Bogotá D.C. Mayo 27 de 2020 (CD). Durante el debate realizado en la comisión segunda, el senador John Harold Suárez dejó una constancia sobre el riesgo financiero que existe para el funcionamiento de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, conocidos como “PISCC”.
El congresista señaló que de acuerdo con lo establecido en la Ley 418 de 1997, el cinco por ciento (5%) del valor de los contratos de obra pública que se suscriban con el Estado, además de un dos punto cinco por mil (2,5 x 1.000) sobre el recaudo de las concesiones para la construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales, son destinados a los fondos cuenta de seguridad a nivel nacional, departamental y municipal.
Sin embargo, advierte el senador Suárez que por la poca inversión en obras públicas que se adelantan en el país, se viene una preocupante desfinanciación de estos fondos de seguridad y convivencia, poniendo en apuros al gobierno nacional y a los mandatarios locales, quienes carecerán de los recursos necesarios para emprender estrategias como el incremento del pie de fuerza, el pago de recompensas por cooperación ciudadana, la dotación de vehículos, combustible, equipos de comunicación, alojamiento y alimentación para grupos que lleguen como refuerzo del personal policial, en los municipios que por el aumento de las cifras de criminalidad lo requieran.
Por lo anterior, el senador vallecaucano hizo un llamado al gobierno nacional para que en medio del impacto financiero que viven los entes territoriales como consecuencia de la emergencia sanitaria, social y económica, se busquen y se estudien otras alternativas presupuestales que permitan mantener el financiamiento de los fondo cuenta de seguridad en el país y de los cuales dependen importantes proyectos de seguridad, convivencia ciudadana y de preservación del orden público.
Vea la intervención en el siguiente link: tps://youtu.be/0js1-HKfwJg
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