Por el hecho de ser hijos de Álvaro Uribe Vélez, todos nuestros emprendimientos han sido investigados múltiples veces por diferentes autoridades. En todos los casos se ha demostrado nuestro correcto proceder y refutado sin lugar a dudas las falsas acusaciones.

Las 213 columnas que ha escrito Daniel Coronel en contra de nuestra familia, reiterando mentiras probadas, le demuestran a la opinión pública la gravedad de su obsesión. En esta ocasión, a pocos días de elecciones, repite al pie de la letra las 5 columnas que sobre la materia nos dedicó hace exactamente 9 años, en abril de 2009.

Como siempre, estamos dispuestos a aclarar nuestro proceder En esta ocasión lo hacemos soportados en tres providencias en firme de la rama judicial.

1. Los predios son de uso industrial desde el año 2000. El uso del suelo sólo puede modificarse mediante un P.O.T. aprobado por el Concejo. Un plan parcial NO modifica el uso del suelo, es un requisito para desarrollar el uso establecido. Por lo tanto no es un privilegio obtenerlo, sino un deber tramitarlo. Las providencias no encontraron ninguna clase de favorecimiento indebido en estos trámiles

2. La liquidación de la plusvalía está plenamente soportada. La plusvalía de estos predios se genera por el cambio del uso del suelo del año 2000. El avalúo que soporta la plusvalía es retroactivo al año 2000

3. Los precios de todas las operaciones comerciales están soportados. Las diferencias en los precios de venta por metro cuadrado de tierra bruta se dan por diferencias en la forma y área útil de cada predio

4. La Zona Franca de Occidente es uno de los parques industriales con mejores especificaciones urbanísticas en Colombia, con un índice de ocupación efectivo inferior al 50 % . Es un polo generador de empleo e inversión en el occidente de la Sabana. Es un hecho probado que ser Zona Franca no incrementa el valor presente de la tierra sobre la cual se desarrolla

5. Al desarrollo normativo y técnico y a la defensa jurídica de este proyecto han contribuido personas de las más altas calidades profesionales y morales, y que gozan de amplio reconocimiento en el gremio de la construcción.

Dice una de las providencias «Los derechos colectivos no han sufrido menoscabo… El patrimonio publico del municipio no ha sufrido mengua. La moralidad administrativa no ha sufrido ningún acontecimiento del cual se pueda inferir su vulneración».

Contrario a quienes nos acusan, no tenemos contratos con ministerios, familiares dirigiendo entidades públicas de contratación millonaria o canal de televisión y noticiero adjudicado por el gobierno. Nuestra actividad empresarial ha estado confinada al ámbito privado.

Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Uribe Moreno