Por: Gabriel Vallejo
@GabrielJVallejo

 

Hace más de 70 días, el presidente Iván Duque le anunció al país que entraría en una etapa de aislamiento obligatorio debido a la llegada del COVID-19. Hoy por hoy, la medida le ha quitado crecimiento exponencial al virus, pero, de igual manera el desastre en materia económica es monumental y sin precedentes históricos.

Con este panorama que se vislumbra en un futuro no tan lejano, el Gobierno Nacional emprendió de manera paulatina, el proceso de reactivación económica en diferentes sectores. De acuerdo a un informe presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, a la fecha más de 195 alcaldías municipales y distritales han realizado el registro en la plataforma ‘Colombia Sigue Adelante’, lo que representa el 74% del universo de empresas en el país y el 76% del potencial de empresas habilitadas.

Sin embargo, el caso de Bogotá merece una atención especial, toda vez que la actividad empresarial de la capital representa el 25% del PIB nacional. La tendencia caprichosa de la alcaldesa, Claudia López, tiene en vilo a los ciudadanos; el manejo del coronavirus ha sido un completo fiasco, el confinamiento debe tratarse de manera sosegada, pero con constante seguimiento y prevención. Además, su rebeldía y egocentrismo tienen en jaque el tejido empresarial bogotano, así lo demuestran las cifras y lo relatan los empresarios.

Bogotá tiene casi 800.000 empresas registradas (sin  contar las informales) y solamente 42.734 han sido aprobadas para su reapertura; la proporción de apertura en Bogotá es apenas del 5.4% del total de las empresas registradas en la ciudad, sin hablar del engorroso proceso por el que tiene que pasar cada empresa para que le den el visto bueno: más de 6 procesos burocráticos.

Hay una absoluta desconexión de López y las necesidades de la capital. Su intención no es gobernar, sino hacer política y quizá conseguir réditos a mediano y largo plazo, sus caprichos están saliendo caros, las soluciones deberían ser apoyo en gestión, capacitación y crecimiento, no impuestos al patrimonio para los empresarios y a la gente que produce.

Con gran decepción y desconcierto la alcaldesa manifestó como su gran programa de reactivación económica de la capital el otorgamiento de una renta básica universal por 4 años, un confinamiento indefinido o al menos bastante restringido y la solicitud al gobierno nacional de la imposición de un impuesto al patrimonio de quienes durante toda su vida han ahorrado y formado su capital de manera honrada.

Me hubiera gustado escuchar de la alcaldesa, hablar de una reducción significativa de impuestos, de la eliminación de trámites y requisitos para crear empresa, de fortalecer clústers y aprovechar esta crisis para modernizar el aparto productivo bogotano, los cuales en nuestra opinión deben ser los bastiones para aliviar las condiciones de emprendedores y empresarios. ¡Basta de caprichos y necedades! Bogotá debe frenar cuanto antes el crecimiento indiscriminado de empresas en quiebra y enfocarse en la mejor política social de todas: la generación de empleo.