Los siguientes son cinco puntos clave del proyecto que nos permiten entender lo que propone el gobierno de Gustavo Petro para la atención en salud de los colombianos.
Aunque es innegable que se requiere superar muchas dificultades del sistema de salud, la reforma que acaba de ser presentada al Congreso de la República no responde de manera asertiva para hacerlo. La propuesta no define mecanismos que garanticen más calidad y oportunidad en el acceso a los servicios, principal queja de los colombianos; en cambio, se pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema y los logros obtenidos en materia de equidad, puede desestimular la cotización y no plantea un modelo con controles eficaces para evitar que se politice y despilfarren los recursos de la salud en manos de las autoridades políticas regionales.
Los siguientes son cinco puntos clave del proyecto que nos permiten entender lo que propone el gobierno de Gustavo Petro para la atención en salud de los colombianos:
Se acaba con el Aseguramiento en salud. La reforma propone acabar las EPS bajo la premisa de “acabar con la intermediación financiera”. Al parecer, se resume la compleja función del aseguramiento en la aparentemente simplísima tarea de recaudar recursos y pagar a proveedores, aunque realmente el aseguramiento implica algo más amplio: la representación del usuario, la gestión de riesgos en salud y del riesgo financiero en el sistema, la auditoría, vigilancia y control del gasto para la protección financiera de los individuos y el respaldo fiscal al Estado.
En reemplazo, la reforma plantea una formula aparentemente sencilla: que las persona puedan acceder a la atención de salud con la presentación de su identificación. En el nivel primario, a través de Centros de Atención Primaria, organizadas y coordinadas por las Direcciones Territoriales de Salud, que se encargarían de tramitar la remisión a servicios de mediana y alta complejidad que deben ubicarse dentro del “territorio en salud” al que pertenece el usuario y salvo limitadas excepciones no podrá atenderse por fuera de él.
Los prestadores de servicios podrán ser públicos, privados o mixtos, pero la red pública sería prevalente y articuladora de toda la atención.
Se reemplaza el subsidio a la demanda, por el subsidio a la oferta. El subsidio a la oferta establece un presupuesto público anual que se transferirá a cada hospital para garantizar su operación. Lo anterior indica que los Hospitales públicos dejarán de ser Empresas Sociales del Estado con la responsabilidad de autosostenerse a través de la venta de servicios, para convertirse en Instituciones de Salud del Estado – ISE – financiadas directamente con transferencia estatal.
No se conocen aún qué mecanismos evitarían que este cambio sea estímulo a la ineficiencia y facilitador de la corrupción que ha imperado en hospitales públicos, ni si existirán inversiones iniciales para poner en condiciones de operación digna a estas instituciones.
Se estatiza el manejo de los recursos de la salud. Se crea un FONDO ÚNICO PÚBLICO DE LA SALUD que será administrado por la ADRES de forma desconcentrada, es decir, habrá fondos regionales y territoriales. Los controles estarían a cargo de la Supersalud y las Unidades Zonales de Planeación y Evaluación, que serían equipos técnicos de profesionales contratados por las mismas autoridades regionales.
Alcaldes y gobernadores vuelven a ejecutar el gasto en salud. Los Fondos Territoriales constituidos por municipios y distritos, serán manejados por las Secretarías de Salud y encargados de financiar la Atención Primaria o de baja complejidad. Los Fondos Regionales de los “territorios en salud” conformados por entidades territoriales de distintos departamentos y administrados por los Consejos Regionales de Seguridad Social se conforman con representantes del poder político y la sociedad civil, y estarán encargados de financiar la atención de mediana y alta complejidad.
Las experiencias negativas del pasado obligan a centrar la discusión en cómo garantizar que la plata de la salud no termine al servicio de la politiquería.
Los trabajadores de la salud se convertirán en empleados públicos o trabajadores oficiales. La reforma plantea la creación de un Régimen Laboral Especial para los trabajadores de la salud. Para lo anterior, se busca que el Congreso entregue facultades al presidente de la República.
El llamado al Congreso es a una deliberación seria y técnica, que nos permita avanzar sin perder lo construido en 30 años de evolución del sistema actual, si se impone el clientelismo, esta reforma será una condena para los colombianos.