Por: Nicolás Pérez
Senador de la República.
El 2022 va a ser un año crucial para Colombia. La contienda electoral que afrontaremos marcará para bien o para mal el futuro económico, institucional y social del País. Estos son los principales retos de este nuevo año:
En primer lugar, es fundamental que en las elecciones de Congreso los partidos que defienden la propiedad privada y el libre mercado logren unas sólidas mayorías que permitan defender a los colombianos de cualquier experimento populista que pretenda llegar a la Casa de Nariño. De hecho, aunque el legislativo muchas veces es criticado con severidad, su rol en el desarrollo del Estado es más que determinante.
Por ejemplo, toda reforma tributaria, pensional, a la justicia o a la salud debe pasar por el Congreso. Además, el Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo son proyectos cruciales que tienen que ser autorizados por Cámara y Senado y, por si fuera poco, ninguna enmienda constitucional se puede hacer sin la intervención del legislativo.
Adicionalmente, recordemos que el Congreso tiene la facultad de remover Ministros a través de la moción de censura y con los debates de control político puede poner contra la pared a cualquier administración. Por eso, en sus manos está la principal labor de contrapeso frente al ejecutivo, lo cual evita la concentración de poder y con ello la defensa efectiva de las libertades civiles.
En segundo lugar, se debe evitar a toda costa que Gustavo Petro llegue a la Presidencia. Como lo he repetido en varias ocasiones, un eventual gobierno del Pacto Histórico ahuyentaría a los inversionistas del País, reviviría el fantasma de la constituyente, difícilmente respetaría el periodo constitucional de cuatro años y pondría en jaque la sostenibilidad energética de Colombia al suspender la exploración de hidrocarburos.
Claramente, tal propósito solo será posible construyendo un gran consenso entre todos los sectores políticos en torno a unos principios básicos como el respeto a la propiedad y el rechazo a la violencia como medio para llegar al poder. De lo contrario, si somos incapaces de dejar al lado nuestras diferencias alrededor de temas menos esenciales y vanidades personales, estaremos condenando a Colombia a seguir el tortuoso camino que se está viviendo en buena parte de la región.
Chile, Perú, Venezuela y Argentina son Países que cayeron en manos del populismo y que ya están sufriendo las consecuencias: fuga de capitales, caída de las bolsas, depreciación de la moneda, inflación alta y aumento de la pobreza. Algo que no podemos darnos el lujo de vivir en Colombia.
En tercer lugar, debemos continuar trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para que la reactivación económica siga llevando a Colombia a recuperar los indicadores previos a la pandemia. A corte de noviembre el desempleo ya se ubica en 10.8%, el crecimiento del PIB se proyecta cercano al 10%, el déficit fiscal se redujo del 8.6% al 7.6% y la estimación de la deuda bajó del 65% al 62.1%.
En otras palabras, esto significa que la Nación está empezando a estabilizar sus finanzas y que nuestra economía ya superó las buenas cifras que registró en 2019, donde logramos la tasa de crecimiento y de inversión extranjera más alta en seis años.
En cuarto lugar, el País deberá afrontar la desgastante pero necesaria discusión de una reforma tributaria estructural. En efecto, a pesar que la Ley de Inversión Social que aprobamos en 2021 logró un recaudo adicional de $15.2 billones anuales, esta es apenas la primera parte de un ajuste fiscal que requerirá de nuevas medidas para disminuir el déficit fiscal y la deuda a unos niveles que no pongan en riesgo nuestra economía.
En especial, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos financieros del País es lograr que Fitch Ratings y Standard & Poor´s nos devuelvan el grado de inversión, dado que esta calificación juega un rol determinante para que los inversionistas decidan traer sus recursos a Colombia, lo cual se traduce en más empleos, y lograr que las tasas de interés que los acreedores le cobran al Gobierno en los créditos sean más bajas, lo que, a su vez, permite que la financiación del gasto público sea más barata y se liberen recursos para destinar a inversión social.
Finalmente, será crucial que el Gobierno ejecute de la manera más rápida y eficiente posible los programas sociales que aprobamos en la Ley de Inversión Social para disminuir la pobreza del 42.5% al 34.2% y la pobreza extrema del 15.1% al 9.6%. Recordemos que a raíz de la pandemia 7.4 millones de personas empezaron a subsistir con $145.001 mensuales y 21 millones con $331.688, razón por la que esta expansión focalizada y temporal del gasto público con medidas como el Ingreso Solidario o los incentivos para la contratación de jóvenes y mujeres jugarán un rol clave para que los hogares recuperen su capacidad adquisitiva y superen en la mayor flagelo social que afrontamos como sociedad hoy en día.
Muchos son los desafíos y el trabajo que tenemos por delante. Ahora más que nunca debemos esforzarnos al máximo para evitar que el País tome un rumbo que no podamos corregir después. Colombia es una causa por la que vale la pena luchar con amor, determinación y valerosidad.