Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
Las declaraciones del señor Nelson Alarcón, representante de FECODE en el llamado Comité Nacional del Paro, del que nadie tiene certeza a quien representan, deja en evidencia el uso político dado a la protesta social iniciada el 28 de abril como herramienta electoral para derrotar al Centro Democrático y llegar al poder en 2022. Es importante aclarar que, a excepción de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, todos los colombianos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos.
Lástima que FECODE haya perdido su norte, la educación, y revela su transformación a un movimiento político, un secreto a voces desde hace varios años. Sus dirigentes indican que el señor Alarcón se expresó a título personal y no se puede generalizar; curioso argumento, pues la generalización ha sido la bandera de los promotores del paro en la campaña de desprestigio a la Policía Nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos de algunos de sus integrantes, las cuales condenamos y esperamos pronta justicia para con las víctimas.
Hacemos un llamado respetuoso al señor Registrador Nacional, Alexander Vega, y al Concejo Nacional Electoral, para analizar una posible exclusión de las listas de jurados de votación para las elecciones del 2022 a los miembros de FECODE, ya que uno de sus principales líderes ha expuesto públicamente sus aspiraciones políticas, poniendo en riesgo la transparencia y objetividad de esta importante labor realizada así durante años por la gran mayoría de profesores, pero hoy su trabajo podría ser cuestionado gracias a las acciones de sus directivos.
Es triste el costo social que esta confesa campaña política deja al país: muertes, heridos, empleos perdidos, vandalismo, personas y empresas arruinadas, escasez e inflación, todos ellos con indicadores mayores a los generados por la pandemia, pero lo peor, su razón de ser, los estudiantes pasaron a un segundo plano.
Es imperioso el regreso a clases de forma inmediata y no se siga violando el derecho a la educación tal como lo denuncia la Confederación Padres Unidos por la Educación, COPA en Bogotá, que emprenderá acciones legales al respecto. En la mayoría de colegios las condiciones sanitarias están dadas y muchos de los maestros ya están vacunados. No más disculpas. Son muchos los verdaderos profesores de vocación, que quieren regresar a dictar sus clases, pero son intimidados por las directrices sindicales a mantener el paro mientras el Estado no ha parado las trasferencias de salarios y primas.
Se requieren acciones de choque: en mes y medio se realizarán las pruebas SABER 11 para el calendario A y son previsibles los resultados que tendrán las instituciones públicas aumentando la brecha educativa. ¿Qué responsabilidad asume FECODE al respecto? Hay que poner sobre la mesa la necesidad de incluir el grado 12 de forma transitoria por un par de años, para así de alguna manera recuperar el innegable rezago.
FECODE es un maestro para exigir derechos, pero es un estudiante de párvulo para cumplir y enseñar deberes. FECODE no es sinónimo de educación y no pueden hablar en nombre de todos los educadores, pues son muchos los que no están agremiados allí.
Finalmente, así como existe la libertad de culto, la cual es autorizada exclusivamente por los padres de familia, en igual sentido debe procederse con la libertad de orientación política, la cual no debe ser impuesta ni manipulada por las tendencias ideológicas de los profesores, ni del movimiento sindical, escudado en la libertad de cátedra.
No más adoctrinamiento, y más educación de calidad.