Reconocer el valor de la educación y el desarrollo de los niños más vulnerables es una obligación.

No creo que haya imagen más gratificante que la sonrisa de un niño, y más cuando se trata de esos seres vulnerables de las clases menos favorecidas que reciben los alimentos en las escuelas y colegios públicos del país, que, en muchos casos, son lo único que pueden llegar a comer en el día porque en su hogar no hay ingresos suficientes para suplir esa necesidad vital.

Desafortunadamente, los tentáculos de la corrupción llegaron a envenenar con sus ponzoñas el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y borraron de un solo tajo muchas de esas sonrisas.

Imposible callar ante esto. Si no somos nosotros, los adultos, quienes velemos por el desarrollo de nuestros niños, entonces ¿quién? En Colombia, la corrupción ha superado el valor de la niñez; parte del PAE ha estado sometido al interés de particulares y funcionarios públicos, que se han visto beneficiados de un recurso destinado para avalar un derecho.
Esos corruptos deben tener un castigo ejemplar porque, en su afán de llenar sus bolsillos, lo que están generando es que los niños de hoy que están mal alimentados sean adultos que, seguramente, van a tener problemas cognitivos y de desarrollo físico. Con la comida no se juega, señores, y menos con la de los niños. Esa debería ser la consigna que debemos defender todos.

«En los últimos años hemos sido testigos de cómo funcionarios encontraron en el PAE una fuente de recursos para ellos, en detrimento de los niños».

Estas acusaciones no son caprichosas. En los últimos años hemos sido testigos de cómo funcionarios encontraron en el PAE una fuente de recursos para ellos, en detrimento de los niños. Según la Contraloría, existen actualmente 154 procesos de responsabilidad fiscal asociados al PAE, los cuales se calculan en 84.000 millones de pesos. Por dichos procesos están siendo investigados 68 servidores públicos elegidos en procesos democráticos, una cifra –cuando menos– escandalosa y triste.

El caldo de cultivo es la contratación directa, que hoy en día alcanza un 34 por ciento en el total de contratos del PAE. Por eso se deben tomar cartas en el asunto, y regularla correctamente. Para nadie es un secreto que este tipo de procesos da vía libre a que se realicen actos de corrupción por medio de contratos asignados a dedo.
A noviembre de 2017, los departamentos más afectados por corrupción del PAE fueron Santander, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Amazonas y Sucre, y a ellos se suma Bogotá. Más triste aún es que la malversación de recursos por muchos que buscan un beneficio particular ha disminuido notablemente la cobertura del programa en las regiones más vulnerables del país.
Es inaudito que nuestros niños, en el primer semestre de este año, no hayan recibido la provisión adecuada de alimentos por 180 días; esto, sumado a la pésima calidad de las comidas que les proveían a los menores de edad en los diferentes planteles educativos, los cuales –en vez de velar por la formación integral de los niños– solo veían por sus intereses egoístas.
Es momento de que recordemos, y no olvidemos, que la intención de los programas de alimentación escolar, como el PAE, es acabar con el hambre, mejorar la nutrición y la capacidad de aprendizaje de los niños. Pero ya se avizora una luz al final del túnel: el presidente Iván Duque ya tiene listo lo que será el nuevo PAE para Colombia, el cual fue concertado con diez entidades del Estado y la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y que pretende acabar con los niveles de corrupción que se presentan en este programa. El nuevo PAE tendrá un acompañamiento directo del Sena, que asesorará el trabajo en los comedores escolares. A su vez, el Ministerio de Agricultura promoverá la compra local de frutas y verduras.
Estas medidas buscan que los niños beneficiados con el programa cuenten con sus alimentos los 180 días que conforman el año escolar, y, con tal fin, el Gobierno y los organismos de control se comprometieron con los recursos para alimentos y operación, la regulación de los procesos contractuales y el aumento de los comedores escolares en el país, entre otros puntos.
Por esta razón respaldamos y aplaudimos las iniciativas del gobierno del presidente Duque, que aumentarán en un 48 por ciento los recursos del PAE, permitiendo que se beneficien 300.000 niños que no gozaban de estos beneficios, además de promover la articulación entre las entidades gubernamentales y los órganos de control para lograr el efectivo seguimiento del programa.
No quiero finalizar estas líneas sin mencionar que este tema no solo compete al Gobierno Nacional. Como padres de familia, docentes, funcionarios municipales y como colombianos, debemos convertirnos en guardianes permanentes del bienestar de nuestros niños, velando por un mejor futuro para ellos. Tenemos que dejar algo muy claro: con la comida no se juega, y con hambre no se aprende.
Ruby Chagüi