Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
El País debe tener la tranquilidad que en este proyecto no se cometerán los errores de hace unos meses. El Gobierno acogió nuestro llamado de presentar una iniciativa corta financiada por los más pudientes. La lucha contra la pobreza es un objetivo que no da espera y gracias a este articulado será posible pasar la página de las cuarentenas y la recesión. Este es el paso a paso de la nueva reforma tributaria.
En primer lugar, en materia de gasto, esta iniciativa contempla cuatro ambiciosos programas sociales que buscan que el País termine de superar el choque económico causado por la pandemia. Es así como se extiende la vigencia del Ingreso Solidario durante 2021 y 2022, un auxilio que va a tener una cobertura total de 3.3 millones de hogares y con el cual se busca que la pobreza disminuya del 42.5% al 34.2% y la pobreza extrema del 15.1% al 9.6, es decir, las cifras anteriores al 2020. Para ello se destinarán $2.1 billones este año y $6.5 billones en 2022.
Por su parte, el subsidio a la nómina, el programa que logró proteger 4.1 millones de empleos desde mayo de 2020 hasta marzo de 2021, se prolongará durante el segundo semestre del 2021, pero esta vez se focalizarán las ayudas por $1.1 billones para cubrir 400.000 empleos de las micro y pequeñas empresas y las personas naturales que generan más de dos puestos de trabajo.
De igual manera, se asignarán $700.000 millones anuales para garantizar la matrícula cero a 695.000 estudiantes vulnerables de educación superior pública, se financiará el 25% de un salario mínimo de los empleos que generen las empresas para jóvenes entre los 18 y 28 años, con lo cual se espera disminuir el desempleo juvenil del 23.9% al 15.8%, y se subsidiará el 10% de un salario mínimo para los empleados que ganen hasta tres salarios.
Estos últimos dos subsidios le costarán a la Nación $236.000 millones en 2021 y $573.000 millones en 2022 y permitirán recuperar cerca de medio millón de empleos perdidos por la pandemia.
Como puede verse, con esta nueva reforma se materializa una expansión en el gasto social durante 2021 y 2022 completamente necesaria para que el País, de la mano de la vacunación masiva y la reactivación económica, termine de superar los efectos de la peor crisis económica en un siglo, sobretodo los relacionados con el alarmante aumento de los niveles de pobreza y desempleo.
En segundo lugar, en el componente de ingresos, este proyecto aprende de los errores del pasado y no contempla modificaciones en el IVA ni en la base gravable del impuesto de renta de las personas naturales, así como tampoco toca a los pensionados ni a la clase media. Algo lógico en medio de la difícil coyuntura que viven las familias colombianas.
Por el contrario, para lograr la meta de recaudar $15.2 billones anuales se adoptan tres medidas. La primera, es un ahorro de $1.9 billones en los gastos de funcionamiento de la Nación, tales como viáticos, arriendos, publicidad, vehículos, burocracia, etc. Algo que desde el Centro Democrático le hemos solicitado al Gobierno desde el primer día.
La segunda, es un fortalecimiento de la lucha contra la evasión que permitirá generar un recaudo de $2.7 billones. La tercera, es un esfuerzo solidario que se acordó realizar por parte del sector empresarial del País y que permitirá recaudar casi $11 billones anuales a través de tres figuras: 1) El descuento del ICA se mantendrá en el 50% y no aumentará al 100%. 2) La tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas pasará del 30% al 35%. 3) Se prolongará la sobretasa al sector financiero hasta 2025.
Aunque estas medidas generan un impacto considerable en las finanzas de las empresas, las apremiantes condiciones sociales del País exigen una cooperación por parte de los más pudientes. Además, no se eliminarán los demás incentivos a la inversión que se establecieron en las pasadas reformas del 2018 y 2019, tales como el descuento del IVA de los bienes de capital, las exenciones de impuestos para las inversiones agrícolas y de economía naranja, los contratos de estabilidad jurídica para las mega-inversiones, etc.
Esto, cabe resaltar, es sumamente importante, dado que fueron dichas disposiciones las que permitieron que en 2019, antes de la pandemia, Colombia registrara la tasa de crecimiento económico y de inversión extranjera directa más alta en seis años.
Ahora bien, con esto no estoy diciendo que la reforma sea perfecta. Es claro que el recaudo que generará a partir de 2023 no será suficiente para disminuir la deuda y el déficit fiscal. Muy seguramente el próximo Gobierno deberá llegar con una tributaria estructural bajo el brazo y las calificadoras de riesgo estarán pendientes de ese ajuste futuro para determinar si le devuelven o no el grado de inversión al País.
Sin embargo, dadas las condiciones actuales de Colombia es una solución adecuada en el corto plazo. Además, el amplio proceso de discusión que tuvo esta reforma, en contraste con la anterior, facilitará el trámite del proyecto en el Congreso, donde, no obstante, estudiaremos propuestas como la implementación de una tarifa de renta diferencial para las pequeñas y medianas empresas o el incremento de la tarifa de la sobretasa al sector financiero.
