En Colombia hay cerca de 12 millones de jóvenes entre los 14 y 29 años, de ellos el 77% viven en zonas urbanas y el 23% restante en la ruralidad. Reconocer los retos a los que se enfrentan constantemente es fundamental para entender las dinámicas sociales y económicas que pueden afectar o contribuir en su desarrollo, teniendo en cuenta que representan cerca del 28% de la población colombiana.

Históricamente los jóvenes se han enfrentado a dos grandes desafíos. Por un lado, a fuertes restricciones en el acceso a la educación superior, generalmente por problemas de liquidez de los hogares, insuficiencia de cupos, falta de articulación con la educación media, barreras en el acceso a créditos y falta de información. Por otro, enfrentan barreras en el mercado laboral, por falta de experiencia, de estudio o de oportunidades para su vinculación laboral.

52,2% es la cobertura en educación superior en Colombia, 13.1 pp se ha incrementado frente a lo registrado en 2010. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por lograr la inclusión de casi 700 mil nuevos estudiantes entre 2010 y 2019, aún es insuficiente y ha tendido a disminuir en los últimos años. Una de las posibles explicaciones de la reducción de la cobertura (de 54% a 52%) es el problema de liquidez que enfrentan los hogares, especialmente los más vulnerables, en los que los jóvenes se convierten en apoyo económico después de concluir su educación media. Por ello tengo que destacar el programa Generación E, impulsado por el gobierno Duque, que a través de una inversión de $850 millones ha permitido que 132.050 jóvenes continúen con sus estudios de educación superior. La meta es llegar a 336.000 jóvenes.

De igual manera, quiero destacar el papel que ha jugado el ICETEX a través de los créditos educativos. 838.930 colombianos se están beneficiando con créditos educativos en diferentes modalidades. En esa línea resalto el esfuerzo del Gobierno Nacional para garantizar la permanencia en la educación superior a través del Plan de Auxilios Educativos covid-19, que en 2020 benefició a 120.000 jóvenes, con ampliación de periodo de gracia, interrupción de pagos en cuotas de créditos vigente, reducción transitoria de intereses, o ampliación de plazos en los planes de amortización.

Si bien los créditos actuales han sido claves para incentivar el acceso a la educación superior, también han significado una carga impagable para muchos jóvenes que no logran acceder al mercado laboral de manera inmediata o para aquellos cuyos ingresos son insuficientes para asumir los pagos. De ahí todos los esfuerzos que se puedan hacer para reducir los costos de financiamiento a través del ICETEX, y moverse a un mecanismo que consulte más la capacidad de ingresos de los beneficiarios. Lamentablemente la ley 1911 de 2018, que contempla un modelo de financiación contingente al Ingreso no ha podido implementarse 

porque, según informa la entidad, vuelve inviable al ICETEX. El gobierno nacional ha anunciado que radicará en los próximos días un proyecto de ley que revisa esas realidades para mejorar las condiciones de financiamiento de la educación superior de nuestros jóvenes.

Otro de los grandes retos es el acceso al mercado laboral. Si bien, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley de Crecimiento se incorporaron incentivos para la contratación de jóvenes, como deducción del impuesto a la Renta por la contratación de jóvenes menores de 28 años vinculados por primera vez al mercado laboral, y la prelación de la contratación de jóvenes en entidades públicas, el panorama sigue siendo difícil, más aún después de la pandemia del covid-19. Según el último reporte del DANE, la tasa de desempleo juvenil es de 22,5%. Una tragedia para las familias, la autoestima y la esperanza de nuestros jóvenes.

Esa grave realidad laboral exige aunar esfuerzos en torno a la inserción de los jóvenes a la vida laboral; punto en el que urge una articulación efectiva entre la oferta académica y la demanda de empleo, lo cual tendrá que ir de la mano de las nuevas tecnologías, así como de mayor promoción y apoyo al emprendimiento productivo. Aplaudo y respaldo la reciente decisión del presidente Iván Duque de que el Estado financiará por 5 años los costos de los parafiscales para las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años, así como que habrá gratuidad de la educación superior para esta población de estratos 1,2 y 3.

Finalmente, quiero hacer énfasis en la responsabilidad social que tenemos con nuestros jóvenes, especialmente con aquellos que están haciendo la transición a la vida laboral en medio de un panorama económico incierto. No hacerlo, puede tener consecuencias significativas en toda una generación que podría ver afectado su futuro económico o correr el riesgo de pertenecer a la población de NINIS (población de jóvenes que no estudian ni trabajan) en Colombia.

María del Rosario Guerra

@CharoGuerra