Por: Gabriel Vallejo
@GabrielJVallejo
Las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la JEP ratifican que la verdadera esencia de la justicia va para el estanco: los victimarios libres, las víctimas revictimizadas; los narcotraficantes en el Congreso; los derechos de los viciosos prevalecen sobre los de los niños y la familia… en general la transformación de la jurisdicción en Colombia va directo hacia un narcoestado.

Con todas estas decepcionantes decisiones siento que las extensas jornadas de clase y las noches en vela que pasé estudiando para mis clases de derecho constitucional me las borraron de un plumazo porque se ha ido formando la nueva teoría del derecho.

Pareciera que este galimatías estuviera surgiendo, esta vez, no como una rama del derecho público para incluir las leyes fundamentales que definen un Estado, sino por el contrario para favorecer los intereses de un bandido como lo es Santrich y otros mafiosos que con sus fechorías carcomen la institucionalidad del país; hoy usted no se ha posesionado y ya es funcionario público ¿de cuándo acá eso?
Y no conforme con eso, entonces, tenemos a una mayoría de clase política acomodada a las circunstancias e inconsciente – o haciéndose los inconscientes – de los pasos de gigante con los que camina sin piedad el narcotráfico, de punta a punta sobre todo el territorio colombiano; con un crecimiento indiscriminado después del espurio tratado que firmó Santos en La Habana.

Esta es la recolección de los frutos que sembró y regó durante ocho años el Gobierno anterior, solo que esa cosecha no era para la gente de bien, como siempre lo quisieron hacer ver; sino para delincuentes que burlan la justicia, para cínicos que siguen su negocio del narcotráfico meses después de la firma del dichoso pacto, bandidos que se valen de cualquier argucia con el fin de lograr su objetivo: llegar a ocupar una curul en el “templo de la democracia”.

De modo panorámico y resumiendo un poco la situación que se percibe en Colombia es así: el negocio de las drogas está financiando campañas, la reforma a la Justicia Especial para la Paz fue impedida, cualquier camino para reformar la política y la justicia se ve torpedeado, el ingreso a narcoterroristas y genocidas al Congreso es permitido, en ese orden de ideas: ¿el narcotráfico ha cooptado la institucionalidad del país?
Por ahora mi mensaje es: no dejemos que ese negocio sucio que ha cobrado tantas vida, invierta los valores morales de nuestra sociedad, demostremos que se pueden hacer las cosas bien, refundemos nuestra Patria por lo que verdaderamente nos representa como colombianos, no permitamos que la teoría del ser Pillo Paga se convierta en nuestra nueva legislatura y rechacemos a toda costa repetir ese horrible suceso de recibir en el Honorable Congreso de la República a narcotraficantes y pícaros como en la época de los noventa con Pablo Escobar.