Opinión por: Adriana Collazos Ortiz
Para comenzar el 2019 con el pie derecho, decidí analizar las herencias de las cifras de los últimos dieciséis años de gobierno en Colombia, el periodo del presidente Álvaro Uribe, 2002-2010 y el periodo del presidente Juan Manuel Santos, 2010-2018. Lo anterior, para poder otorgar a cada quien las responsabilidades de lo que fue su gestión y poder juzgar sin sesgos, y con base en hechos claros y no en pasiones u odios inspirados por algún caudillo de turno, las políticas que actualmente nos propone el presidente de la República, Iván Duque.
En primer lugar, debemos entender que las cifras están arraigadas a la realidad de un país en un momento dado, a una población específica y a un plan de gobierno de cada mandatario. Ninguno de los ex presidentes de Colombia, por mucho que lo quisieran, podría haber terminado con la pobreza del país, ni acabado con el flagelo de la guerrilla, ni con la corrupción. Por ende, los números no serán perfectos para ninguno de ellos, pero nos pueden esclarecer por dónde iba nuestro país bajo las anteriores administraciones y darnos luces de cuál gestión fue más conveniente para los colombianos y para el nuevo presidente de la República.
En el año 2002, el entonces presidente Álvaro Uribe recibió un país en el que no existía la confianza inversionista, el problema de la guerrilla apenas se había hecho visible a nivel internacional con las conversaciones de paz y la entrega de la zona de distensión a las FARC, además, no se podía viajar libremente entre distintas ciudades de Colombia, por miedo al secuestro o a la muerte.
La zona de distensión entregada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana, era más de 42.438 km² de tierra, ubicados en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán, donde a falta de control militar, la guerrilla se fortaleció militar y económicamente. Era la ley del fúsil, pues las Fuerzas Armadas de Colombia no podían ingresar en dicha zona para proteger a la población civil; una época de guerra para los colombianos, donde las FARC delinquían constantemente sin piedad, asesinaban a rehenes que mantenían en estado infrahumano y condiciones extremas, secuestraban, robaban, cometían atentados y demás crímenes de lesa humanidad. Además de esto, en el resto de Colombia sufríamos el flagelo de los paramilitares y otras guerrillas, como el ELN.
En el año 2010, en contraposición a lo anteriormente descrito y después de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, el presidente Juan Manuel Santos encontró un país completamente distinto. En el periodo 2002-2010, la confianza inversionista se habría restablecido y duplicado, las FARC se encontraban disminuidas, al igual que los cultivos de coca, los secuestros también habrían bajado y se habrían reconquistado las diversas rutas de Colombia; además, los paramilitares se habrían desmovilizado y, algunos, habrían sido extraditados a Estados Unidos. No solo el 2010 prometía un mejor futuro para nuestro país a nivel de seguridad, sino también, se habían recuperado las instituciones y su credibilidad, el país creía más en las distintas ramas del poder público y era un país con mayor identidad.
El entonces presidente Uribe entregó al presidente Santos, un país austero, que creía en sí mismo, con mejores conexiones viales entre las diversas regiones y más viviendas de interés social, con mayor seguridad y una guerrilla desmoralizada, con más tecnología y programas sociales de mejor ejecución. Si bien no era un país perfecto, para el 2010, habíamos avanzado mucho.
De acuerdo con el DANE, los homicidios del año 2002 al 2010, habrían disminuido en un 46,28%; y según un Informe del Ministerio de Hacienda[1], el secuestro del 2002 al 2009, habría disminuido un 93%; la extorsión del 2002 al 2009, se habría reducido un 42,29%; y los atentados terroristas, del 2002 al 2010, habrían bajado en un 75,3%. Además, las hectáreas de cultivos de coca[2], también se habrían disminuido en un 28,3%.
De otro lado, para el 2017, y de conformidad con las mismas fuentes, el homicidio continuaría con su tendencia a la baja, pero solamente en un 20,9%, el secuestro también se habría reducido, en 10 secuestros, al 5,5%; la extorsión habría crecido a un 76%, y las hectáreas de cultivos de coca se habrían incrementado a un 133%.
Mientras para el periodo del presidente Uribe, de acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda, los delitos bajaban, para la administración Santos subían alarmantemente. A continuación, algunas cifras que traían tendencia hacia la baja en el 2010, pero que a 2018 presentan un incremento alto en el número de ocurrencias: (i) los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que subió un 24,9%; (ii) las voladuras de oleoductos y torres de energía derribadas, que aumentó un 50%; (iii) los delitos sexuales, que se incrementaron un 361%; (iv) el hurto a residencias, que aumentó un 154,6%; (v) el hurto a vehículos, que creció un 88,55%; (vi) el hurto a motos, que subió un 133%; (vii) el hurto común, que se incrementó un 274%; (viii) el hurto a establecimientos de comercio, que aumentó un 323% y (ix) el hurto a personas, que creció un 297,6%.
Analizando las políticas de cada gobierno aplicables a las cifras anteriormente mencionadas, a la Seguridad Democrática del presidente Uribe le fue mucho mejor que a la “Paz Duradera” del presidente Santos, y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que las cifras que continuaron bajando, simplemente lo hicieron como resultado de la tendencia que ya habría marcado el presidente Uribe.
En cuanto a la confianza inversionista y la corrupción del país, podemos analizar varios datos para obtener un mejor panorama, que solamente mirar la inversión extranjera.
En primer lugar y, de acuerdo a doing business, en el posicionamiento mundial que analiza la facilidad para hacer negocios en Colombia, pasó de ser el número 37 en el 2010, a ocupar el puesto 59 en el 2017; 22 puestos más abajo que en el año 2010. En segundo lugar y, de acuerdo al anuario de competitividad mundial[3], el país pasó de ocupar el puesto 45 en el 2010, al 58 en el 2018; 13 puestos menos competitivo que en el año 2010. Y en tercer lugar, Transparencia Internacional indicó en su ranking sobre la corrupción, que Colombia ocupaba el puesto número 78 en el 2010, mientras que en el 2017 pasó a ocupar el puesto 96; estableciendo el primer lugar para el país más transparente y, el último, el menos.
No era para menos, después del proceso de “paz”, y de la corrupción que se disparó en el periodo de la presidencia de Santos a cifras catastróficas. Entre los varios ejemplos que evidencian que la situación empeoró o no tuvo mejorías, están: el déficit de más de 14.000 billones de pesos en salud a 2017, aproximadamente 250% más de lo que era en la presidencia de Álvaro Uribe; la deuda externa[4] que a 2018 se habría incrementado en un 95,5% comparado con el 2010; los cargos de la rama ejecutiva a 2017, habrían subido un 36% más que en el 2010; y los montos autorizados para vigencias futuras que a 2017 se habrían incrementado en un 277,8% en comparación con el año 2010. Además, mientras el presidente Uribe en su administración trató de implementar la austeridad del Estado y disminuyó su tamaño a través de la fusión de varios ministerios y la supresión de ciertas entidades, el presidente Santos dejó herencias burocráticas y nuevas instituciones. Entre las creaciones de los acuerdos de “paz”, está el ejemplo de la JEP, que con más de 873 cargos, costó el primer año de funcionamiento la estruendosa suma de $4.7 millones de dólares. En conclusión, en materia de confianza inversionista y corrupción, el presidente Uribe también lo hizo mejor que el presidente Santos.
Otras cifras adicionales importantes, por las cuales han criticado bastante al presidente Uribe, sin tener razón verdadera, son el índice de la pobreza[5], donde la pobreza monetaria sufrió una disminución de 12.2 puntos porcentuales entre 2002-2010 y la pobreza monetaria extrema, que a 2010 tendría una disminución de 5.3 puntos porcentuales. Lo anterior, en comparación con el periodo del presidente Santos, en el que también, con tendencia a la baja, la pobreza monetaria se redujo 10.5 puntos porcentuales a 2017, y la pobreza extrema, 4.9. Comparando todas las cifras, sigue estando mejor el desempeño del presidente Álvaro Uribe.
Por último, debemos hablar acerca de la soberanía del Estado sobre el territorio nacional, que tampoco deja bien parado al presidente Santos. A 2010, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidente Álvaro Uribe, recuperó los 42.438 km² de zona de distensión a manos de las FARC; mientras que para el 2018, el comandante supremo de entonces, presidente Santos, habría entregado a las FARC las zonas veredales en más de 167 municipios, en pro de la “Paz”.
No es gratis que el presidente más popular en la historia de Colombia haya sido el presidente Álvaro Uribe, quien, de acuerdo a Gallup, comenzó su gestión con un 75% de aprobación y la terminó con un 80%. De otro lado, el presidente Santos, inició su gestión con un 74% de aprobación, bajó al 21% en el 2016, y sin la aprobación del pueblo colombiano en el plebiscito, decidió firmar los acuerdos de la Habana y le otorgaron un Nobel de Paz. Sin embargo, terminó su administración con un 40% de aprobación de acuerdo a la misma encuestadora, pero de acuerdo a Yanhaas, su desaprobación fue del 72% al momento de la entrega de su cargo.
Este fue el país que recibió el presidente Iván Duque, y no otro, y con base en las cifras entregadas por la presidencia de Santos, y el déficit presupuestal para cubrir los programas sociales de gobierno, requería una ley de financiamiento para poder operar. Ahora, esperamos concierte la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y con austeridad logre conseguir las metas que se propuso en su campaña.