Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Una y otra vez vemos noticias de parlamentarios que adornan sus hojas de vida con pomposos títulos que terminan no siendo ciertos o, peor aún, que no tienen formación académica. Aunque este pueda parecer un titular odioso para algunos, lo cierto es que es hora que a los aspirantes al Congreso de la República se les exija, como mínimo, haber culminado una carrera universitaria.
No digo esto con el propósito de generar cizaña u odios innecesarios, sino como un llamado a elevar la calidad del debate político. En especial, porque la función del Congreso no se limita a conseguir votos, sino que en su desarrollo es necesario llevar a cabo fuertes debates de carácter técnico.
Por ejemplo, la aprobación de proyectos como el Presupuesto General de la Nación, reformas constitucionales o modificaciones al Estatuto Tributario requieren que los parlamentarios conozcan en detalle la estructura del Estado, el funcionamiento de la economía y las implicaciones fiscales de sus decisiones.
Además, para llevar a cabo de manera óptima la función de control político al Gobierno Nacional es necesario examinar en detalle los procesos contractuales, la ejecución de los recursos asignados y el marco legal en que opera la administración.
Por eso, no se entiende que la Constitución actualmente solo exija tener más de 25 años para ser Representante a la Cámara y 30 para fungir como Senador. Esta circunstancia lo único que genera es que exista un desequilibrio entre el legislativo y el ejecutivo. Me explico:
Contrario a lo que sucede con el Parlamento, por lo general los miembros del gabinete ministerial son personas con amplio bagaje académico y profesional tanto en el sector público como en el privado. Nada más en la actual administración encontramos Ministros que ya habían ocupado esa posición o que han fungido como rectores de universidades, embajadores, directivos de empresas y algunos que tienen título de doctorado.
Además, los Ministerios, Departamentos Administrativos y en general las entidades de la rama ejecutiva cuentan con robustos equipos de funcionarios que conocen a profundidad el funcionamiento de su sector.
Lo anterior, genera que para materializar de manera efectiva el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Gobierno sea imperioso que los miembros del Parlamento sepan en detalle todos los aspectos relacionados con el actuar del Estado.
En otras palabras, entre menor es la calidad técnica del debate político en el Congreso, es más fácil para el Gobierno aprobar sus iniciativas sin resistencia alguna, lo cual es sumamente peligroso, más aún cuando el legislativo es el equivalente a la junta directiva de una empresa que administra más de $271 billones anuales.
Además, no es justo que para llegar a las altas posiciones del Estado no se exija requisito alguno, mientras que el acceso a los cargos en el sector privado está sujeto a una fuerte competencia del mercado laboral donde la formación académica y la experiencia profesional son aspectos determinantes.
Si somos sinceros, una posición en una empresa equivalente a las fuertes responsabilidades que acarrea el manejo del Estado exigiría formación de posgrado, amplia experiencia profesional y el manejo sólido de varios idiomas.
¿Se imaginan que los miembros de la junta directiva de una mega empresa no tengan la formación necesaria para ocupar ese cargo? Por supuesto que no…
Debido a esta situación, en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio radicaré un proyecto de Acto Legislativo donde se establezca como requisito para acceder a los altos cargos del Estado, principalmente el Congreso, tener título universitario.
Una exigencia mínima que no debería ser siquiera objeto de discusión y que permitiría que progresivamente el Congreso abandone su histórico rol de notario del Gobierno y se convierta en una institución con independencia y solidez técnica.