Bogotá, 18 de abril de 2018 (CD). El Senador del Centro Democrático, Orlando Castañeda, rechazó mediante una constancia los últimos hechos de violencia registrados en el país por parte de grupos armados y disidencias guerrilleras en medio de la etapa de implementación de los acuerdos.

A continuación el texto de la constancia:

“Quiero traer esta tarde una reflexión sobre lo que el Gobierno Nacional ha llamado etapa de posconflicto. Nada más lejos de la realidad, que con la situación actual que vive el país y los últimos acontecimientos, se pueda pensar en lograr una paz estable y duradera.

Y es que son varios los hechos delicados y muy graves los que acontecieron en la última semana: La captura de  alias “Santrich”, las disidencias  de las Farc aterrorizando la población de Nariño y matando periodistas, el desborde  del conflicto en la frontera, el asesinato de ocho policías a manos del “Cartel del Golfo”, el incremento del narcotráfico, la corrupción en los fondos de financiación de los recursos para la paz.

El accionar de las disidencias de las Farc se han convertido en un grave problema de orden público, pues sus actividades delictivas han ido en crecimiento aumentando su pie de fuerza al pasar de 400 o 500 hombres-arma a más del millar y han convertido a Nariño, en el departamento con más densidad de narcocultivos del país, donde los grupos residuales que no se desmovilizaron, han generado una crisis de inseguridad, incluso mayor al que tenía cuando las Farc operaban en esta región.

Lamento profundamente la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, bajo el mando de alias “Guacho” quien a pesar de haber nacido en el Ecuador, ingresó a las Farc hace más de una década y que opera a ambos lados de la frontera, generando graves problemas de orden público que ha sembrado el terror en esta región, con asesinatos, extorsiones, secuestros, y un atentado con carro-bomba.

Son muchos los cuestionamientos al accionar Gobierno, pues tanto en Nariño como en otras regiones del país, el Estado no ha sido eficaz, ni contundente para copar las zonas en donde operaban las Farc desmovilizadas, lo que llevó a que fueran las disidencias de esa facción ilegal, el ELN, los carteles del narcotráfico y las bandas criminales los que entran a disputarse   el manejo del negocio de la droga, minería ilegal, contrabando, secuestro, extorsión, trayendo como consecuencia un aumento en la violencia, asesinato de líderes sociales y activistas comunitarios,  que también ha aumentado de una manera preocupante.

La señalada paz firmada por el Gobierno no ha representado acuerdos humanitarios reales que le cumplan a la población de víctimas, y mejoren su calidad de vida, azotada por la violencia. Solamente, en enero de 2018, según Medicina Legal, fueron asesinadas casi 900 personas, en ciudades como Cali, se reportó entre enero y marzo de 2018, 308 homicidios sobre pasando las cifras de 2017.

Por esa razón, y ante el pronunciamiento de los Informes anuales de Organismos Internacionales como la Cruz Roja en Colombia, exigimos al Gobierno responder eficazmente con acciones inmediatas, que paren la violencia armada y al control territorial de los grupos al margen de la ley que están desplazando, asesinando y destruyendo el tejido social de varias de las poblaciones del país. El Gobierno no puede seguir manteniendo el «statu quo» frente a la violencia que está viviendo el país, como a la necesidad social de nuestros conciudadanos.”

FIN