Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Difícilmente podríamos hablar hoy en día de crecimiento económico en nuestro país de no ser por el invaluable aporte del sector solidario. Con más de 6 millones de afiliados, que incluyendo a sus familias se traducen en 20 millones de beneficiarios y un impacto económico de más de 33 billones de pesos anuales, es uno de los principales responsables de adelantar una transformación social que cimienta las bases para construir una Colombia mucho más equitativa.
Este sector, en palabras coloquiales, es el que distribuye las ganancias que obtiene en beneficios para sus asociados y se divide en tres grandes grupos: las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales.
A pesar de su relevancia, la última vez que se adoptaron medidas encaminadas a su fortalecimiento fue hace más de 15 años en el Plan Nacional de Desarrollo del 2003, durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Desde entonces, quedó completamente relegado en la última década.
Afortunadamente, en el Congreso somos conscientes de la gran importancia de este sector para el País, por lo que desde la ‘Comisión Accidental de Cooperativismo y Economía Solidaria’, que propusimos y creamos hace un año, proyectamos, junto con varios parlamentarios y el siempre consistente respaldo del Gobierno Duque, las medidas que debíamos proyectar para fortalecerlo.
Como resultado, hoy le podemos decir a los colombianos que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo quedó consagrada la política pública para el fortalecimiento del sector solidario, la cual permitirá adelantar las siguientes 4 acciones:
En primer lugar, el Gobierno tendrá que formular y ejecutar una política pública que permita el desarrollo del sector solidario, con un especial énfasis en el emprendimiento. En segundo lugar, esa política establecerá los mecanismos para el fomento del ahorro y el crédito solidario mediante los Fondos de Empleados.
En tercer lugar, se crea una comisión intersectorial que articulará el accionar de todas las entidades gubernamentales relacionadas con el sector solidario.
Finalmente, la política diseñará incentivos para las empresas que fomenten la creación y el desarrollo de Fondos de Empleados, los cuales, recordemos, son más de 1.500 en todo el País y actualmente manejan depósitos de más de 3 billones de pesos.
En términos sencillos todo esto permitirá que el relacionamiento del Estado con este sector deje de enfocarse exclusivamente en hacer una regulación de sus entidades, para pasar al diseño, creación e implementación de incentivos y mecanismos de diversas naturalezas que lo potencialicen. En esencia, esto significa: el renacer del sector solidario.
Por último, quiero aprovechar este escenario para reiterar un llamado que hace un par de semanas le vengo haciendo al Gobierno para que comience a trabajar en el diseño de esa importante política pública, la cual, esperamos, cuente con la participación no solamente de nosotros los Congresistas, sino sobre todo de los actores del sector solidario, de las cooperativas, los Fondos de Empleados y asociaciones como Confecoop y Analfe, de tal manera que su experticia sea un insumo necesario para adoptar las mejores medidas.
La defensa y la promoción del sector solidario es una causa que trasciende las fronteras políticas, que nos une como País y seguirá siendo uno de mis propósitos en el Senado de la República. No podemos descansar hasta lograr que este se convierta en uno de los principales aliados del Estado para diseñar y ejecutar los programas de transformación social y productiva de Colombia.