Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
¿Cómo opera la reducción de los aportes a salud de los pensionados que reciban 1 salario mínimo? ¿A partir de cuando se aplicará? ¿La reducción de la cotización del 12% al 4% será inmediata o progresiva? ¿Cuál es el impacto social de esta medida? ¿Es este un acto de populismo o una reivindicación histórica con los jubilados? ¿Por qué debemos diferenciar entre igualdad y equidad?
El fin de semana pasado el Presidente Iván Duque socializó en Medellín, junto con la Ministra Alicia Arango, el Alcalde Daniel Quintero y el Gobernador Aníbal Gaviria, una de las acciones de impacto social más determinantes que se han tomado en los últimos años en el País: la reducción de los aportes a salud del 12% al 4% de los pensionados que perciban 1 salario mínimo.
Este, que era un reclamo histórico de dicho sector, a la hora de la verdad había sido vilmente materializado para ganar apoyos en las elecciones sin que se lograran resultados concretos. Por ejemplo, Colombia todavía recuerda cómo la anterior administración en 2017, alegando falta de recursos, objetó la Ley expedida por el Congreso que lograba este fin, lo cual sepultó por completo dicha iniciativa.
Por eso, la reivindicación institucional con los jubilados del País no daba espera y a finales del año pasado en el Congreso, con el decidido apoyo de este Gobierno, sacamos adelante en la Ley de Crecimiento Económico la mencionada reducción. En concreto, esta se llevará a cabo de la siguiente manera:
Durante 2020 y 2021 el aporte a salud de los pensionados con 1 salario mínimo disminuirá del 12% al 8%, lo cual implica un ahorro mensual de $35.112 y anual de $421.344. Acto seguido, a partir del 2022 la cotización se reducirá del 8% al 4%, hecho que implica, en cálculos actuales, una economización total de $70.224 mensuales y $842.688 anuales.
Es decir, con esta medida los 941.000 pensionados que actualmente reciben un salario mínimo, que son casi el 50% de los jubilados del País, terminarán percibiendo casi que una mesada adicional al año, la cual no corresponde a un regalo caritativo del Gobierno, sino a un acto de justicia con los compatriotas que sacaron adelante a este País y que ahora deben disfrutar de un merecido descanso.
Dicho esto, hay un segundo aspecto sumamente importante que trasciende esta discusión. La acción tomada por el Congreso y apoyada por el Gobierno Duque es un paso más para lograr una mayor equidad en el sistema pensional y en la sociedad. Me explico:
Con el aporte a salud de los pensionados ocurre una situación bastante similar al pago del IVA. Así como el mismo 19% adicional sobre el valor de cada producto lo deben pagar por igual los que se ganen un salario mínimo y los que perciban 20 millones mensuales, el idéntico 12% de aporte a salud lo deben cancelar tanto los jubilados que reciban un salario mínimo como los que gozan de las millonarias mega pensiones.
Esta realidad, en el caso del IVA, significa que el pago de este impuesto representa el 11.5% de los ingresos mensuales de una familia de escasos recursos, mientras que para las personas adineradas este tributo solo implica el 2.2%. En el caso de las pensiones, la situación no es muy diferente. El hecho que un jubilado con salario mínimo pague el 12% por concepto de aporte a salud, que son 105.336 pesos mensuales, implica que tiene que subsistir con solo $772.467 pesos al mes, mientras que, por ejemplo, un retirado que perciba $10 millones mensuales y aporte $1.2 millones a salud, tiene un restante de $8.8 millones mensuales.
Debido a esta situación, hay que tratar con desigualdad a los Colombianos. Tal como lo afirmó el Gobernador Gaviria, el sistema pensional debe diferenciar entre los conceptos de igualdad y equidad. Mientras que el primero es dar a todas las personas lo mismo, el segundo es dar a cada uno lo que necesita y ese es precisamente el camino que debemos seguir cuando abarquemos las discusiones acerca del modelo de jubilación de nuestro País.
Esta propuesta fue un compromiso de campaña tanto del Presidente Duque como de todo el Centro Democrático. Ahora, con la satisfacción del deber cumplido en este aspecto, continuaremos trabajando para construir una Colombia más segura, prospera y equitativa.