La corrupción es un mal endémico del país y un cáncer que carcome los sectores públicos y privados de esta nación. Esto puede sonar como frase de cajón que se escucha en cualquier rincón del país. Sin embargo, existe un problema que va más allá de la óptica del ciudadano de a pie: este mal no está enquistado únicamente en la política ni en el Congreso.
Para amplias mayorías, el Congreso es sinónimo de corrupción y el Capitolio Nacional su centro de operaciones, pero si se mira más allá de lo que parece evidente hay que dejar claro varios elementos.
El primero es que los congresistas no son ordenadores del gasto, es decir que ellos no manejan temas de contratación, inversión o destinación de recursos para proyectos, la labor principal del congresista es legislar para emanar las leyes y reformas constitucionales que requiere el país y hacer el control político al Gobierno a fin, precisamente, de que haya un manejo limpio del erario.
Si bien es cierto que por las curules del Senado y la Cámara de Representantes han pasado verdaderos protagonistas de la corrupción en el país, esos ‘personajes’ son lunares y una minoría en la amplia historia del legislativo. Esto quiere decir que su presencia en dichas curules no debe ser el rasero para calificar a las mayorías que sí asistimos al Congreso a cumplir con nuestros deberes constitucionales y legales.
De hecho, el mismo exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, en diálogo con una emisora del Tolima, aseguró que la sobredimensión del Congreso y los altos salarios no son hechos que sustenten la asociación del legislativo con la corrupción y, por ese camino, decir que todos sus integrantes son corruptos.
Así, se puede decir que la corrupción es un cáncer que la sociedad enquistó en el Congreso, pero sí de eso se trata podríamos afirmar que este cáncer hizo metástasis y se desplegó por todo el país.
Casos como Electricaribe, Reficar, las empresas públicas de Cali, entre otros, son claros ejemplos que la corrupción extendió sus tentáculos para terminar por devorarse el erario.
Dicho de otra manera, este cáncer ya contaminó a muchas entidades públicas y empresas del sector privado que se han visto beneficiadas, de forma irregular, por las artimañas, maniobras non sanctas y acuerdos por debajo de la mesa que han desangrado a Colombia. No en vano, el país ocupa el puesto 96 entre 180 países del mundo y una calificación de 37 sobre 100, según el informe de Transparencia Internacional de febrero de este año.
En el país existe un marco normativo y sancionatorio extenso para contrarrestar la corrupción. Falta un sistema regulatorio más severo que castigue, con penas efectivas y sin subrogados o beneficios, a quienes defraudan al Estado; extinción de dominio, inhabilidades de por vida, pero también hay que atacar esa corrupción que convive con el ciudadano como los tramitadores, el pago por la atención de un funcionario, los sobornos, las dádivas, coimas, los ‘colados’ en los sistemas masivos de transporte y el Sisben, etc.
En este sentido, Gómez Méndez dijo en la mencionada entrevista que “la prohibición de la casa por cárcel ya existe, el principal estatuto anticorrupción es el Código Penal apliquémoslo simple y llanamente, lo principal que puede hacer el Gobierno para terminar la corrupción es mantener la división de poderes y no entregarle el Estado a los parlamentarios por pedazos, el clientelismo y la falta de separación de poderes es uno de los principales impulsadores del clientelismo”.
Así, es evidente que un cáncer como la corrupción no se cura con ibuprofeno y menos con paños de agua tibia. Necesita de una estructura jurídica blindada que proteja los bienes del Estado y no una simple norma legal que duplique o triplique las ya existentes. Se requiere pedagogía de lo público, con valores éticos, civiles y un fortalecimiento de la justicia, para que nuestros jueces -además de ser referente de lo justo-, estén preparados moral e intelectualmente para impartir justicia de manera oportuna y eficaz.
De esa manera, se desincentiva al propenso a la corrupción, sabiendo que no habrá impunidad porque tendrá la certeza de que las malas conductas serán juzgadas.
 
Por Enrique Cabrales Baquero
Representante a la Cámara por Bogotá
Partido Centro Democrático
@kikecabralesCD