Bogotá D. C.; 4 de septiembre de 2018 (CD) La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín participó en el debate sobre aspersión de cultivos ilícitos con drones, que se llevó a cabo en la Comisión Segunda del Senado con la asistencia de los ministros de Defensa, Guillermo Botero; de Salud, Juan Pablo Uribe y de Ambiente, Ricardo Lozano, como también del director general de la Policía Nacional, general Hernando Nieto y el comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Eduardo Bueno, entre otros invitados.
La senadora demostró, con cifras, el aumento de los cultivos de coca como consecuencia de la suspensión de aspersión aérea durante el proceso de negociación con la narcoguerrilla de las Farc, por lo que hoy -según Estados Unidos- hay más de 209.000 hectáreas de coca.
Holguín dijo que Colombia necesita una política integral contra las drogas ilícitas que empieza con el combate a toda la cadena -cultivo, transformación, tráfico, lavado de activos y delitos conexos- y, a la oferta y la demanda, acabando con la excusa de que el problema “nuestro es por lo que consumen en los Estados Unidos».
La congresista del Centro Democrático pidió tener presente que el problema del narcotráfico, como el terrorismo, es un delito transnacional que por sus condiciones requiere: consenso de la Comunidad Internacional, integralidad, equilibrio y corresponsabilidad, y que no se puede olvidar que, según el más reciente informe oficial, Colombia pasó en consumo de cocaína de 7.5% al 17% entre 2013 y 2017, lo que significa que el problema de consumo también es nacional.
La senadora defendió la extradición como medida disuasiva en contra de los narcotraficantes, al tiempo que pidió celeridad en el proceso en contra de Santrich y que si hay pruebas por narcotráfico contra Iván Márquez, también arranque el proceso.
Dijo que por cada hectárea de coca se deforestan 1,4 hectáreas de bosque y que eso ha llevado a que en Colombia se deforesten 120 hectáreas diarias para este cultivo ilícito.
Por último, hizo énfasis en el Convenio de Chicago de 1994, que hace una clara distinción entre aeronaves civiles y aeronaves del Estado, procurando que a la hora de reglamentar el uso de drones, no se interfiera en el uso militar, aduanero y policial, tal como se establece en dicho Acuerdo.