Cuánto se habla hoy de equilibrio de poderes, como base para que una democracia opere en forma tal que existan contrapesos entre las ramas del poder público, y así se pueda garantizar que no exista la posibilidad de una dictadura del ejecutivo.

Me hago una pregunta para reflexionar sobre el caso colombiano y la polémica durante los últimos días:

¿Qué ha hecho indebidamente el gobierno nacional en términos concretos para que las cortes y los organismos de justicia, impartan fallos o sentencias según el criterio de los magistrados ponentes y de acuerdo con las votaciones que en esas instancias se den?

A todas luces es claro y evidente que el gobierno de Iván Duque, no manipula ninguna de estas decisiones, que no solo las cortes operan con total independencia y no son influenciadas por el ejecutivo, sino que lo que se percibe es que estas si están desbordando los límites del supuesto equilibrio de poderes.

Cómo no recordar que el anterior presidente, almorzaba con los miembros de una corte que él ayudó a elegir mediante manipulación y escogencia de los candidatos según los criterios que tuvieran  o debían reunir para las futuras decisiones en temas de narcotráfico, de implementación de los acuerdos con las farc y de otros asuntos en los cuáles el entonces presidente Santos tenía interés directo.  Producto de esto, ¿podríamos decirle al país, que algunos miembros de las cortes son o actúan con independencia? Actúan sí, con independencia del gobierno actual, pero no con el sesgo ideológico comprometido para su designación.

Me pregunto desde mi óptica política, ¿qué equilibrio puede tener un fallo frente a una tutela, que  a lo largo del texto de la sentencia, se refiere a la protesta pacífica, pero no hace mención a la protesta violenta? ¿Entonces las imágenes de vandalismo, destrucción violenta de bienes públicos y privados, de agresión a la policía, de incendios y el terror ciudadano, no son aspectos a considerar en la visión filosófica que dicen se está imponiendo en los magistrados para sus decisiones? Somos muchos los que consideramos  que estos fallos y sentencias deberían  corresponder a razones jurídicas y constitucionales sobre las cuáles se fundamenta el estado colombiano, pero no a modas intelectuales.

Debe ser por esto, que cuando se habla de reforma  la justica, esto se toma como una agresión a las cortes, ¿no debería ser el constituyente primario quien defina, si los cambios constitucionales se deben institucionalizar, y no cambiar la constitución de manera interpretativa cada que sale un fallo o una sentencia?, esto último lo que produce es una inseguridad jurídica y constitucional, que si conduce al activismo judicial, al gobierno de los jueces, que deriva en extralimitación de funciones y desborde de los límites que supuestamente se tienen en el equilibrio de poderes  y que está constitucionalmente establecido.

La más clara demostración de esta extralimitación constitucional de algunos miembros de los organismos de la justicia, la vemos con claridad cada que se revelan a la opinión pública los testimonios no tenidos en cuenta, las pruebas desechadas y la abierta manipulación política por parte de algunos, en el proceso adelantado contra el Presiente Álvaro Uribe. Hoy se sigue dando largas a una decisión sobre la privación de la libertad del expresidente, mientras  en las cortes van cambiando de criterios y sentando jurisprudencia según interpreten en el momento y a lo mejor obedeciendo a claros intereses políticos del momento.

Inseguridad jurídica y constitucional total, la que padecemos en estos momentos los colombianos,  los códigos, las leyes y la misma constitución son manoseadas permanentemente, pero se habla de una reforma a la justicia y se arma inmediatamente una estrategia mediática que defiende el actuar de los magistrados y presenta cualquier propuesta de cambios como un atentado a la justicia. ¿Cómo entonces salimos de este círculo vicioso, si ni siquiera el otro poder, el Congreso de la República, puede asumir unas reformas? Si así lo hace, estas serían tumbadas o moduladas por las cortes, ¿estaremos condenados a esta injusta forma de impartir justicia?

A este Congreso y al Presidente de la República los eligen en democracia millones de colombianos, a los miembros de las cortes los designan unas pocas personas, ¿están estos extralimitándose sin control?, es por esto que el constituyente primario debe pronunciarse mediante referendo para que una reforma a la justicia pueda evitar esa dictadura que se impone  día a día con este activismo judicial.