Por: Enrique Cabrales, Representante a la Cámara
Aunque las consecuencias negativas del acuerdo de paz, hecho de afán y sin se prever un futuro, son bastantes, en esta columna solo me referiré a tres: 1. Los golpes a la democracia 2. La fractura de la justicia y 3. La guerra entre disidentes por tierras.
El 2 de octubre de 2016, los colombianos cumplieron la cita en las urnas para decidir si legitimaban el Acuerdo de Paz hecho entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la Guerrilla de Las FARC, la pregunta que se votó era: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?
Ese domingo la mayoría de los sufragantes sabía que ese acuerdo estaba lejos de dejar una “paz estable y duradera”. La opción del NO ganó con un 50,2 por ciento. Resultado que fue ignorado por el Gobierno de ese entonces, desconociendo la voluntad del pueblo colombiano y dando con esto, el primer fuerte golpe a la democracia.
El Acuerdo se aprobó a través del Congreso de la República en una votación realmente histórica, y no propiamente por el estudio acucioso en el mismo, sino por la rapidez y poco debate que se le dio los artículos votados. Jocosamente lo llamaron en ese entonces “fast-track”, como si el tiempo y la diligencia que demandaba el mismo fueran su peor enemigo. Siendo este el segundo gran golpe a la democracia; debido a que se desconocieron las razones por las cuales los colombianos votaron NO en el plebiscito y quienes, supuestamente, representaban a los colombianos en el Congreso, no se tomaron la tarea de cambiar lo que los ciudadanos rechazaban:
- La impunidad para crímenes de lesa humanidad comprobados.
- El poco compromiso de las FARC con la paz.
- El espacio político que tendrían las FARC sin hacer un proceso democrático por el que tiene que pasar cualquier ciudadano con derecho a elegir y ser elegido.
- El poco protagonismo de las víctimas dentro del acuerdo.
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- La NO extradición.
- La poca claridad de cómo serían juzgados los guerrilleros que se atuvieran al proceso de paz.
Entre otras razones que nunca se tuvieron en cuenta a la hora de la votación por parte de los congresistas.
Esto conllevó a una evidente fractura de la justicia. Primero, en el acuerdo no quedó claro qué clase de tratamiento se les daría a los guerrilleros que se atuvieran al Acuerdo y que delinquieran después de la firma de este, el caso “Santrich” es la muestra más fiel a esta “laguna jurídica” que quedó consignada en las más de 300 páginas.
Segundo, la poca objetividad de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), un ente creado para juzgar a quienes hayan hecho parte de la guerra, que trabajó con un presupuesto para el 2018 de $200.000 millones según el Ministerio de Hacienda, y que en sus decisiones ha favorecido a los delincuentes, volviendo al caso “Santrich”, a quien dejaron libre y del cual hoy no tenemos rastro, pero sigue recibiendo su millonario sueldo de congresista, independientemente que sea un prófugo de la justicia y no esté cumpliendo con sus funciones.
El tercer punto y no menos importante, es la guerra por las tierras y el poder que se vive en los territorios productores de coca. Un conflicto interno que ha cobrado varias vidas, dentro de estas las de líderes sociales, que entristecen al país.
Ahora un grupo de ciudadanos instaurados en Londres se creen con la potestad de gritarle asesino a nuestro Presidente Iván Duque, que no ha hecho más que respetar las decisiones erróneas de las Cortes y el Congreso, evidenciando su respeto por la separación de las ramas del poder público y quien lleva cuestas la carga de un Acuerdo, que representa miles de millones para el país y que está mal hecho.
Y es que ¿cómo quieren que sea una paz estable y duradera? en un país donde en el 2013 se registraron 48.000 hectáreas de cultivos de coca y en el 2017 se incrementaron a 171.000 hectáreas, según la ONU, que no han sido erradicadas y donde el narcotráfico sigue vigente. Lo grave es que ahora la lucha no es solo en contra de un grupo al margen de la ley, sino en contra de cientos de mini conjuntos armados que luchan entre sí por el poder de las tierras.
Sin justicia, con los principales gestores del Acuerdo de paz fugados y con un incremento evidente en los cultivos de coca, la pregunta que surge es la que haría el Chapulín Colorado ¿Y ahora quién podrá defendernos?