La decisión estuvo lejos de ser unánime, pero fue respaldada principalmente por magistrados que fueron elegidos durante la administración de Juan Manuel Santos.
Esta no es una columna sobre Álvaro Uribe, ni mucho menos en su defensa. Es una alerta de preocupación frente a lo que le puede pasar a usted, a mí y en general a todos los colombianos.
Una de las maneras de evaluar las democracias pasa por la forma en que se juzga a los ciudadanos. Cuando se vive en el Estado de derecho es de esperarse que sean las leyes fundamentadas en la Constitución las que dictaminen el camino de los procesos y los vericuetos jurídicos. El texto constitucional, en una democracia liberal, es la biblia del camino de lo que se puede y no se puede hacer. En las dictaduras, por el contrario, ese libreto no existe y es reemplazado por los deseos y devaneos del dictador, del rey, del todopoderoso. El dedo hacia arriba para el perdón o la condena del dedo apuntando a la tierra.
Lo ocurrido esta semana nos lleva a pensar que en Colombia estamos peligrosamente alejándonos de esa idea de democracia y que hay unos hilos poderosos que jalonan los destinos jurídicos y judiciales de la nación. ¿Tenemos un “rey” que maneja todo con presión pasivo-agresiva? Hoy es imposible no plantearse esa pregunta.
La Corte Constitucional decidió negarle una tutela al expresidente Uribe. Esta planteaba una pregunta que, sin ser experto legal, tenía una respuesta casi obvia. ¿Es lo mismo ser imputado a haber rendido indagatoria? La respuesta es un rotundo no, sin embargo la mayoría de los magistrados, usando elegantes argumentos que aún están por ser revelados, determinó que sí.
La decisión estuvo lejos de ser unánime, pero fue respaldada principalmente por magistrados que fueron elegidos durante la administración de Juan Manuel Santos. Es decir, togados que llegaron a la Corte bajo un mecanismo de elección en el que el Gobierno anterior tuvo un grado importante de influencia, fueron los que se pronunciaron acerca del caso más determinante para el más intrincado enemigo político de Santos: Álvaro Uribe.
Los que votaron de manera positiva la ponencia fueron Alejandro Linares, amigo personal del expresidente; Cristina Pardo, su exsecretaria jurídica; Diana Fajardo, designada durante el Gobierno como asesora en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; Gloria Ortiz, cercana del exfiscal Montealegre, ahora supuesta víctima de Uribe; y José Fernando Reyes, elegido por el expresidente, según algunos, para superar el desbalance creado por una supuesta traición de Carlos Bernal. La pelea en la Corte fue profunda, tanto que debido a las filtraciones que se dieron el mismo día de la discusión, los expertos juristas se vieron obligados a reunirse en recinto cerrado y sin celulares en la mano para poder adelantar sin presiones la discusión.
Los salvamentos de voto de aquellos que se opusieron a la determinación final son contundentes. El magistrado Jorge Ibáñez escribió: “Empero, me aparto de la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte consistente en señalar la existencia de una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación porque, con todo respeto, ella no se soporta en regla constitucional o legal alguna, o resulta de una interpretación que es contraria al orden constitucional”.
Mientras que su colega, el doctor Alberto Rojas, destacó: “La Corte Constitucional ha borrado de un plumazo el Debido Proceso Liberal Clásico que tanta sangre le ha costado a lo que aún nos queda en la frágil construcción de la democracia moderna, y de esta suerte desconoció el mandato constitucional conforme al cual nadie podrá ser juzgado, sino de conformidad con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Gravísimo.
La Corte, dada la existencia de un vacío legal, decidió llenarlo cuando sin duda alguna debió pedirles a los legisladores que hicieran lo propio para tener en cuenta el principio de favorabilidad. Para negarle el debido proceso a Uribe se inventaron una audiencia innominada de saneamiento eventual. Legislaron para armar vía tutela un nuevo proceso, competencia que solo puede ejercer el legislador. Mejor dicho, los togados pisotearon la separación de poderes.
Ahora, pregúntese esto. Si eso le pasa a un expresidente, ¿qué podemos esperar los demás mortales? Desde ahora imposible no dormir preocupado por lo que pueda pasar con los contradictores del exmandatario o con los que no piensen de la misma manera en que actualmente intenta imponer la mayoría de la Corte. ¿Qué pasará con aquellos que levantan la mano para disentir, como quien escribe?, ¿cuándo vendrá la guillotina?
Si no está de acuerdo, no se llene de ira. Simplemente imagine que esto le estuviese pasando a usted y que en caso de tener un problema judicial, este se resolviera por su tendencia política. Si es del régimen, inocente. Si es contrario, culpable. La semana pasada murió un poco de nuestra democracia.
https://www.semana.com/opinion/articulo/golpe-a-la-democracia/202100/