Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
El acceso al crédito es un aspecto vital para el desarrollo empresarial. Sin este, es prácticamente imposible que las compañías sean competitivas y aumenten su productividad, dado que requerirían un músculo financiero exageradamente grande para cancelar de contado sus obligaciones y eso, siendo sinceros, solo sucede con las mega empresas o los mega capitales.
Sin embargo, aunque todos somos conscientes de ello, uno de los principales problemas que enfrentan las compañías, y sobretodo las MiPymes, es la negativa constante por parte de los bancos privados a prestarles recursos, pues argumentan que el sector financiero administra el dinero de los ahorradores.
En efecto, solo uno de cada 10 pesos que presta un banco proviene del bolsillo de los accionistas, mientras que los nueve pesos restantes se obtienen de las cuentas de ahorro, los CDT, las cuentas que los Fondos de Pensiones y Cesantías tienen en los bancos, etc, es decir, los ahorros de las personas y las empresas, los cuales en nuestro País ascienden a $449.6 billones de pesos.
Por eso, las entidades financieras son bastantes quisquillosas al momento de evaluar si le otorgan o no el crédito a un empresario, toda vez que si a futuro este no paga, los principales perjudicados serán tanto los ahorradores como los dueños de los bancos.
Debido a lo anterior, es común que el sistema financiero privado le cierre las puertas a todas aquellas personas que tienen negocios pequeños, panaderías, peluquerías o misceláneas, dado que, por lo general, no cuentan con un respaldo sólido que le garantice al banco que en caso de no pago los recursos prestados se puedan recuperar, lo cual genera que no accedan al crédito o que las tasas de interés sean demasiado altas para compensar el riesgo.
No obstante, el apoyo a las MiPymes es un aspecto crucial para el crecimiento del País. Estas son las responsables del 80% del empleo y el 35% del PIB, razón por la que es urgente que la aproximación del Estado hacia estas empresas cambie diametralmente, me explico:
Actualmente, además del sistema financiero privado, existen bancos públicos como Bancoldex, Findeter o Finagro. El problema, es que estas entidades actúan como bancos de segundo piso, lo cual se traduce en que no prestan los recursos directamente, sino que se requiere la intermediación de un banco de primer piso que realice la operación.
Por ejemplo, si un microempresario quiere acceder a las líneas de crédito de Bancoldex no debe acudir directamente a la sede de la entidad, sino que tiene que dirigirse a un banco de primer piso tradicional y allí solicitar el préstamo que ofertó el banco de segundo piso.
Este modelo es útil por dos grandes razones. La primera, para que los bancos de segundo piso se puedan apalancar en la infraestructura de las entidades de primer piso y no se vean obligados a abrir sedes físicas a lo largo y ancho del País, debido a que tal acción conlleva un esfuerzo presupuestal supremamente alto y una ampliación burocrática estatal que no es deseable.
La segunda, porque quien asume el riesgo de no pago del crédito es el banco de primer piso y no el de segundo piso, toda vez que el ente estatal se libera de responsabilidad cuando le entrega los recursos al sector financiero.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el Gobierno está inyectándole liquidez a los bancos, tasas compensadas a través de las instituciones de segundo piso y se le está eliminando el 90% del riesgo a través del Fondo Nacional de Garantías al sector financiero, las entidades bancarias tienen que prestar con mayor facilidad y no mantener las mismas exigencias en cuanto a la evaluación del riesgo, de forma tal que se ayude de manera más activa tanto a los colombianos como a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Dicho esto y tratando de preparar a los bancos de segundo piso para la nueva dinámica económica, estos deben cambiar su modelo de negocio y entregar directamente los recursos a los usuarios, haciendo un especial énfasis en facilitar el acceso al crédito de las MiPymes.
Para lograrlo, es fundamental que los bancos estatales dejen de operar como instituciones de la edad de piedra y acudan a la tecnología, como las Fintech, para agilizar sus procesos, es decir, que tengan la posibilidad de llegarle a todos los microempresarios del País a través de un celular o un computador y no necesariamente con la presencia física en todos los municipios. Hay que entender que ya no es necesario tener la capilaridad física de los bancos para llegar al usuario final.
Esta propuesta, que hace unos años era imposible, hoy en día es completamente realizable gracias a la implementación de la inteligencia artificial, el blockchain o el big data. Herramientas digitales que sí o sí debe utilizar el Gobierno para modernizar su operación y que en países como China ya se utilizan masivamente.
De esta manera, el acceso al crédito para las MiPymes se volvería una realidad con el apoyo gubernamental y dejaríamos en el pasado los constantes reclamos de los empresarios que denuncian las infinitas trabas administrativas a las que se tienen que someter cuando solicitan un préstamo a un banco tradicional.