Nicolás Pérez

Senador de la República

Después de varias semanas tormentosas, por fin conocimos este viernes una noticia alentadora. El DANE certificó que la economía colombiana tuvo un crecimiento del 1.1% en el primer trimestre del 2021, un indicador que demuestra que el músculo productivo del País cuenta con las herramientas suficientes para salir adelante y que el subsidio a la nómina es un programa fundamental que debe mantenerse, por lo menos, hasta final de año.

Si analizamos el comportamiento de nuestra economía en los últimos 12 meses nos damos cuenta que la tendencia de recuperación es sostenida y que ya estamos saliendo de la recesión. De hecho, por trimestres, la variación del PIB durante los cuatro segmentos del año pasado fue de 0.6%, -15.7%, -8.4% y -3.6% respectivamente.

Y de los primeros tres meses de este año fue en marzo, cuando se levantaron la mayoría de restricciones impuestas tras las fiestas de fin de año, que el PIB se disparó, a tal punto que mientras el primer bimestre tuvo una variación del -3.9%, en este mes el crecimiento ascendió al 11.8%, casi que duplicando las cifras de 6.3% y 6.4% que registraron Brasil y Chile.

Es tan importante este comportamiento que inclusive tomó por sorpresa a todos los analistas financieros del País, quienes proyectaban un primer trimestre con cifras negativas que oscilaban entre el -1.9% y el 0%.

Ahora bien, si detallamos esta cifra nos damos cuenta que el sector agropecuario y de manufacturas fueron los que más jalonaron la economía. En contraste, en el comercio, la construcción y la explotación de recursos mineros se registraron las mayores pérdidas, lo cual responde casi que directamente a las constantes restricciones a la movilidad que impusieron los Gobiernos locales.

Esta realidad nos obliga a plantearnos tres grandes objetivos de ahora en adelante. El primero, es encontrar lo antes posible los recursos que permitan mantener el PAEF hasta diciembre. A la fecha este programa ha girado $6.8 billones a los empleadores, gracias a los cuales se han logrado proteger 4.1 millones de empleos, por lo que un desmonte causaría un perjuicio social sumamente preocupante.

De hecho, para sectores como el manufacturero este subsidio a la nómina ha sido fundamental, a tal punto que el 15% del total de los puestos de trabajo cubiertos se concentran en esta actividad económica.

El segundo, es acabar cuanto antes los bloqueos que se están presentando en las carreteras del País. Es tan crítica la situación que por cuenta de estas conductas delictivas lo ganado en el primer trimestre lo podemos perder en el segundo. Por ejemplo, las dos primeras semanas del paro le han costado al País $6.2 billones, tres veces más que el monto adicionado al PIB durante enero, febrero y marzo.  

Asimismo, las dificultades en la movilidad han aumentado en un 30% los costos de las empresas, actividades como el transporte intermunicipal se encuentran al borde de la quiebra y en ciudades como Cali los retrasos en el Plan de Vacunación ya ascienden al 70%. La situación es insostenible y si no cambia el panorama las afectaciones que no causó la pandemia las va a generar la violencia.

 

Finalmente, es urgente que el Gobierno sancione con severidad los actos de violencia y terrorismo urbano que se están presentando en varias zonas del País. El derecho a la protesta pacífica es un elemento crucial para nuestra democracia, pero causar afectaciones a la propiedad e integridad de terceros es algo que sencillamente no podemos tolerar.

Por lo pronto, mientras vemos cómo avanza la realidad del País, podemos darnos un respiro al observar una cifra que le demuestra a los mercados internacionales que nuestra economía es fuerte y que tenemos todas las condiciones institucionales y sociales para seguir siendo uno de los principales destinos de inversión de la región.