Paloma Valencia L.  
A veces pareciera que los promotores del acuerdo de La Habana consideran que una vez elegido Iván Duque como presidente, todos los vicios de legitimidad de ese acuerdo quedaron subsanados y que el Presidente como su partido estamos obligados a cumplirlos a pie juntillas. La promesa de Duque fue no hacer trizas los acuerdos, y fue también hacer las modificaciones necesarias para que los puntos más significativos que defendimos con el NO, pudieran aceptar los acuerdos.
Los defensores del acuerdo parecen convencidos de que la actitud del gobierno anterior puede continuar: la de imponer, la de forzar, la de desconocer la voluntad de los colombianos que votamos en contra los acuerdos.  Insisten en que el gobierno está obligado a cumplir, porque así lo prometió Santos como presidente, y su firma nos obliga a todos. Olvidan que Santos prometió respetar la voluntad de los colombianos –la del plebiscito- y esa promesa fue clave para su reelección. Olvidan que el NO ganó, y olvidan que Duque fue líder del NO, y ahora es presidente.
Hemos sido siempre amigos de un gran acuerdo nacional. Así tratamos de hacerlo cuando vencimos en el plebiscito –pese a que todo estaba en contra-. Con generosidad e interés en que el país pudiera concertar en unidad aceptamos mesas de negociación. Gastamos días en ello. Santos sin pudor nos hizo conejo; era más sencillo y práctico usar las mayorías de la mermelada e imponerlo todo. Ahí se perdió una gran oportunidad.
Nosotros seguimos en la misma línea: queremos un acuerdo nacional. Estamos dispuestos a ceder en algunos temas, pero encuentro que en los del SÍ no hay esa flexibilidad. No quieren negociar nada, quieren mantener todo idéntico, imponer, como se venía haciendo. No será así. No puede serlo.
Tratamos de explicarles varias veces la importancia de garantizar un juzgamiento con garantías para los miembros de la Fuerza Pública, y lejos de empatizar en la necesidad de construir una justicia que goce de legitimidad para todos, insisten en un acto simbólico, poco significativo para lavarle la cara a los pecados sobre los que se cimienta esa institucionalidad. El acuerdo era un inicio, pero iba por mal camino, y por los tiempos, casi podríamos decir que esta agónico.
La representación de las víctimas es un necesidad, pues los victimarios ya están ahí; impunes. Insisten ellos sin embargo, en imponer el caduco modelo de las 16 circunscripciones sobre los territorios donde las FARC consideran que tienen mayor asiento. Zonas en donde se encuentra tan solo el 36% de las víctimas, y donde hoy otras fuerzas de facto y violentas ejercen o pretenden ejercer control. Las elecciones en esos sitios en nada mejoran la representación o la inversión estatal, se limitaran a un burdo ejercicio donde los violentos tendrán, otra vez, la oportunidad de imponer por el miedo, la representación política. Presiento que será un nuevo mecanismo para dotar de discurso político las violencias que subsisten. Puede serlo.
Queremos en cambio una elección donde todas las víctimas participen. Es decir que los colombianos inscritos en el registro único de víctimas puedan votar, y elegir entre los candidatos -que también estén inscritos en ese registro- ocho representantes. De estos, dos deberían ser miembros de la fuerza pública que hayan sido víctimas de secuestro, minas antipersonales, u otros graves delitos.  Esto nos permitiría representación y participación de las víctimas, incluso aquellas desplazadas; y voces diversas y reales de quienes tienen las heridas físicas de esta violencia.
No vamos a imponer. Sabemos a lo que eso conduce. Tendremos que llegar a acuerdos, pero para ello el primer requisito es que los defensores del acuerdo, entiendan que los del NO existimos, existiremos y seguiremos exigiendo modificaciones sin las cuales no se puede hablar de un acuerdo vinculante para todo el país.