Por. Margarita Restrepo

Comparto la preocupación e indignación del gobierno nacional, respecto del informe del jefe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, para nuestro país.

Ese tipo de veedurías, son muy importantes, siempre y cuando se realicen con apego a la verdad y con un criterio puramente técnico y profesional, virtudes de las que carece el señor Alberto Brunori que, recordemos, en el pasado fue retirado de Guatemala por interferir en los asuntos internos de aquel país.

Emilio Archila, consejero del presidente Duque para la estabilización y consolidación, es el funcionario encargado de hacer realidad el objetivo del gobierno de crear una paz con legalidad. Conocido el informe de Brunori, el consejero Archila, cifras en mano, compareció ante los medios de comunicación, con el propósito de evidenciar las mentiras del delegado de Michelle Bachelet en nuestro país, concluyendo que el informe era una “chambonada”.

Me preocupa que desde la ONU, se insista en hacer politiquería con los Derechos Humanos. Ha quedado claro que el señor Brunori tiene unos sesgos ideológicos que obnubilan su labor profesional.

Otro aspecto en el que él se está entrometiendo, tiene que ver con el aborto. De manera inaceptable, ha dicho que Colombia debe proceder a despenalizar esa práctica para que el aborto pueda proceder sin limitaciones.

Indigna que el supuesto encargado de hacer valer el respeto por los Derechos Humanos en Colombia, tenga una posición tan arbitraria respecto de los derechos de los niños que están en los vientres de sus progenitoras.

Amparándose en unas supuestas “recomendaciones” y “estándares internacionales”, el señor Brunori está interviniendo en un debate sobre el que la Corte Constitucional se deberá pronunciar en las próximas semanas, y frente al que muy posiblemente se convocará un referendo.

Es inaceptable que un alto funcionario de la ONU, pase por encima de la libre determinación del Estado colombiano, interviniendo en asuntos domésticos que no son de su competencia y presentando informes sesgados, colmados de imprecisiones, verdades a medias y muchísimas mentiras.

La falta de confianza en las oficinas de Naciones Unidas, aumenta exponencialmente por comportamientos como el de Brunori, una persona compleja que, como mencioné arriba, salió de Guatemala en muy malos términos, precisamente por su proclividad a manipular realidades para construir fantasías que se acomoden a su agenda ideológica.

Claro que necesitamos mejorar la promoción y la defensa de los Derechos Humanos. Es urgente, por ejemplo, que las Naciones Unidas, entren de lleno en la documentación y denuncia de los casos de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales, uno de los delitos de mayor gravedad que se continúa cometiendo en nuestro país.

La ONU sirvió de validadora del acuerdo celebrado entre Juan Manuel Santos y los terroristas de las Farc. Ellos, recibieron -en absoluto secreto- las supuestas armas entregadas por la banda delincuencial liderada por alias “Timochenko”.

Con frustración, los colombianos registramos que la oficina de Brunori, está del lado de los victimarios y no del lado de las víctimas. ¿Por qué no ha atendido el clamor de las mujeres que fueron esclavizadas por las Farc para conocer el modus operandi de ese grupo, que sigue delinquiendo a través de miles de hombres en condición de disidentes? ¿Por qué el señor Brunori, no se toma la molestia de alzar la voz en contra de las estructuras delincuenciales que nutren sus filas con menores de edad?

Cuando se trata de defender los Derechos Humanos, hay que llorar por ambos ojos. Y, desafortunadamente, quien hoy representa a la ONU para esos menesteres, es un funcionario con un sesgo ideológico tan grande, que en vez de ejercer como delegado, está haciendo el papel de parte interesada.