Jennifer Arias
Representante a la Cámara
Alguien esbozó que “sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños”, y cuánta razón tenía.
En Colombia, hasta agosto de este año, Medicina Legal reportó la presunta ocurrencia de 15.408 delitos sexuales contra menores de edad. La mayoría de esos episodios de violencia correspondían a niñas y niños entre los 10 y los 14 años; le siguen los que están entre cinco y nueve, y los bebés, que también son víctimas.
La institución registró, además, 457 hechos de sangre contra esa población. Un análisis superficial hablaría de dos homicidios de menores cada día; uno profundo, empezaría por decir que enfrentamos un periodo de descomposición social.
Casos como los de Yuliana Samboni y Génesis Rúa, las niñas de 7 y 9 años que fueron violadas y asesinadas en Bogotá y Fundación (Magdalena), no deben repetirse. Por eso, es necesario fortalecer el aparato de justicia para reducir los índices de impunidad en el país, que ya superan el 90 por ciento, e implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.
Sobre este último, el gobierno del presidente Iván Duque ya anunció que, de cualquier modo, sea por proyecto de ley o por referendo, va a buscar implementar la cadena perpetua para los abusadores, violadores y asesinos de niños.
Sin embargo, parece mentira que una medida inobjetable como la de la cadena perpetua tenga enemigos; algunos faltos de sensatez que esgrimen, por ejemplo, que no hay cárcel para tanta gente o que es muy costosa su manutención, cuando la seguridad de nuestros niños no tiene precio.
A esas personas, que se muestran abiertamente en oposición a la medida, habría que cuestionarlas sobre lo que pasaría si un caso de abuso sexual llegara a afectar a algún miembro de su familia, un hijo, un sobrino, una hermana o hermano. ¿Aceptaría que en pocos años el abusador regresara a la libertad? ¿y si vuelve a atacar? ¿valdría la pena correr ese riesgo?
Por mi parte y desde una condición humana, más allá de la posición política que ahora ocupo, aplaudo la iniciativa del presidente Duque y condeno toda acción que atente contra la integridad de los niños y adolescentes de nuestro país. Estoy convencida de que ellos son el más importante de nuestros recursos.
Invito a todos los colombianos a acompañar esta iniciativa. Que el egoísmo político no ciegue la enorme necesidad de nuestros niños.