Al final de la legislatura, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que elaboré y presenté hace 6 años: el del aumento de penas por el delito de reclutamiento forzado de menores de edad.
La experiencia y la teoría indican que, desafortunadamente, las sanciones penales por si mismas no disuaden a los delincuentes. No voy a extenderme sobre el asunto, pues tengo la firme convicción de que en nuestro país hace falta -desde hace mucho tiempo- una política de Estado integral para la prevención y sanción del reclutamiento forzado de menores.
Hace falta que la administración de justicia actúe con la debida celeridad. Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su vigésimo informe global sobre la trata de personas, en el que Colombia ocupó un capítulo especial.
Uno de los datos de aquel documento es escalofriante. A pesar de que nuestro país ocupa la deshonrosa condición de ser el que tiene mayor número de niños reclutados en el hemisferio occidental, desde el año 2017 no se profiere una sola sentencia condenatoria por ese crimen.
La impunidad es, de lejos, la principal aliada de las organizaciones armadas ilegales que nutren sus filas con menores de edad.
Entonces, el Estado como un todo, tiene el deber de diseñar e implementar una estrategia eficaz para proteger a los niños que son vulnerables y habitan en zonas de riesgo -cuyo número crece aceleradamente-.
Así mismo, la fiscalía no puede seguir marchando a paso de tortuga en las investigaciones y cuando los procesos lleguen a los jueces, estos deben contar con herramientas que les permita impartir castigos ejemplarizantes. Y ahí es donde toma importancia el proyecto de ley al que hago referencia y al que solo le resta hacer su tránsito por el senado de la República.
La situación de los niños reclutados es espeluznante. Durante estos tiempos de confinamiento, cuando el país entero está concentrado en la atención de la pandemia del COVID-19, los miembros de los grupos armados ilegales han sacado provecho de la situación reclutando menores de edad en diferentes regiones del país.
La esclavización de niños es otra pandemia que está creciendo silenciosa pero aceleradamente. Se estima que en los primeros 5 meses de este año, más de 130 menores han sido reclutados. Además de cuidarnos para evitar el contagio del coronavirus, tenemos que proteger celosamente a todos los niños de Colombia para evitar que caigan en las garras de los criminales.