresa. Sin embargo, hay que hacer un llamado a la calma por las siguientes razones:
En primer lugar, la Corte tumbó la Ley porque cuando la Cámara de Representantes acogió el texto aprobado por el Senado, este no había sido publicado. Es decir, el problema radicó en un vicio de forma y no de fondo. Esta precisión, cabe señalar, es fundamental, dado que cuando la Corte declara inconstitucional una Ley por aspectos de fondo, el Congreso no puede replicar dicho contenido a futuro, situación que no sucede en este caso.
En segundo lugar, la inconstitucionalidad diferida de la Ley hasta el 31 de diciembre de este año fue un acto de sensatez y responsabilidad fiscal por parte de la Corte, dado que: por un lado, mantiene estables las condiciones tributarias para el sector privado por lo que resta del año. Por otro lado, le da un tiempo razonable al Congreso para que apruebe una nueva Ley.
En tercer lugar, el Parlamento está llamado a aprobar la nueva Ley de Financiamiento con el menor número de modificaciones posibles respecto a lo acordado el año pasado. Los efectos de esta iniciativa han sido notables y el país no se puede privar de tener una de las iniciativas más avanzadas en materia tributaria de las últimas décadas.
Por ejemplo, esta Ley permitió disminuir la carga tributaria del 70 % al 50 % en el primer año y se espera que ese indicador llegue hasta el 45 %. Este es, quizás, el mayor avance de esta iniciativa, debido a que, mientras en promedio los países de la OCDE tienen una tasa impositiva del 39.9 %, la nuestra era la décima más alta en el mundo.
Además, gracias a la Ley la inversión extranjera directa aumentó un 24 % en el primer semestre de este año y el recaudo tributario, a corte de junio, incrementó un 10.3 % respecto del 2018, lo cual ha permitido perfilar a nuestro país como el cuarto en la región con mejor clima para los negocios.
Por eso, la aprobación de la nueva Ley de Financiamiento es fundamental. Los dos aspectos en los que el indicador Doing Business más castiga a Colombia es en el pago de impuestos y la seguridad jurídica, los cuales son abordados integralmente por una iniciativa que: fortalece la confianza inversionista y convierte a nuestro país en un destino atractivo para el capital privado local y extranjero.
@nperezvasquez