Por: Rafael Nieto Loaiza
Publicada en: EL UNIVERSAL
En el primer semestre de 2018 la tasa de homicidios creció un 7%. Después de tres quinquenios de reducciones sistemáticas, hasta alcanzar el año pasado la más baja en cuatro décadas, la tendencia se revierte. En el 2017, la tasa cayó un 4,9%, para situarse en 23,9 homicidios por cien mil habitantes, la menor desde 1975, año en el cual, por cuenta de la bonanza marimbera, empezaron a dispararse los homicidios.
Ahora ocurre lo mismo. Era imposible que el crecimiento sistemático de los narcocultivos desde el 2015 (cuando se suspendió la aspersión) y que alcanzó el año pasado la extensión más alta de la historia al llegar a las 209.000 hectáreas, no se tradujera en un aumento de la violencia.
Hay una disputa violenta por los territorios cocaleros y las rentas ilegales. Una lucha que prueba varios fracasos: del proceso con las Farc, de la presencia del Estado en los territorios de desmovilización, de la reinserción efectiva de los desarmados, del programa santista de sustitución de cultivos, de la suspensión de la fumigación y de la erradicación forzada.
Para rematar, la productividad de los cultivos va también en aumento. Si en el 2008 se requerían 371 hectáreas de coca para producir una tonelada de cocaína, el año pasado bastaba con 226. Solo en 2017 la producción subió un 19% y llegó a 921 toneladas.
El exceso de producción invita a los traficantes a buscar aumentar su mercado interno. En el 2013, en Bogotá el consumo de cocaína era del 7,5%. ¡En el 2017 llegó al 17%! Los jóvenes empiezan a drogarse a los 13,6 años. Unos niños.
Estamos perdiendo en todos los frentes: el del conflicto armado, el de la violencia, el del medio ambiente, el del desarrollo rural y la presencia del Estado, el de la prevención de la drogadicción y “el de la salud pública, y el de la corrupción.
De nuevo, el gran desafío nacional es el narcotráfico. Necesitamos una política integral que centre el esfuerzo en el desarrollo integral y la presencia estatal en el territorio y no solo en la acción de la fuerza pública, que no premie con subsidios directos a los narcocultivadores, que desmonte los incentivos al narco pactados con las Farc, que restablezca los garrotes de la fumigación y la erradicación forzada, que haga énfasis en atacar laboratorios y cristalizaderos, que fortalezca el control fluvial y de guardacostas, que sea efectivo en combatir el lavado de activos y el contrabando, que recupere la extinción de dominio, que refuerce la corresponsabilidad y colaboración internacional y el efecto disuasivo de la extradición.
Hay que atacar cada eslabón de la cadena, de manera integral y efectiva, con coordinación intragubernamental y con el sistema de administración de justicia, y un apoyo internacional decidido.
Abogado y analista político