Bogotá, 11 de marzo de 2019 (CD). El Partido Centro Democrático le agradece al presidente Iván Duque que haya objetado seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. Esta decisión abre la posibilidad de que, quienes votamos por el ‘NO’ en el plebiscito y fuimos groseramente ignorados por el gobierno Santos, tengamos ahora la oportunidad real de presentar nuestras críticas a estos acuerdos.

Las objeciones recogen preocupaciones de la mayoría de la población colombiana, que ha manifestado su determinación por buscar la paz y luchar contra la impunidad. El fenómeno de impunidad se convierte en un mecanismo de justificación de la violencia y destruye la garantía de no repetición, según la cual, la sociedad – como un todo- debería entender que esos hechos, ese camino, el de las Farc, fue equivocado y que, por lo tanto, nadie puede repetirlo.

Recordemos que hay cerca de siete mil hombres con armas ilegales que ven en la negociación de las Farc un camino al que ellos también pretenden acceder. Por lo tanto, debe quedar muy claro que los graves crímenes como aquellos de lesa humanidad o de violencia sexual contra los menores, jamás quedarán impunes. Todos los responsables de delitos de lesa humanidad deben ser investigados, juzgados y condenados; no puede haber renuncia de la acción penal. Debe quedar muy claro que la legalidad es un principio superior.

Nos sentimos complacidos de que el Presidente Duque esté cumpliendo con lo expresado en campaña: la violencia sexual contra los menores no admite tratamientos diferenciados y debe ser sancionada con toda contundencia en la justicia ordinaria. Es fundamental que la justicia ordinaria mantenga la posibilidad de investigar y descubrir a quienes violen los acuerdos, de manera que los reincidentes pierdan todos los beneficios y se les pueda aplicar, con efectividad, la extradición. No podemos admitir que la JEP dilate las extradiciones con práctica de pruebas que son ajenas a la figura. Además, es de primera importancia que quienes venían delinquiendo y continuaron haciéndolo, no reciban tratamiento distinto al de cualquier criminal. Para eso, entre otros casos, la cooperación de la justicia ordinaria y la calidad sobre cuándo debe actuar, es fundamental.

La JEP, como nuevo sistema de justicia, tiene enormes falencias, empezando por el origen de los magistrados, cuyo mecanismo de selección desconoció que Colombia ha sido y es una democracia. Además, una gruesa sombra sobre su proceder ha creado serias dudas sobre su imparcialidad.

Más allá de ello, la impunidad de delitos de lesa humanidad que no recibirán penas proporcionales a la gravedad de los hechos; la falta de claridad sobre la necesidad de reparar integralmente a las víctimas y sus mecanismos de participación; la necesaria revisión de que quienes estén en las listas para acceder a las amnistías y la justicia transicional, realmente pertenezcan a las Farc y no haya infiltrados. Más aún, que la protección a los terceros que lleguen al sistema con el compromiso de verdad y la garantía de no extradición, sean realmente merecedores del tratamiento para que aquello no termine escondiendo criminales.

El Centro Democrático reitera su respaldo al Presidente y, al mismo tiempo, su postura -ampliamente divulgada- de defender el postulado de no impunidad y seguir insistiendo en la necesidad de una justicia justa para los miembros de nuestra fuerza pública. Todos los hechos que el país ha conocido sobre la JEP no admiten dudas sobre que aquel tribunal y aquellos jueces, no son adecuados para juzgar a nuestros hombres. Por eso, volveremos a presentar un proyecto de acto legislativo que cree justicia con garantías, imparcialidad y presunción de inocencia para los miembros de la fuerza pública. Los ejércitos que han defendido la democracia colombiana no pueden ser tratados en pie de igualdad con los narco-terroristas, ni obligados como ellos a reparar a las víctimas, salvo que sean encontrados culpables. Discutir lo que le conviene al futuro de Colombia es la esencia del proceso democrático y el partido seguirá con su ánimo de construir, en el marco de la legalidad y el emprendimiento, un país más equitativo; un futuro para todos.