Por: Margarita Restrepo,
Representante a la Cámara por Antioquia.
Uno de los grandes avances democráticos incorporados en la Constitución de 1991 fue el capítulo dedicado a los mecanismos de participación ciudadana, diseñados y promovidos -sea es la ocasión para rendirle un homenaje póstumo- por Carlos Holmes Trujillo. Gracias a esos mecanismos, los ciudadanos, en su condición de Constituyentes Primarios, tienen el poder de tomar decisiones en todo sentido. Además de poder introducir modificaciones puntuales a la Carta, de participar en cabildos abiertos y de seleccionar en consultas populares a los candidatos de los diferentes partidos, pueden revocar el mandato de los alcaldes y gobernadores que, en el ejercicio de sus cargos, incumplan su programa de gobierno.
Los estándares para la revocatoria son elevados, precisamente para garantizar la estabilidad de los gobiernos municipales, distritales o departamentales. Pero cuando hay un descontento masivo de la ciudadanía aquellos estándares son fácilmente superables, como está ocurriendo en Medellín respecto de la administración de Daniel Quintero Calle quien desde el comienzo de su mandato se ha encargado de notificar a los habitantes de la capital antioqueña que su agenda consiste en promover la lucha de clases estimulando una nociva fractura social. Su necia obsesión por debilitar a las EPM y por perjudicar a Hidroituango le ha generado aplausos en las toldas de la extrema izquierda, pero rechazo en el seno de la ciudadanía. Ambas -EPM e Hidroituango- son motivo de orgullo y un patrimonio invaluable de todos los antioqueños.
El proceso revocatorio contra Quintero empezó a surtirse hace algunos meses. Él, desafiante y altanero, no ha desaprovechado ninguna oportunidad para maltratar y descalificar al movimiento ciudadano que constituyó el comité de recolección de firmas con miras a lograr que se convoque la respectiva votación para que, en las urnas, los medellinences decidamos si él debe continuar o abandonar el cargo. Más de 300 mil firmas ya han sido recogidas. El proceso ha despertado la solidaridad de muchísimos que no queremos que nuestra ciudad siga en manos de un clon de Gustavo Petro. Queremos que Quintero se vaya. No es un capricho ni una vindicta política sino un acto de responsabilidad ciudadana.
En días pasados le remití un extenso derecho de petición a la junta de las EPM con el fin de conocer cuál es la posición real de cada uno de sus miembros respecto del cambio de contratistas en la construcción de Hidroituango, sobre todo si se tiene en cuenta el concepto que al respecto emitió el interventor de dicho proyecto oponiéndose a que se lleve a cabo dicha suplencia. A la posición de los interventores se debe sumar el delicado anuncio de Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el sentido de que un cambio de contratistas tendría como efecto el retiro de ese organismo del proyecto, algo que resultaría sumamente delicado. Los antecedentes de la manera como Quintero Calle ha ejercido la administración de Medellín, nos permiten sospechar que en este delicado cambio de contratistas en Hidroituango carece de rigor y no responde a un plan de trabajo diseñado con los estándares necesarios para emprender ese tipo de empresa en un proyecto de la magnitud que tiene este. Por eso, entre mis solicitudes remitidas a la junta he pedido que se haga público el plan aprobado por la Junta para llevar a cabo el cambio de contratistas.
Debo decir que no confío en absolutamente nada de lo que haga la administración de la ciudad. Quintero improvisa, actúa de acuerdo a sus impulsos primarios, movido por el odio y no motivado por los intereses de la comunidad. Ha sido un pésimo alcalde, quizás el peor de la historia reciente de Medellín, razón por la que no solo respaldo el movimiento revocatorio sino que también deseo que este tenga el éxito que cientos de miles, si no millones, de personas anhelamos. Redoblemos esfuerzos para, dentro de las reglas propias de la democracia, sustraer a Medellín del yugo al que está sometida.