Por: Nicolás Pérez.
Senador de la República.
Con la satisfacción del deber cumplido les comento que esta semana aprobamos la Ley de Inversión Social, una iniciativa que incluye una verdadera revolución social al hacer realidad uno de los paquetes más ambiciosos de lucha contra la pobreza, reactivación económica y disminución de las inequidades del País.
Ante todo, debo hacer una importante claridad: no creo en los subsidios infinitos. Un sostenido asistencialismo estatal destruye la fuerza laboral a largo plazo, afecta la capacidad productiva de las empresas y genera una dinámica indeseada donde las personas no tienen mayor interés en trabajar, dado que sin hacerlo les llega un cheque mensual con el cual pueden subsistir sin esfuerzo alguno.
Sin embargo, lo que sucedió en el 2020 fue completamente excepcional. El mundo afrontó la pandemia más devastadora en 100 años y la actividad comercial se detuvo casi que por completo. En Colombia el desempleo superó el 20%, más de cinco millones de personas perdieron su plaza de trabajo y perdimos 20 años de avances en disminución de la pobreza, al punto que hoy en día 21 millones de colombianos sobreviven con menos de $331.688 al mes.
Claramente, estas condiciones atípicas exigen respuestas fuera de lo convencional. Por eso, es aceptable que el Estado realice una expansión en el gasto a corto plazo y trate de revertir las condiciones sociales y económicas a la situación en que se encontraban previo a la pandemia.
Para ello, la Ley de Inversión Social contempla cuatro grandes apuestas. La primera, es la prórroga del Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022. Un apoyo que ha sido crucial para sopesar la pérdida de la capacidad adquisitiva de 4.1 millones de hogares en condición de vulnerabilidad que contarán durante un año y medio más con el apoyo de $160.000 al mes.
Al respecto, cabe señalar que son injustas las críticas que se hacen a este programa desde algunos sectores. Claro que quisiéramos que la transferencia fuera de mayor valor, pero no podemos ser irresponsables con las finanzas del País. Pensar en una renta básica de un salario mínimo para todas las personas en pobreza le costaría a la Nación $73.9 billones anuales, una cifra absolutamente inviable.
La segunda, es la extensión del PAEF desde mayo hasta diciembre de 2022. Una medida que permitirá proteger cerca de 400.000 empleos generados por empresas que tengan de 2 a 50 empleados. Adicionalmente, se auxiliará a los empleadores afectados por los bloqueos de mayo y junio con el pago del 20% de su nómina durante estos dos meses, con lo cual se cubrirán 1 millón de empleos en todo el País.
La tercera, es la creación de tres subsidios puntuales para la generación de nuevos empleos. 1) 25% de un SMLMV para nuevas plazas de jóvenes de 18 a 28 años. 2) 15% de un SMLMV para mujeres mayores de 28 años. 3) 10% de un SMLMV para el resto de los trabajadores que perciban hasta tres salarios de remuneración. Con estos incentivos, que estarán vigentes hasta agosto de 2023, buscamos que el crecimiento económico se traduzca en un incremento de la vinculación laboral.
Finalmente, se garantiza la Matrícula Cero para 695.000 estudiantes en condición de vulnerabilidad. Una decisión con la cual se materializa el acceso a la educación superior, quizás la herramienta más determinante para superar las desigualdades en una sociedad.
Lo anterior, va de la mano del incremento histórico que ha tenido el presupuesto del sector educación en este Gobierno al pasar de $37.5 billones en 2018 a $49.3 billones en 2022, con el factor adicional que la gratuidad en educación superior, a diferencia de las otras tres medidas de la Ley de Inversión Social, no es temporal, sino que es un programa permanente que se consolida como política de Estado.
Con estos programas sociales materializamos la mayor apuesta en política social de los últimos años en el País. Disminuiremos la pobreza del 42.5% al 34.2% y la pobreza extrema del 15.1% al 9.6%, de tal forma que retornemos a las estadísticas del 2019, además de incentivar como nunca antes la generación de empleo y permitir que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 puedan transformar la vida de sus hogares a través del acceso gratuito a la educación superior.