1. Se reitera, la Directiva 029 de 2005 expedida por el Ministerio de Defensa para definir los criterios de pago de recompensa tuvo como destinatario a los particulares, no a los miembros de las Fuerza Pública como equivocadamente afirma Vivanco, quien asume que el término “personas indeterminadas” incluía personal militar. Falso. Nunca se ha pagado recompensas a miembros de la Fuerza Pública
  2. La desmovilización fue siempre la prioridad del expresidente Uribe: Desde la campaña presidencial del año 2002 en el numeral 41 del manifiesto democrático (“100 puntos”) se indicó expresamente que se tendría “toda la generosidad con la reinserción” de los miembros pertenecientes a grupos armados al margen de la ley. Al final del Gobierno hubo un total de 53.664 desmovilizados, cifra que no se hubiera alcanzado si la política de seguridad democrática no hubiese dado plenas garantías a quien se reintegrara.
  3. La ley 782 de 2002 prorrogó la ley de orden público. Allí se indicaron las disposiciones necesarias por parte del Gobierno Uribe para la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley y su desmovilización. En igual sentido, se expidieron decretos reglamentarios como el 128 de 2003 que afianzó la política de desmovilización y reintegración del Gobierno Nacional.
  4. El activista político José Miguel Vivanco ignora que los lineamientos de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (numeral 116) expedida el año 2003 priorizó la protección de desmovilizados y niños combatientes.
  5. Desde el año 2003 se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI; en el año 2006 se formalizó el acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
  6. La Directiva 300 – 28 de 2007 reiteró la postura del Gobierno Nacional desde sus inicios en el sentido de “priorizar las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y de éstas a su vez sobre las muertes en combate”
  7. Así queda demostrado que es totalmente falso y mal intencionado por parte del activista político Vivanco decir que el Gobierno del expresidente Uribe priorizó apenas en el año 2007 la desmovilización sobre las capturas y éstas sobre las muertes en combate. Todo lo contrario, fue el designio desde el inicio del Gobierno hasta su terminación en el año 2010.