Por: Nicolás Pérez,

Senador de la República.

Con la aprobación esta semana del Presupuesto General de la Nación en primer debate dimos un segundo paso importante para que en 2022 se haga realidad la mayor apuesta social y de reactivación económica que hayamos visto en el País. Un propósito que supera cualquier diferencia política y que nos permite construir una sociedad menos desigual, más cohesionada y con mayores oportunidades.

Como tal, en el proyecto original que radicó el Gobierno en julio se contemplaba un rubro de inversión de $62.2 billones. A pesar que esta cifra era considerable, los coordinadores ponentes de la iniciativa nos reunimos en repetidas ocasiones con el Ministerio de Hacienda para estudiar cómo podíamos incrementarla. Al fin y al cabo, es a través de este componente del presupuesto que logramos luchar contra la pobreza y crear puestos de trabajo.

Para ello, era necesario trasladar algunos recursos que ya estaban asignados a otros aspectos y reorganizar parte de la estructura de un proyecto que, por diversas causas legales, tiene una inflexibilidad que llega al 80%. Es decir, el Congreso y el Gobierno solamente tienen margen de acción para distribuir con alguna libertad el 20% de los montos, dado que la cifra restante se debe destinar sí o sí a cubrir temas inamovibles como el pago de los intereses de la deuda, las pensiones, el Sistema General de Participaciones o las vigencias futuras ya comprometidas.

Finalmente, tras casi dos meses de discusión, los ponentes acordamos incrementar en $5.9 billones el rubro de inversión para 2022, de los cuales $5.2 billones provienen de una renegociación en el pago del capital de la deuda y $722.000 millones de austeridad en los gastos de funcionamiento.

Con este ajuste, en el próximo año el País tendrá una inversión total de $68.2 billones, $9.5 billones más que la registrada en 2021, que va de la mano del aumento en el gasto aprobado en la Ley de Inversión Social y que garantiza $21.3 billones para disminuir la pobreza del 42.5% al 34.2% a través de programas sociales y $10.8 billones para la generación de empleos en las regiones a través de los proyectos de infraestructura pública.

Este monto, cabe resaltar, nunca se había visto en la historia del País y responde a un objetivo común entre el ejecutivo y el legislativo de lograr que Colombia termine de superar el impacto de la crisis social y económica más dura en un siglo y retorne a la exitosa senda de crecimiento económico superior al 4% que tuvimos en el primer bimestre del 2020.

Ahora bien, estos números no se quedan en frías estadísticas en Bogotá. De hecho, los recursos de inversión que autorizamos en el Capitolio se distribuyen entre todos los Departamentos para financiar los proyectos que se están llevando a cabo en cada uno de ellos.

Para el caso de Antioquia, en el Presupuesto General de la Nación garantizamos la continuidad de obras vitales para la región, que aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo, tales como el Túnel del Toyo, las Autopista al Mar 1 y 2, las Autopistas Conexión Pacífico 1, 2 y 3, la pavimentación de vías terciarias, el mejoramiento del aeropuerto José María Córdoba, entre otras. Con estas, no solamente facilitamos la conectividad del Departamento, sino que generamos miles de empleos directos e indirectos en toda la extensión de los proyectos.

La anterior apuesta en infraestructura, que representa el 33.7% del monto, se suma a la que se hace en inversión social, la cual asciende al 36.6% de los recursos y se complementa con el accionar regional de todos los demás sectores.

En total, cuando el rubro de inversión del País ascendía a $62.2 billones se contemplaba un presupuesto regionalizado para Antioquia de $5.8 billones, $764.000 millones más que en 2021. No obstante, esa cifra la reajustaremos de cara al debate en las Plenarias de Cámara y Senado para que se tenga en cuenta el aumento que acabamos de realizar de $5.9 billones para el primer debate.

Este es el Presupuesto General de la Nación 2022. Una herramienta vital a través de la cual se materializa el accionar del Estado y que nos permite tener los insumos necesarios para que la inversión pública llegue de manera rápida y eficiente a solucionar las problemáticas de las regiones de nuestro amado País.