Por: Santiago Valencia G.
 
La contratación pública en Colombia dejó de ser una oportunidad de negocio con responsabilidad social frente al desarrollo del Estado, para convertirse en un proceso de lucro permeado por la corrupción del sector público y privado en detrimento del mismo Estado.
La modalidad de la contratación amañada es simple: basta con formular en los pliegos unos requisitos específicos que direccionen el proceso de licitación a determinado contratista, que por lo general, ofrece dádivas a los funcionarios públicos encargados del proceso de selección. De esta manera, se elimina la pluralidad de los oferentes y se invierte la prioridad del interés común (el del Estado) para beneficiar el particular (el del contratista).
Aunque esta modalidad también se presenta en la contratación de bienes y servicios, se hace más evidente en la de obras públicas debido a las gigantescas sumas de dinero que representan esos contratos y sus evidentes resultados. Es por esta razón que varias de las megaobras contratadas bajo este procedimiento se han convertido en símbolo de la corrupción.
Estos son algunos de los más sonados escándalos de infraestructura pública: el Metro de Medellín (en la década de los 80), la Central Hidroeléctrica del Guavio, en Cundinamarca (en la década del 90), Dragacol (dragados al canal de acceso al puerto de Barranquilla, de Buenaventura y al Río Magdalena), la Ruta del Sol I, II y III (Contratista: Odebrecht, Conalvías, Solarte), la troncal de Transmilenio por la 26, en Bogotá (Contratista: los Nule), el interceptor Tunjuelo – Canoas, en Bogotá (contratista: Odebrecht y Solarte), los escenarios deportivos para los Juegos Deportivos Nacionales y los Paranacionales, en Ibagué (considerado por la Contraloría General de la República como “el mayor desfalco que haya vivido el país en materia de infraestructura deportiva”).
Hoy en día el 85 por ciento de los procesos de licitación de obras e infraestructura en los municipios queda en manos de un único oferente y en el caso de los departamentos, la cifra es del 64 por ciento.
Lo más grave es que esta práctica de contratación con el Estado pasó de ser la excepción a ser la regla. Así lo revela la Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, realizada por Transparencia por Colombia, en la que el 96% de los empresarios consultados considera que en Colombia el soborno no solo es habitual sino necesario para hacerse a los contratos; mientras que el 63% de los encuestados considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios del sector público es obtener negocios.
Es momento, entonces, de ponerle freno a una de las formas de corrupción que más  desangran las arcas del Estado. ¿Y cómo hacerlo? En el mundo se han implementado las mejores prácticas de transparencia en la contratación, se trata de los documentos tipo, una metodología ideal para evitar la manipulación o el direccionamiento específico de los pliegos de condiciones a un proponente en particular. A su vez, permite facilitar el control fiscal y disciplinario respecto de los funcionarios, y resulta en un mejoramiento en los procesos de selección, garantizando el uso eficiente del erario.
Son varios los países y los organismos multilaterales que los utilizan para sus procesos de contratación, por ejemplo, los denominados “Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional” que  han establecido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF).
Estos Documentos Estándar deben ser usados por todos los países en las licitaciones públicas, para los proyectos que sean financiados total o parcialmente por el BID o el BIRF.
Resulta entonces no solo oportuno, sino adecuado, el proyecto radicado en el Congreso de iniciativa del Gobierno del presidente Iván Duque, que recoge el conjunto de propuestas presentadas por él como  candidato y como Presidente de la República, quien en su mismo discurso de posesión anunció el paquete legislativo para tomar medidas contra la corrupción, y concretamente respecto a este proyecto manifestó lo siguiente: “Vamos a promover los pliegos tipo en todos los contratos de las entidades estatales”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión Primera de Senado, lo que demuestra el compromiso del Gobierno y del Congreso con la lucha contra la corrupción y por la transparencia. En los próximos días será debatido por la Plenaria y como ponente del proyecto he podido conversar con varios de los senadores de diferentes partidos políticos y destaco el ambiente favorable a la iniciativa, por lo que no me cabe duda del respaldo que tendrá en la Plenaria.