Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Mejorar la prestación del servicio de salud en Antioquia es una causa común que no tiene discusión. Para hacerlo, no solamente necesitamos supervisar eficientemente el accionar de las EPS y tener un talento humano de calidad, sino también gestionar nuevas fuentes de financiación. Si somos francos, de nada sirven las buenas intenciones si no contamos con los medios económicos para hacerlas realidad.
Desafortunadamente, la situación financiera de los 131 hospitales públicos del Departamento no ha sido la mejor. En efecto, la deuda que tenían las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, con estos pasó entre 2012 y 2018 de $500 mil millones a $1.1 billones. Además, solamente para 2017 la reducción del recaudo de estas entidades fue del 64% y la deuda con los trabajadores de la salud superó los $730 mil millones.
Sin embargo, en medio de esta difícil situación ha habido una fuente de financiación estable que ha permitido mejorar la infraestructura hospitalaria del Departamento: la estampilla pro hospitales públicos de Antioquia, la cual fue creada en el 2001.
En términos concretos, la estampilla es un impuesto territorial donde, por ejemplo, se recauda un porcentaje del monto total de los contratos que las personas suscriban con el Departamento para destinar dicho rubro a la financiación de proyectos de los hospitales.
En ese entonces, hace 19 años, el Congreso autorizó a la Asamblea de Antioquia a expedir dicho tributo con un monto máximo de recaudo de $200 mil millones a precios de 1999, lo cual se traduce en cerca de $550 mil millones actuales.
No obstante, hace dos años y viendo el éxito de esta medida un grupo de Representantes a la Cámara antioqueños, liderados por Esteban Quintero, y el suscrito desde el Senado de la República presentamos un proyecto de ley que buscaba aumentar dicho tope a $400 mil millones.
Afortunadamente, y después de varios meses de discusión, esta semana en el Senado aprobamos en último debate esta iniciativa, la cual será promulgada en los próximos días por el Presidente Iván Duque.
¿Qué significa esto? Les explico:
Desde 2003 hasta 2018 la estampilla había logrado recaudar, a precios de 1999, $103 mil millones de los $200 mil millones establecidos. Es decir, salvo que sucediera algo extraordinario este tributo habría cumplido su vida útil en 2031.
Por eso, la ampliación del tope de recaudo a $400 mil millones, de 1999, garantiza que los hospitales públicos del departamento tengan la posibilidad de acceder a cerca de $1.1 billones actuales a lo largo de las próximas tres décadas.
Al respecto, cabe señalar que estos recursos no les son entregados automáticamente, sino que los hospitales deben presentar ante la Secretaría de Salud proyectos estructurados donde se estipule detalladamente en qué se va a gastar la plata, de tal forma que se eviten actuaciones indebidas.
Ahora, ya cumplida nuestra labor en el Congreso, el balón está en el campo de la Asamblea Departamental. En efecto, en la ley que acabamos de aprobar establecimos que será esa corporación la encargada de establecer los pormenores de esta estampilla. La razón, es que desde la Asamblea se puede realizar un debate mucho más cercano a las necesidades locales. Además, en caso de ser necesario realizar alguna modificación es más rápido llevarla a cabo desde esa corporación
La defensa de la salud del Departamento es una causa que nunca dejaré de defender. Las 3.8 millones de personas afiliadas al régimen contributivo y las 2.4 millones cobijadas por el régimen subsidiado podrán tener la seguridad que el mejoramiento constante de la infraestructura hospitalaria de Antioquia será una realidad gracias a nuestra iniciativa.